Hernán Penagos defendió las directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre dejar en blanco las casillas sin votos en el formulario E14, mientras la Procuraduría General de la Nación advirtió posibles sanciones a jurados que no acaten las instrucciones.
La controversia sobre el diligenciamiento del formulario E14 volvió a escalar en el país tras recientes declaraciones del registrador nacional, Hernán Penagos, quien defendió las directrices impartidas a los jurados de votación para las elecciones del 8 de marzo de 2026.
A la discusión se sumó la Procuraduría General de la Nación, que advirtió posibles sanciones disciplinarias a quienes no acaten las instrucciones oficiales, lo que generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y ciudadanos.
El punto central de la controversia gira en torno a si las casillas sin votos en el formulario E14 deben dejarse en blanco o diligenciarse con marcas que impidan alteraciones posteriores.
Penagos afirmó que la instrucción “se ha venido dando por años” y que no se trata de una decisión reciente.
“Históricamente así se ha capacitado a los jurados para diligenciar las actas”, aseguró, al explicar que llenar con marcas las casillas vacías podría “dificultar la digitalización y retrasar por horas la transmisión de resultados”.
El registrador también defendió la autonomía constitucional de la entidad.
“Nadie le va a decir al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”, declaró en un pronunciamiento público, subrayando que la Registraduría actúa con independencia funcional y bajo el marco de la Constitución y la ley.
Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video institucional de años anteriores en el que se instruía a los jurados a no dejar espacios en blanco en el E14.
En ese material se escucha: “No pueden haber casillas en blanco. Si queda una o dos casillas en blanco se pone un guion”.
Además, se enfatiza que el formulario debe diligenciarse de manera horizontal para evitar confusiones y que los testigos electorales pueden fotografiar el acta como mecanismo de transparencia.
La difusión de ese video avivó la crítica de quienes consideran que las directrices actuales contradicen orientaciones previas.
Algunos ciudadanos recordaron también una comunicación dirigida a jurados en 2018 en la que se indicaba que “los espacios en blanco deben ser diligenciados con un guion que abarque toda la casilla”.
Para estos sectores, el cambio genera inquietud sobre la uniformidad de los procedimientos.
A la discusión técnica se sumó un episodio que aumentó la tensión.
El futbolista Juan David Pérez, integrante de la selección Colombia de fútbol 5 para ciegos, denunció haber sido designado como jurado de votación pese a su discapacidad visual.
En un video difundido en redes se escucha con tono irónico: “Ahora quieren que los ciegos miren que no se roben los votos”.
Según explicó, presentó su certificado de discapacidad, pero le solicitaron uno actualizado, pese a tratarse de una condición permanente.
La situación fue tomada con humor por los afectados, aunque generó cuestionamientos sobre los procesos de asignación.
Desde el ámbito político también hubo pronunciamientos.
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó: “En elecciones anteriores la Registraduría instruyó a los jurados a no dejar espacios en blanco en los E14 para evitar alteración y fraude. ¿Por qué en estas elecciones cambia la instrucción?”.
Su declaración reflejó la preocupación de algunos sectores sobre la necesidad de garantías claras y homogéneas.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó a las advertencias de la Procuraduría y a la polémica generada.
“Ya vivimos fraude poniendo formularios con un guion. Ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude, sino de desestimularlo”, escribió.
El mandatario anunció además que solicitó la convocatoria de la Comisión de Garantías Electorales y que el software de conteo municipal y departamental debe ser auditado por partidos y ciudadanía.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, señaló que los jurados, en su calidad de servidores públicos transitorios, deben acatar las directrices oficiales y que el incumplimiento podría acarrear consecuencias disciplinarias.
Este pronunciamiento fue interpretado por algunos sectores como una advertencia firme para garantizar la uniformidad del proceso.
En medio de la controversia, la Registraduría reiteró que el objetivo es asegurar elecciones íntegras y ágiles, evitando retrasos en la transmisión y publicación de resultados.
Mientras tanto, organizaciones ciudadanas y actores políticos insisten en la necesidad de máxima transparencia, incluyendo la capacitación rigurosa de jurados y la posibilidad de auditorías técnicas.
El debate, que combina aspectos técnicos y políticos, evidencia la sensibilidad del momento preelectoral.
Con las elecciones legislativas en el horizonte, la discusión sobre el diligenciamiento del E14 se ha convertido en un símbolo de la disputa por la confianza en el sistema electoral.
Las autoridades insisten en que el proceso cuenta con garantías institucionales, mientras sectores críticos reclaman claridad y coherencia en las instrucciones para preservar la legitimidad democrática.
