Una red criminal ofrecía vacantes universitarias a cambio de miles de dólares y dispositivos electrónicos para transmitir respuestas durante los exámenes

LIMA — Una operación policial durante el examen de admisión 2026‑I de la Universidad Nacional Federico Villarreal sacó a la luz una presunta red criminal que ofrecía vacantes aseguradas en universidades a cambio de miles de dólares y tecnología oculta dentro de los ambientes de examen.

La intervención, coordinada por la División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional del Perú, se produjo el domingo 29 de marzo mientras cientos de jóvenes se disputaban un cupo en la casa de estudios, especialmente en facultades de alta demanda como Medicina.

El operativo sorprendió a varios aspirantes que intentaban rendir la prueba con la ayuda de dispositivos electrónicos diminutos y adornos que parecían inofensivos, pero que permitían comunicarse con personas fuera de la sala de examen.

Según las autoridades, los dispositivos —incluyendo audífonos inalámbricos ocultos y mecanismos imantados para introducirlos o retirarlos con dificultad— recibían respuestas en tiempo real a través de conexiones Bluetooth desde teléfonos móviles.

En el momento de la intervención, una escena llamó la atención de los efectivos.

Un joven, listo para comenzar su prueba en Medicina, fue detenido mientras el audífono ya estaba colocado en su oído.

“No es un piercing, mucho menos una prótesis auditiva médica”, explicó un oficial, describiendo el pequeño aparato que pasaba desapercibido ante el control inicial.

La banda, que se hacía llamar “Los Intelectuales de las Universidades”, funcionaba mediante la captación de estudiantes interesados a través de redes sociales y contactos cercanos a academias preuniversitarias, prometiendo un ingreso “libre de detectores” y 100 % asegurado a carreras exigentes.

Los aspirantes interesados eran citados en centros comerciales donde se les entregaba un reloj inteligente y un audífono para luego usarlos en el examen real.

Las autoridades revelaron que los miembros de la organización llegaban a cobrar hasta US$7.

000 por cada postulante, sumas que, según ellos, garantizaban que el estudiante consiga vacante, especialmente en facultades con alta competencia.

Para muchas familias peruanas, aquella oferta resultaba tentadora en medio de la presión y la ansiedad de lograr entrar a una universidad pública de prestigio.

Entre los detenidos figuraban cinco adultos entre 18 y 25 años —incluyendo a Daniel Jhampierr Valle Cajusol, Yamilet Adriana Marín Ortiz, Yackson Yosmar Fernández Zamora, Greysie Antonella Zurita Rodríguez y Kevin Ender Villanueva Peña — y tres menores de edad capturados en flagrancia justo antes de iniciar el examen.

Las investigaciones preliminares indican que varios de los implicados tenían vínculos con la Facultad de Medicina de la misma universidad.

Los detenidos enfrentan acusaciones por fraude informático, suplantación de identidad e integración de organización criminal, delitos graves que podrían acarrear sanciones severas.

La Policía no descarta que existan más implicados en el sistema universitario encargados de la entrega de exámenes, lo que ampliaría la investigación a usos indebidos de material reservado.

Mientras la Fiscalía y la División de Investigación de Estafas continúan con las diligencias, la universidad emitió un llamado a la transparencia y a la calma entre los postulantes y sus familias, señalando que el proceso de asignación de vacantes se realizó conforme al reglamento vigente y que se publicará una lista completa de puntajes para esclarecer posibles irregularidades.

La magnitud del caso desató una ola de indignación entre padres y estudiantes que sí rindieron el examen de manera honesta.

“Es una vergüenza empezar tu vida adulta buscando copiar el examen de admisión”, comentaba uno de los afectados al ser consultado sobre el tema, destacando que miles de jóvenes se sacrifican meses enteros estudiando en colegios y academias sin recurrir a métodos ilícitos.

“El que tenía $7. 000 para pagar, ¿acaso eso refleja verdadero mérito o esfuerzo?”, reflexionó otro aspirante tras conocer la detención de la banda, subrayando que el derecho a una educación superior debe basarse en el conocimiento y la preparación, no en servicios ofrecidos con promesas de “vacante segura”.

El operativo dejó en evidencia cómo las redes delictivas pueden aprovecharse de la presión y las inseguridades de los jóvenes que buscan cumplir el sueño de una carrera profesional.

Las autoridades han advertido que continuarán con investigaciones más profundas para identificar responsabilidades dentro y fuera de los recintos de examen, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y preservar la integridad del sistema universitario peruano.

La historia de este caso no solo pone bajo la lupa los métodos de fraude académico, sino que abre un debate sobre la ética, la equidad y cómo las desigualdades económicas pueden abrir puertas a prácticas que perjudican a quienes realmente se esfuerzan por alcanzar sus metas.