La relación entre Colombia y Ecuador se tensó por la imposición de aranceles, el aumento del 900 % en las tarifas del oleoducto y la suspensión del suministro eléctrico, generando fuertes impactos económicos y políticos.
La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años, en medio de cruces políticos, medidas comerciales recíprocas y un debate público que ha escalado desde los escenarios diplomáticos hasta el discurso interno en ambos países.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió con firmeza a las decisiones adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa, mientras reiteró su llamado a resolver la crisis por la vía del diálogo y el respeto entre naciones vecinas.
El conflicto se intensificó tras la decisión de Ecuador de imponer aranceles del 30 % a productos colombianos, una medida que Quito defendió como parte de su política económica.
Desde Bogotá, el Gobierno colombiano respondió con acciones equivalentes, argumentando la necesidad de mantener un “equilibrio en la relación comercial”, según explicó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.
La funcionaria confirmó que Colombia avanza en decretos para aplicar aranceles del 30 % a varios productos ecuatorianos, sumándose a los ya gravados, como respuesta directa a la decisión unilateral de Ecuador.
A la par de la disputa arancelaria, surgió un nuevo punto de fricción: el aumento de hasta un 900 % en las tarifas que Ecuador cobra por el transporte de crudo colombiano a través del oleoducto de crudos pesados.
Este incremento, que pasó de 2,5 dólares a cerca de 30 dólares por barril, fue interpretado en Colombia como una medida de presión adicional en medio del desacuerdo bilateral.
Desde el Gobierno colombiano se señaló que estas decisiones tienen efectos económicos significativos, especialmente para Ecuador, que en los últimos meses dependía parcialmente de la energía eléctrica exportada desde Colombia.
La suspensión del suministro eléctrico colombiano hacia Ecuador, adoptada en un contexto de dificultades internas y afectaciones a la infraestructura energética en el suroccidente de Colombia, ha generado sobrecostos diarios cercanos a los dos millones de dólares para el país vecino, de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo colombiano.
Ecuador, al verse obligado a reemplazar esa energía por generación térmica más costosa, enfrenta un impacto fiscal considerable, mientras se mantienen abiertas las conversaciones técnicas para restablecer los flujos energéticos en condiciones de seguridad y soberanía para ambas partes.
En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro fue enfático al rechazar lo que considera intentos de trasladar responsabilidades internas hacia Colombia.
“Si hay delincuentes colombianos en Ecuador es porque los dejan entrar”, afirmó el mandatario, en respuesta a declaraciones del presidente Noboa que vinculaban la crisis de seguridad ecuatoriana con redes criminales de origen colombiano.
Petro sostuvo que la cooperación regional en materia de seguridad debe basarse en responsabilidades compartidas y no en señalamientos unilaterales.
El jefe de Estado colombiano también aprovechó el momento para referirse al debate político interno.
En distintos escenarios, Petro aseguró que sectores de la extrema derecha colombiana se encuentran “asustados” ante el respaldo popular a su proyecto político y a las reformas impulsadas por su gobierno.
En una de sus intervenciones, recordó que la Constitución prohíbe la reelección presidencial y subrayó: “Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede”.
No obstante, insistió en que, si las reformas respaldadas en las urnas no avanzan en el Congreso, el país debe abrir un debate de fondo: “Creo que ha llegado el momento del poder constituyente”.
Petro también lanzó duras críticas contra lo que describió como una clase política “corrupta y experta en la extorsión”, a la que acusó de bloquear las reformas por intereses particulares.
En ese contexto, hizo un llamado directo a la ciudadanía: “La orden del presidente a cada ciudadano y ciudadana de Colombia, pobre o rico, es no venda el voto porque se vuelve esclavo”.
Para el mandatario, la defensa del voto libre es un asunto de libertad y democracia, “como decía Bolívar”.
La tensión con Ecuador fue alimentada además por declaraciones del exgobernador Camilo Romero, quien cuestionó duramente la política del presidente Noboa.
“Lo de Noboa es irracional y constituye una nueva agresión comercial a nuestro país”, afirmó Romero, al referirse al aumento del 900 % en las tarifas del oleoducto.
En sus palabras, esta decisión lesiona una relación histórica de hermandad entre ambos pueblos y responde a una lógica de confrontación que no favorece a la región.
Desde el Gobierno colombiano, la respuesta oficial ha combinado firmeza y disposición al diálogo.
La cancillería propuso adelantar una reunión bilateral en el marco del Foro Económico de América Latina y el Caribe, con el objetivo de abrir un canal directo de conversación.
“Colombia continuará llamando al diálogo y al buen entendimiento como ha sido costumbre de este gobierno”, señaló la canciller, al tiempo que expresó la expectativa de lograr un encuentro “franco, sincero y constructivo” con las autoridades ecuatorianas.
En el plano interno, la controversia internacional también desató reacciones de sectores opositores en Colombia.
El exministro Juan Carlos Pinzón calificó la política exterior del actual gobierno como “una vergüenza” y sostuvo que las relaciones internacionales deben estar al servicio de los intereses del pueblo colombiano.
Estas críticas fueron respondidas por el propio Petro, quien denunció la existencia de versiones falsas difundidas en escenarios internacionales para desprestigiar a su gobierno y a su familia.
El presidente aseguró que se han propagado acusaciones sin fundamento sobre supuestos apoyos financieros externos y afirmó que ni él ni su esposa, Verónica Alcocer, han recibido recursos de gobiernos extranjeros.
“No ha recibido un peso”, dijo, al referirse a esas versiones, y sostuvo que su gobierno ha enfrentado las mentiras “dando la cara y sin arrodillarse”.
Mientras tanto, la Comunidad Andina hizo un llamado a la moderación y a la postergación de las medidas anunciadas, buscando evitar una escalada mayor en el conflicto.
En Bogotá, el mensaje oficial insiste en que Colombia se respeta, pero también en que la salida debe ser negociada y cooperativa.
La crisis entre Colombia y Ecuador revela no solo una disputa comercial y energética, sino también el trasfondo político e ideológico que marca el momento regional.
En medio de acusaciones cruzadas, decisiones económicas de alto impacto y llamados al diálogo, ambos gobiernos enfrentan el reto de desescalar la tensión y preservar una relación histórica clave para la estabilidad y el desarrollo de sus pueblos.
