La noche que debía ser de fiesta y alegría en la discoteca Jepset, uno de los lugares más emblemáticos de Santo Domingo y símbolo cultural de República Dominicana, se convirtió en una pesadilla que marcó para siempre la historia del país.

Más de 220 personas murieron y cientos resultaron heridas cuando el techo del local colapsó inesperadamente.

A casi un mes de esta tragedia, Antonio Espayat, dueño del establecimiento, decidió romper el silencio y dar su versión sobre los hechos, en medio de un mar de cuestionamientos, acusaciones y dolor.

Era un lunes cualquiera, día tradicionalmente bailable en Santo Domingo, cuando la música de Rubby Pérez llenaba el ambiente y las parejas disfrutaban del merengue.

Eran exactamente las 12:44 de la madrugada cuando un crujido rompió la armonía: el techo de la discoteca comenzó a ceder y, en cuestión de segundos, se desplomó sobre cientos de personas.

Lo que minutos antes era una celebración se transformó en un infierno de escombros, gritos y desesperación.

 

Los sobrevivientes relatan escenas desgarradoras: personas atrapadas bajo los restos, gritos de auxilio, intentos desesperados por escapar y el caos absoluto.

Luis Grabele fue uno de los pocos que logró salir por una puerta trasera, pero muchos no tuvieron la misma suerte.

Entre las víctimas había músicos, artistas, políticos y trabajadores, dejando a la nación en shock.

Lo más inquietante de esta tragedia es que no fue un accidente fortuito.

Según testimonios y videos que comenzaron a circular en redes sociales, minutos antes del colapso ya caían fragmentos del techo, polvo y pequeñas partículas que alertaban sobre un desgaste estructural.

Usuarios habían reportado goteras, grietas y fisuras en el edificio, e incluso se mencionaron incidentes previos que fueron minimizados o ignorados.

 

Expertos en construcción y seguridad han señalado que estas señales eran claras advertencias de un posible colapso.

Sin embargo, la discoteca continuó operando, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué nadie actuó para evitar esta tragedia?

Durante días, Antonio Espayat mantuvo un silencio absoluto, mientras el país lloraba a sus muertos y exigía respuestas.

Su ausencia en medios y la falta de declaraciones oficiales generaron sospechas y críticas.

Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo públicamente, sino mediante una carta dirigida al Ministerio Público, donde aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia y a responder a cualquier requerimiento.

 

Para muchos, esta carta llegó demasiado tarde y fue vista como una estrategia para limpiar su imagen más que un acto de verdadera responsabilidad.

La presión mediática y social obligaron a Espayat a salir de su silencio, pero la duda sobre su papel en la tragedia persiste.

 

El colapso del Jepset no solo expone una falla estructural, sino también un sistema que permitió que esto ocurriera.

Las competencias para supervisar la seguridad de locales públicos en República Dominicana están fragmentadas entre alcaldías, bomberos y otras instituciones técnicas, muchas veces con limitaciones y falta de coordinación.

 

Además, se ha denunciado que las autoridades no actuaron ante las múltiples señales de desgaste y que hubo una cadena de negligencias que desembocó en la tragedia.

El abandono, la corrupción y la indiferencia son los verdaderos responsables detrás del derrumbe, más que cualquier teoría conspirativa o atentado.

En medio del caos, surgió una polémica sobre el manejo de la información.

Santiago Matías, empresario cercano a Espayat, reveló que recibió una llamada no para ofrecer condolencias, sino para gestionar la narrativa mediática y controlar el daño a la reputación del dueño del Jepset.

Esto evidenció un intento de manipular la opinión pública y desviar la atención de las responsabilidades reales.

 

Antonio Espayat, además de ser propietario del local, tiene influencia en medios de comunicación, lo que genera preocupación sobre la transparencia y la independencia de las investigaciones.

La verdad parece estar en disputa no solo en tribunales, sino también en las redes y los medios, donde la batalla por el control del relato es intensa.

 

Más allá de las controversias, lo que realmente duele son las vidas perdidas y las familias destrozadas.

Madres, padres, hijos, trabajadores y amigos que no regresaron a casa esa noche.

El ministro de salud comparó la escena con un terremoto, pero esta tragedia no fue natural, fue humana y previsible.

 

Las demandas legales han comenzado, y la familia del primer teniente Virgilio Cruz ha cambiado el tono del caso, transformándolo en una lucha por justicia y verdad.

Sin embargo, la ley dominicana contempla penas máximas muy bajas para casos de negligencia, lo que genera indignación y escepticismo sobre la efectividad del sistema judicial.

 

La tragedia del Jepset también ha puesto sobre la mesa un problema social más profundo: la apatía y la falta de participación ciudadana.

Más del 40% de los dominicanos habilitados para votar no lo hacen, y entre los jóvenes de 18 a 35 años, el 81% no participa en elecciones.

Este sector es el más crítico en redes sociales, pero el menos activo en la toma de decisiones.

 

Esta desconexión entre la indignación pública y la acción política contribuye a que casos como el Jepset se repitan, pues los responsables saben que la presión real es limitada.

La tragedia no solo revela una infraestructura rota, sino también una sociedad dormida que debe despertar para exigir cambios.

 

El colapso del Jepset es un espejo que refleja las fallas estructurales, sociales y políticas de República Dominicana.

Mientras los tribunales siguen su curso y la opinión pública debate, las familias afectadas enfrentan el dolor y la incertidumbre.

 

Antonio Espayat ha prometido dar la cara y enfrentar las consecuencias, pero la sociedad exige más que palabras.

Exige justicia, prevención y un compromiso real para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir.

La noche del colapso en la discoteca Jepset dejó una herida profunda en la República Dominicana.

Más que un accidente, fue el resultado de años de negligencia y desinterés.

La declaración de Antonio Espayat marca un punto en la historia, pero la pregunta sigue vigente: ¿será suficiente para sanar el dolor y evitar futuras tragedias?

El país está llamado a reflexionar, a exigir responsabilidades y a participar activamente en la construcción de un futuro más seguro y justo.

Porque mientras el silencio y la indiferencia persistan, el riesgo de repetir la historia seguirá latente.

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