Salvador Nasralla acusó a la empresa colombiana ASD de haber manipulado el preconteo electoral en Honduras mediante alteraciones masivas de actas y un presunto soborno
El sistema electoral colombiano volvió al centro de la controversia tras las denuncias del excandidato presidencial hondureño Salvador Nasralla contra la empresa colombiana ASD, firma que ha participado en procesos de transmisión de resultados preliminares y que estuvo vinculada a contratos relacionados con el preconteo de votos.
Las acusaciones, formuladas en el contexto de las elecciones en Honduras, han sido citadas en Colombia en medio de un debate sobre la transparencia y la confianza en los mecanismos electorales.
Nasralla afirmó que en los comicios hondureños de 2025 se habrían producido alteraciones masivas en las actas transmitidas al Consejo Nacional Electoral de su país.
“Pudimos verificar centenares, miles de actas que revelaban que el dato que llegó al Consejo Nacional Electoral era totalmente inflado y a favor del otro candidato”, declaró.
Según su versión, en algunos casos “si el otro candidato tenía 50 votos, el acta transmitida registraba 650”, mientras que a su campaña le habrían reducido cifras de manera significativa.
De acuerdo con sus señalamientos, alrededor de 8.000 actas de un total cercano a 19.000 habrían presentado inconsistencias.
“Estamos hablando de más de un 40% de actas que ellos cambiaron”, sostuvo el excandidato, quien atribuyó las supuestas irregularidades a un presunto algoritmo destinado a modificar el resultado preliminar.
También aseguró que la empresa “le dio la llave del código fuente al partido con el cual hizo la coima”, lo que, según él, impidió una auditoría independiente del software por parte de todas las fuerzas políticas participantes.
Nasralla fue más allá al afirmar que ASD habría recibido “una cantidad enorme de dinero” para alterar los resultados, aunque reconoció que los pagos no se habrían realizado de manera directa como partido, sino a través de intermediarios.
“Hay testigos, pero no tan decididos a decir la verdad”, manifestó, señalando limitaciones institucionales en su país para avanzar en investigaciones.
En Colombia, estas declaraciones se produjeron en un contexto de cuestionamientos previos sobre el software de preconteo.
El presidente Gustavo Petro había advertido días antes sobre la necesidad de revisar los mecanismos tecnológicos que soportan el escrutinio preliminar.
Recordó antecedentes como el caso del movimiento MIRA en 2014 y las diferencias detectadas en el preconteo legislativo de 2022.
“Descubrimos que ese software de preconteo había restado 400.
000 votos”, señaló en su momento, aludiendo a inconsistencias que posteriormente fueron corregidas en el escrutinio oficial.
Tras la difusión de las acusaciones desde Honduras, ASD anunció que había renunciado a ciertos componentes contractuales vinculados al proceso electoral colombiano, decisión que coincidió con el aumento de la controversia pública.
Sin embargo, la empresa no ha sido condenada por autoridad judicial alguna en Colombia por manipulación electoral y mantiene operaciones en otros ámbitos tecnológicos.
El debate también se extendió a la relación empresarial con Thomas Greg & Sons, compañía que históricamente ha gestionado contratos sensibles del Estado colombiano, incluidos procesos de identificación y logística documental.
En redes sociales circularon referencias a antecedentes judiciales en Estados Unidos contra miembros de la familia Bautista en la década de 1980 por fraude bancario.
Aunque esos hechos fueron objeto de condena en su momento, no existen decisiones judiciales vigentes en Colombia que impidan la contratación de dichas empresas en procesos electorales actuales.
Expertos en derecho electoral han subrayado que el preconteo no tiene carácter vinculante y que los resultados oficiales provienen del escrutinio manual realizado por comisiones designadas conforme a la ley.
El preconteo cumple una función informativa preliminar y está sujeto a verificación posterior.
No obstante, la percepción de riesgo tecnológico puede afectar la confianza ciudadana en el sistema, lo que explica la intensidad del debate.
El trasfondo político añade tensión.
Sectores del oficialismo consideran que las denuncias internacionales validan advertencias sobre posibles vulnerabilidades estructurales, mientras voces de la oposición sostienen que tales señalamientos deben sustentarse con pruebas judiciales antes de derivar en conclusiones categóricas.
El intercambio ha reactivado una discusión más amplia sobre auditorías de software, observación internacional y mecanismos de transparencia.
En medio de este panorama, la autoridad electoral colombiana ha reiterado que el proceso cuenta con múltiples instancias de control, incluyendo testigos de partidos, veedurías y supervisión institucional.
Las acusaciones provenientes de Honduras, aunque graves, deberán ser esclarecidas por las instancias competentes en ese país antes de que puedan establecerse responsabilidades formales.
La controversia refleja un fenómeno recurrente en la región: la creciente sensibilidad frente a la integridad tecnológica de los sistemas electorales.
En un entorno donde la digitalización de procesos es cada vez mayor, la exigencia de transparencia, acceso al código y auditorías independientes se ha convertido en una demanda transversal.
Mientras tanto, el debate en Colombia continúa abierto.
Las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil enfrentan el reto de fortalecer la credibilidad del sistema en un contexto de polarización creciente, recordando que cualquier señalamiento sobre fraude requiere pruebas concluyentes y decisiones judiciales firmes para evitar que la desconfianza erosione la legitimidad democrática.
