El gobierno de Gustavo Petro enfrenta a la Corte Constitucional tras la suspensión del decreto de emergencia económica que buscaba imponer impuestos a los megarricos para cubrir el déficit fiscal.
Mucha atención Colombia, porque no todo está perdido.
A pesar de que tenemos una Corte Constitucional con magistrados politizando la justicia para beneficiar a los megaricos de este país, el gobierno de Gustavo Petro tiene varios ases bajo la manga para contrarrestar la medida arbitraria y contraria a la Constitución que todos estos magistrados tomaron al suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica que imponía impuestos a los megarricos.
Este decreto era esencial para solucionar el hueco fiscal que deja un Congreso obstruccionista, que se niega a aprobar una ley de financiamiento que también imponga impuestos a los más ricos.
En este contexto, Gustavo Petro ha manifestado que “la carga tributaria la suman los megarricos y no nosotros, la gente de a pie”.
La situación es crítica, ya que si los megaricos no asumen la carga tributaria, será el pueblo el que tendrá que soportar las consecuencias.
En este video, se analiza quiénes son los magistrados que, de manera politizada, suspendieron los impuestos a los megarricos y se presentan los argumentos jurídicos que, desde la perspectiva de los abogados, evidencian la violación de la Constitución.
MAFE Carrascal, una voz crítica en este debate, expresa: “La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia mientras profiere un fallo de fondo sienta un precedente que debemos discutir.
A mi juicio, evidencia una politización excesiva de la justicia y nos coloca ante un escenario de gobierno de los jueces, contrario al espíritu de la Constitución”.
Carrascal enfatiza que el control de constitucionalidad de los decretos legislativos debe ser posterior y definitivo, y no puede haber suspensión provisional.
La Corte había sostenido previamente que la suspensión provisional de los decretos legislativos es inconstitucional.
Este tipo de decisiones limitan la capacidad del ejecutivo para actuar en situaciones de emergencia, como lo es el déficit fiscal que enfrenta el país.
“¿Para qué hablamos de estado de emergencia si vamos a tener una corte negándole y cortándole el chorrito al gobierno?”, cuestiona Carrascal.
En este contexto, se revela la identidad de los magistrados que votaron a favor y en contra de la suspensión de los impuestos.
Jorge Enrique Iváñez, presidente de la Corte Constitucional, fue uno de los que apoyó la suspensión, lo que llevó al gobierno a recusarlo.
Otros magistrados, como Paola Andrea Mezosquera y Natalia Ángel Cabo, también votaron a favor de suspender los impuestos.
En contraste, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, elegido por el actual gobierno, se opuso a la suspensión.
El debate se intensifica al considerar las irregularidades en la elección de algunos de estos magistrados.
Carlos Camargo Asís, uno de los magistrados más polémicos, enfrenta denuncias por haber entregado contratos a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“¿Para quién administran justicia? ¿Para el pueblo colombiano o para los megaricos?”, se pregunta Carrascal, subrayando la necesidad de una justicia imparcial.
El gobierno de Petro, consciente de la situación, ha comenzado a preparar acciones para contrarrestar esta decisión judicial.
En un comunicado reciente, se menciona que la Corte ha suspendido provisionalmente el decreto que declara el estado de emergencia económica, pero no los otros decretos que establecen impuestos a los megarricos.
“Si fue suspendido el decreto que declara el estado de emergencia económica, el gobierno no puede expedir otros.
Pero los decretos legislativos que ya había expedido siguen vigentes y producen efectos”, explica Carrascal.
La preocupación radica en que los impuestos a los patrimonios de los superricos, que van desde 3,000 millones hasta 104,000 millones de pesos, son cruciales para cubrir el déficit fiscal.
“Los bancos tuvieron utilidades por 14 billones de pesos en 2025.
Suficiente para tapar el hueco de déficit fiscal, y el gobierno no les está quitando todas las utilidades”, argumenta Carrascal, resaltando la injusticia de la situación.
Ante esta complejidad, el mensaje es claro: es necesario cambiar el Congreso y elegir a personas que realmente decidan a favor de la Constitución y del pueblo.
“Una razón más para votar por el cambio en las elecciones del 8 de marzo”, concluye Carrascal, instando a la ciudadanía a participar activamente en el proceso electoral.
La responsabilidad recae en el pueblo colombiano, que debe salir a votar masivamente para asegurar que la carga tributaria no recaiga sobre los más vulnerables.
El camino hacia una justicia equitativa y un sistema político que defienda los intereses del pueblo es un desafío que se presenta ante la sociedad colombiana.
La participación ciudadana es fundamental para lograr un cambio significativo y garantizar que las decisiones políticas estén alineadas con el bienestar de todos, y no solo de unos pocos privilegiados.
