Las autoridades colombianas capturaron en Cundinamarca al presunto autor material del sabotaje aéreo que provocó la muerte del cantante Yeison Jiménez y su equipo el 10 de enero de 2026, tras una operación élite coordinada por el Estado.
La investigación por el siniestro aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026, en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez junto a su equipo de trabajo, dio un giro trascendental con la captura del presunto autor material del sabotaje que habría provocado la caída de la aeronave.
Las autoridades colombianas confirmaron que el operativo, ejecutado en una zona rural del nororiente de Cundinamarca, fue liderado por unidades élite de la Policía Nacional y el Ejército, bajo lineamientos directos del Gobierno nacional.
De acuerdo con la información oficial conocida hasta el momento, la operación —denominada *Silencio Andino*— permitió la detención de un exmecánico de aviación con formación militar, señalado de manipular de manera deliberada sistemas críticos de la aeronave en la que viajaba el artista.
La captura se produjo en una finca de difícil acceso, que aparentaba ser una construcción agrícola común, pero que en su interior funcionaba como un taller clandestino equipado con herramientas especializadas para la intervención de aeronaves.
“El objetivo era claro: no dejar cabos sueltos”, habría sido una de las instrucciones transmitidas durante el desarrollo del operativo, según relataron funcionarios que participaron en la acción.
En el lugar fueron incautados manuales técnicos de aeronavegación con anotaciones manuscritas, piezas de avión marcadas, sustancias químicas corrosivas y dispositivos de almacenamiento digital.
Además, las autoridades hallaron armamento, dinero en efectivo y una cantidad significativa de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de que la estructura criminal se financiaba mediante actividades ilícitas.
Uno de los hallazgos más perturbadores se produjo en una bodega anexa a la vivienda, donde fueron encontrados dos cuerpos en avanzado estado de descomposición.
Las primeras hipótesis forenses indican que podrían corresponder a colaboradores del sabotaje, eliminados posteriormente para evitar que actuaran como testigos.
Este elemento, según investigadores del caso, confirma el nivel de violencia y la lógica de silencio que caracterizaría a la red criminal detrás del atentado.
El presidente Gustavo Petro siguió el operativo en tiempo real y, de acuerdo con fuentes del alto Gobierno, nunca aceptó plenamente la tesis inicial de un accidente fortuito.
Desde los primeros informes técnicos sobre los restos del fuselaje, el mandatario habría ordenado una investigación paralela al detectar inconsistencias.
En palabras atribuidas al jefe de Estado en círculos cercanos al caso: “Esto no fue un accidente, fue un atentado contra la cultura”.
Para el Gobierno, la muerte de Yeison Jiménez representa no solo una tragedia humana, sino un golpe simbólico a un artista que encarnaba la movilidad social y el esfuerzo de miles de colombianos.
Las pesquisas revelaron que el presunto saboteador habría tenido acceso clandestino al hangar donde permanecía la aeronave días antes del vuelo.
Registros digitales y audios recuperados de dispositivos incautados muestran coordinación previa, conocimiento de los turnos de seguridad y fallas deliberadas en los sistemas de vigilancia.
Los peritos sostienen que la manipulación buscaba simular una falla mecánica común, de modo que el siniestro no levantara sospechas inmediatas.
Un elemento particularmente relevante para la investigación es el hallazgo de correspondencia física: cartas enviadas por correo tradicional con instrucciones cifradas.
Frases como “asegurar que el pájaro no vuelva al nido” y “que el silencio llegue desde el cielo” aparecen en estos documentos, que ahora son analizados por expertos en grafología y rastreo postal.
El origen de los envíos, según las indagaciones preliminares, se ubicaría en el norte de Bogotá, en una zona donde operan oficinas vinculadas a la industria musical.
Esta línea de investigación abre la puerta a una hipótesis de mayor alcance: la posible participación de un autor intelectual con poder económico, presuntamente relacionado con disputas dentro del negocio de la música popular.
Los análisis financieros en curso detectaron movimientos de dinero a través de empresas pantalla y transferencias en criptomonedas realizadas semanas antes del siniestro.
Para los investigadores, el mecánico capturado no habría actuado por iniciativa propia, sino como ejecutor de un plan diseñado por terceros.
La Fiscalía prepara imputaciones por homicidio agravado, sabotaje aéreo y concierto para delinquir, mientras se fortalece el acervo probatorio con peritajes técnicos y científicos.
La caja negra de la aeronave, recuperada tras el impacto, aportó datos clave: las grabaciones de cabina muestran a los pilotos enfrentando fallas ilógicas en una aeronave que, según los registros, había cumplido con los protocolos de mantenimiento.
No hubo pánico, sino confusión técnica, lo que para los investigadores respalda la tesis del sabotaje y reivindica la actuación profesional de la tripulación.
La reacción social no se ha hecho esperar.
Seguidores del cantante, colectivos ciudadanos y familiares de las víctimas exigen que se identifique y judicialice a todos los responsables, incluidos los determinadores del crimen.
“La verdad tiene que salir completa”, es una de las consignas que se repite en concentraciones y mensajes públicos, en un clima de indignación que ha superado el duelo inicial.
Desde el Gobierno se insiste en que la investigación continuará “hasta las últimas consecuencias”.
El presidente Petro prepara una declaración institucional en la que se espera exponga, con pruebas técnicas, cómo se habría fraguado el engaño del accidente.
Para las autoridades, el caso de Yeison Jiménez marca un antes y un después en la seguridad de la industria cultural y en la determinación del Estado de enfrentar crímenes que buscan ocultarse tras la apariencia de la fatalidad.
Mientras los detenidos son trasladados a Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad, la promesa oficial se mantiene firme: esclarecer los hechos, proteger a los testigos y garantizar que tanto los ejecutores como los autores intelectuales respondan ante la justicia.
La investigación sigue abierta, y con ella, la expectativa de un país que reclama verdad y justicia.
