La historia de los actores mexicanos presuntamente asesinados por el crimen organizado constituye una de las páginas más oscuras y herméticas en la memoria del espectáculo nacional.
Durante décadas, los casos fueron maquillados por versiones oficiales que hablaban de enfermedades repentinas, accidentes domésticos o muertes naturales, mientras los archivos se cerraban con un hermetismo que dejó más preguntas que respuestas.
En medio de este silencio impuesto, tres figuras del entretenimiento —Luis Manuel Pelayo, Beto “El Boticario” y Blanca Sánchez— perdieron la vida en circunstancias que, según múltiples testimonios extraoficiales, apuntan directamente a la intervención del crimen organizado, el cual ya desde los años ochenta ejercía un poder creciente y una influencia letal sobre distintas zonas del país.
La primera de estas historias es la de Luis Manuel Pelayo, un actor de reparto muy conocido en la televisión mexicana de su época.
Tras años de trabajo en la pantalla, Pelayo buscó retirarse del espectáculo para dedicarse a un negocio que consideraba más seguro: un restaurante-bar de grandes dimensiones ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Lo que Pelayo desconocía era que, justo en esa década, la zona experimentaba una transformación criminológica acelerada.
Los grupos delictivos comenzaron a disputarse el control de bares, cantinas y centros nocturnos, pues esos lugares eran estratégicos para la distribución de sustancias ilícitas y para el lavado de dinero.
Pelayo, que aún confiaba en la protección de la ley, se negó tajantemente cuando individuos vinculados al crimen organizado se acercaron a él con una propuesta disfrazada de oportunidad comercial: permitir la venta de drogas dentro de su establecimiento.
Su negativa fue interpretada no como un rechazo, sino como un desafío a los intereses criminales. La tarde de su muerte parecía un día cualquiera.
El restaurante estaba lleno, los empleados trabajaban con normalidad y Pelayo, como de costumbre, saludaba a los comensales y supervisaba el servicio.
Sin embargo, testigos presenciales aseguran que dos hombres armados, sin ocultar el rostro ni mostrar premura, entraron al lugar y caminaron directamente hacia él.
Le dispararon a quemarropa frente a todos los presentes y huyeron sin que nadie pudiera reaccionar.
Lo más sorprendente ocurrió después. La policía llegó al sitio minutos más tarde, pero ya no había rastro alguno de los agresores.
A los pocos minutos, y sin investigación, análisis forense o autopsia completa, se emitió un comunicado oficial afirmando que Pelayo había fallecido por un infarto fulminante.
La versión fue tan absurda como inmediata. Quienes estuvieron allí recuerdan claramente los disparos, el caos y el cuerpo del actor con heridas visibles, pero la verdad fue enterrada bajo la versión gubernamental.
Desde entonces, los habitantes de Nezahualcóyotl han mantenido vivo el recuerdo de aquella tarde que el Estado intentó borrar.
Veinte años después ocurrió un caso igual de perturbador.
Beto “El Boticario”, célebre comediante y figura inolvidable del programa “La Carabina de Ambrosio”, murió en circunstancias que oficialmente se atribuyeron a complicaciones pulmonares.
Sin embargo, el trasfondo de su fallecimiento revela un episodio marcado por tensiones con grupos criminales que ya controlaban amplias zonas urbanas.
Beto vivía de manera discreta, ajeno a escándalos y con una rutina tranquila.
Todo cambió cuando un grupo vinculado al crimen organizado comenzó a construir un bar a un costado de su vivienda.
El actor, incómodo por el ruido y el ambiente que se avecinaba, usó sus conexiones para frenar la apertura del local.
Ese gesto, que para él parecía razonable y legítimo, afectó intereses mucho más oscuros de lo que imaginaba.
Los responsables del establecimiento no planeaban abrir un simple bar: era una fachada para actividades delictivas.
La intervención de Beto fue interpretada como una amenaza, y según versiones extraoficiales, eso bastó para que se dictara su sentencia.
La madrugada de su muerte, individuos armados entraron a su casa sin forzar cerraduras.
Parecía que conocían perfectamente los movimientos, accesos y rutinas del actor.
Le dispararon sin darle oportunidad de defenderse, aunque aún tenía signos vitales cuando fue ingresado al hospital.
Falleció horas después.
La familia, según diversos testimonios, habría sido presionada para no contradecir la versión oficial.
La prensa recibió instrucciones claras y la policía aseguró que no podía ofrecer información adicional para “no entorpecer las investigaciones”.
No hubo detenidos, sospechosos ni avances.
El crimen quedó sepultado bajo un silencio absoluto.
El tercer caso es el de Blanca Sánchez, una actriz respetada de cine y televisión cuya muerte, ocurrida en 2010, fue atribuida a complicaciones renales.
No obstante, diversos indicios revelan que detrás de esa versión médica se ocultaba un asesinato relacionado con el cobro de derecho de piso.
Blanca era propietaria de un negocio grande de abarrotes que generaba ingresos importantes.
Su local llamó la atención de organizaciones criminales que ya sometían a múltiples sectores mediante extorsiones sistemáticas.
Los individuos se acercaron a la actriz exigiendo pagos mensuales para permitir que el negocio siguiera operando.
Blanca se negó por completo, confiando en su fama y creyendo que su posición podría brindarle protección.
Días antes de su muerte, empleados del negocio notaron comportamientos extraños en personas que rondaban el área: motociclistas que no compraban nada, autos estacionados por horas con individuos observando, clientes que parecían interesados más en vigilar que en adquirir productos.
La noche en que asesinaron a Blanca, ella misma cerró el negocio como acostumbraba. No volvió a su casa.
Su cuerpo fue encontrado en un lugar alejado de su comercio, lo que confirmaba que había sido privada de la libertad y ejecutada.
Pese a los indicios, la autoridad difundió de inmediato un comunicado afirmando que había muerto por causas de salud.
Periodistas que intentaron investigar encontraron testimonios que apuntaban a un asesinato directo, pero ninguna institución quiso profundizar.
El expediente se cerró en tiempo récord y nunca se volvió a mencionar.
Estos tres casos, separados por décadas pero unidos por el mismo patrón, muestran una realidad inquietante: actores que fueron víctimas del crimen organizado y cuyas muertes fueron encubiertas por versiones oficiales que jamás resistieron el escrutinio público.
Los expedientes permanecen sellados.
Las familias, según múltiples versiones, habrían recibido advertencias tácitas para no contradecir la narrativa gubernamental.
Los testigos desaparecieron de la conversación pública y la verdad quedó atrapada en susurros, rumores y testimonios que nunca llegaron a tribunales.
