En entrevista con El Espectador, la jefe del ente acusador confirmó la veracidad del contenido hallado y divulgado en su momento del ordenador del disidente guerrillero.

La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó la veracidad de la información contenida en los computadores del disidente de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cuya existencia había sido previamente cuestionada y desacreditada públicamente por el presidente Gustavo Petro.

Según la funcionaria, los archivos hallados revelan “hechos muy graves asociados a alias Calarcá”, incluyendo supuestos vínculos con un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como órdenes relacionadas con homicidios de líderes sociales.

“Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, explicó Camargo.

El disidente, quien mantiene un perfil silencioso tras su liberación en 2024 durante un operativo en Antioquia, continúa siendo investigado por la Fiscalía Especial de la Nación, que busca esclarecer su responsabilidad en asesinatos y actividades criminales que se habrían prolongado incluso mientras fungía como gestor de paz.

Camargo detalló que se han solicitado revocaciones de órdenes de captura previamente suspendidas para otros miembros del Frente 33 del Catatumbo y se mantiene un seguimiento constante sobre el cumplimiento de requisitos legales.

“Hacemos imputaciones independientemente de que la persona no esté privada de la libertad. El hecho de que se suspendan órdenes de captura no significa que las investigaciones penales se detengan. Las cuentas con la justicia no se congelan por una mesa de diálogo. Vamos a ver resultados pronto”, subrayó la fiscal.

Durante la investigación, se conocieron conversaciones de Calarcá con alias Iván Mordisco y otros colaboradores, donde se discutían asuntos relacionados con financiamiento de campañas y estrategias electorales, generando un intenso debate público sobre la legitimidad de las negociaciones de paz y la posible infiltración de estructuras criminales en ámbitos gubernamentales.

El presidente Gustavo Petro, al ser consultado sobre estos hallazgos, sostuvo que era necesario realizar un examen forense exhaustivo para verificar la autenticidad de los archivos antes de tomar cualquier decisión:

“Sobre el tema de lo que acaba de sacar Noticias Caracol, de lo cual tengo muchas dudas, hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense a los chats que la Dijín entregó a la Fiscalía de Antioquia —no a la Fiscalía General—. Es la Fiscalía General la entidad que puede hacer eso para que sepamos la verdad”.

Petro insistió en que las decisiones se tomarán únicamente sobre la base de la verdad, rechazando cualquier interpretación prematura que pueda asociarlo con el narcoterrorismo:

“De acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que debe primar. Debo tratar de que la verdad sea la que guíe mis decisiones. No somos nosotros los amigos del narcoterrorismo, somos sus denunciantes y sus perseguidores”.

El contexto de estos hallazgos resalta la tensión existente entre la Fiscalía y el Gobierno en torno a la implementación de la paz total y las garantías ofrecidas a disidentes de las Farc.

A pesar de su liberación y su rol como gestor de paz, alias Calarcá continúa siendo investigado por delitos graves, lo que evidencia las dificultades para conciliar los procesos de negociación con la justicia penal y el control de estructuras criminales persistentes.

Las autoridades mantienen un seguimiento permanente de sus movimientos, asegurando que las investigaciones continúen sin interrupciones y que los responsables de hechos criminales respondan ante la justicia.

Las implicaciones de estos descubrimientos afectan directamente la credibilidad de las negociaciones y obligan al Estado a reforzar los mecanismos de control sobre los disidentes que participan en procesos de paz, manteniendo un delicado equilibrio entre la conciliación política y la responsabilidad legal.

La Fiscalía, por su parte, continúa con la revisión periódica de las órdenes y la actividad de los implicados, en un intento de garantizar que la justicia se cumpla de manera efectiva sin poner en riesgo los acuerdos de paz ni la seguridad nacional.

Alias Calarcá, mientras tanto, permanece en silencio, evitando pronunciamientos públicos y limitando su exposición a las autoridades, mientras el país observa con atención los pasos que darán tanto la Fiscalía como el Gobierno para esclarecer la veracidad de los documentos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La situación continúa siendo un punto crítico en el debate sobre la seguridad, la paz y la transparencia en la administración pública.