La agrupación mexicana Los Alegres del Barranco se encuentra en el centro de una polémica que podría derivar en consecuencias legales significativas, incluyendo la posibilidad de arresto, luego de proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.
Este acto ha desencadenado una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en entredicho la responsabilidad social de los artistas y las implicaciones legales de sus acciones.
La Fiscalía del Estado de Jalisco ha iniciado una investigación de oficio por presunta apología del delito, basándose en la proyección de imágenes que glorificaban a líderes del narcotráfico como “El Mencho” y Joaquín “El Chapo” Guzmán durante el concierto del 29 de marzo de 2025.
Esta acción podría constituir un delito según las leyes mexicanas, y de ser encontrados culpables, los integrantes de la banda podrían enfrentar hasta seis meses de prisión.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó enérgicamente el acto y anunció medidas para prevenir futuras apologías del delito en eventos públicos.
Ordenó el veto a cualquier presentación que haga apología del delito, prohibiendo la participación de artistas que glorifiquen acciones criminales o a sus autores.
Además, se exigirá una carta compromiso a todos los productores de eventos para evitar referencias a actividades ilícitas, bajo pena de sanciones monetarias y penales.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su desaprobación y solicitó una investigación sobre el incidente.
Sheinbaum enfatizó que no se puede permitir que grupos delictivos hagan apología de la violencia en actos públicos y respaldó las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer los hechos y determinar posibles nexos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
El impacto de este acto trascendió las fronteras mexicanas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes de la banda.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, declaró que, aunque se respeta la libertad de expresión, esta conlleva consecuencias, especialmente cuando se glorifica a criminales y terroristas.
Landau enfatizó que su país no dará la bienvenida a quienes ensalzan a delincuentes, alineándose con la política de la administración Trump de considerar a los cárteles como organizaciones terroristas y reforzar su agenda antidrogas.
Ante la controversia, Pavel Moreno, integrante de Los Alegres del Barranco, defendió las acciones del grupo, argumentando que su audiencia los apoya y que las imágenes proyectadas no tenían la intención de glorificar a ningún criminal.
Sin embargo, la banda emitió posteriormente un comunicado en el que se disculpaban por lo sucedido, explicando que no fue su intención causar controversia ni ofender a nadie.
Aseguraron asumir la responsabilidad de su influencia como artistas y prometieron tomar medidas más rigurosas para evitar controversias de este tipo en el futuro.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la apología del delito en la música, especialmente en el género de los narcocorridos, que narran historias relacionadas con el narcotráfico y sus figuras prominentes.
Mientras algunos defienden este tipo de música como una expresión de la realidad social, otros argumentan que glorifica actividades ilícitas y contribuye a la normalización de la violencia.
La controversia ha llevado a que varias regiones de México adopten medidas para prohibir o restringir este tipo de expresiones en eventos públicos.
Los Alegres del Barranco enfrentan una situación legal y social compleja tras su homenaje a “El Mencho” en un concierto.
Las investigaciones en curso determinarán las consecuencias legales para la banda, que podrían incluir arrestos y sanciones penales.
Este caso subraya la creciente preocupación por la apología del delito en la música y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los artistas en la promoción de figuras y actividades delictivas.
La respuesta de las autoridades mexicanas y estadounidenses refleja una postura firme contra la glorificación del crimen organizado, enviando un mensaje claro sobre las implicaciones de tales acciones en el ámbito artístico y cultural.
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