El caso de Valeria Afanador, la niña de diez años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el río de Cajicá, Cundinamarca, continúa generando conmoción y controversia en Colombia.
A pesar del dictamen forense que indicó que la causa de muerte fue ahogamiento, la familia de Valeria mantiene muchas dudas y ha tomado acciones legales para acceder a toda la información del proceso judicial, buscando esclarecer la verdad y obtener justicia.
Valeria Afanador fue vista por última vez en su colegio, ubicado en la vereda Canelón de Cajicá, antes de desaparecer misteriosamente.
Después de una intensa búsqueda que movilizó a la comunidad y a las autoridades, su cuerpo fue hallado flotando en un río el 28 de agosto.
El informe de medicina legal concluyó que la causa de la muerte fue ahogamiento, sin encontrar indicios de abuso o violencia que la familia esperaba descubrir para explicar las circunstancias del fallecimiento.
No obstante, esta conclusión no ha sido suficiente para la familia, que considera que hay aspectos del caso que no han sido debidamente investigados o aclarados.
La incertidumbre y el dolor los han llevado a exigir que la Fiscalía General de la Nación profundice en la investigación y permita un acceso total a la información del expediente.
Ante la falta de acceso a documentos clave y a material probatorio, la familia de Valeria, representada por el abogado Quintana, interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación.
Esta medida legal fue tomada con el objetivo de proteger los derechos de petición y de las víctimas, buscando que la Fiscalía entregue de manera íntegra y completa toda la información relacionada con el caso.
La tutela solicitó específicamente que la Fiscalía Especializada de Cundinamarca responda a todas las peticiones de la familia y que se permita el acceso completo al expediente, incluyendo la posibilidad de tomar copias del material fílmico y de la triangulación de antenas, elementos considerados fundamentales para avanzar en la investigación.
Después de la interposición de la tutela, se llevó a cabo una reunión entre la familia de Valeria, su equipo legal y representantes de la Fiscalía.
Según informó el abogado Quintana, el encuentro fue positivo y la Fiscalía se comprometió a garantizar el acceso completo al expediente de la menor.
Este compromiso implica que el equipo investigativo de la familia podrá revisar y copiar todas las actuaciones relacionadas con el caso, un paso vital para continuar con el proceso judicial y buscar respuestas claras sobre la muerte de Valeria.
La defensa reconoció el trabajo técnico, científico y de investigación que realiza la Fiscalía, pero reiteró la necesidad de que estos esfuerzos se traduzcan en resultados concretos y justicia para la familia.
Con el compromiso de la Fiscalía de entregar toda la información solicitada, la defensa de Valeria está considerando retirar la acción de tutela.
La finalidad principal de esta medida era asegurar el derecho de la familia a acceder al expediente, y con esta garantía, se abre una nueva etapa en la búsqueda de la verdad.
La familia sigue firme en su exigencia de justicia y en la esperanza de que la investigación se lleve a cabo con transparencia y rigor, para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Valeria y evitar que casos similares se repitan.
A pesar del avance en el acceso a la información, muchas preguntas permanecen sin respuesta.
La familia y la sociedad se cuestionan cómo pudo ocurrir una tragedia de esta magnitud en un entorno escolar, y por qué no se detectó la desaparición de Valeria de inmediato.
Además, el hecho de que el cuerpo haya sido encontrado en un lugar que ya había sido inspeccionado genera sospechas sobre la investigación inicial.
La insistencia de la familia en que se explore a fondo cada línea de investigación refleja la necesidad de que se garantice la protección de los derechos de los niños, especialmente aquellos con discapacidades, y que se establezcan medidas claras para prevenir futuros incidentes.
El caso de Valeria ha movilizado a la comunidad local y ha puesto en el centro del debate público la seguridad en las escuelas y la atención a niños vulnerables.
La tragedia ha sensibilizado a padres, educadores y autoridades sobre la importancia de crear ambientes seguros y vigilados, donde ningún niño pueda estar desprotegido.
Además, ha evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos legales y administrativos para que las familias puedan acceder a la información y participar activamente en los procesos judiciales que involucran a sus seres queridos.
La historia de Valeria Afanador es una llamada urgente a la justicia, la transparencia y la protección de los derechos humanos.
Mientras la familia avanza en su lucha por conocer toda la verdad, la sociedad colombiana debe reflexionar sobre las responsabilidades compartidas para garantizar que ningún niño vuelva a sufrir una tragedia similar.
El acceso completo al expediente y la colaboración entre las instituciones son pasos fundamentales para honrar la memoria de Valeria y para construir un futuro donde la seguridad y el bienestar de todos los niños sean una prioridad inquebrantable.
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