La figura de Julio Iglesias, uno de los artistas más universales de la música en español, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida pública.

Acostumbrado durante décadas a los aplausos, al reconocimiento internacional y a una imagen cuidadosamente construida entre el carisma y el mito, el cantante se ha visto recientemente envuelto en una polémica que ha sacudido tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública.

Las acusaciones presentadas por dos extrabajadoras, acompañadas y asesoradas por una ONG feminista, han abierto un debate intenso que trasciende el caso concreto y toca temas sensibles como el consentimiento, el poder, la presunción de inocencia y el uso político de determinadas denuncias.

Ante la avalancha mediática, Julio Iglesias decidió romper su silencio mediante un comunicado en el que niega de forma tajante haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

En el texto, el artista expresa su profundo pesar por unas acusaciones que califica de absolutamente falsas y asegura que le han causado una gran tristeza.

Iglesias afirma que nunca había sentido tanta maldad dirigida hacia su persona, pero que aún conserva fuerzas para defender su dignidad y para que la verdad salga a la luz.

El mensaje, además, estuvo acompañado por una muestra pública de apoyo de su esposa Miranda, quien escribió un breve pero contundente “a tu lado siempre”, reforzando la imagen de unidad familiar frente a la tormenta.

Sin embargo, el comunicado no ha logrado frenar la polémica.

En programas de televisión, tertulias y redes sociales se multiplican los análisis, las opiniones y las interpretaciones.

Algunas voces sostienen que el matrimonio entre Julio y Miranda es solo una fachada, mientras otras recuerdan que no existen pruebas concluyentes y que el caso se encuentra en una fase preliminar.

En este contexto aparece el nombre de la ONG Women’s Link, una organización feminista que acompaña a las denunciantes y que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presunta agresión sexual, acoso y trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre.

La gravedad de estos términos ha generado un fuerte impacto.

Para muchos, resulta incomprensible que, antes de la celebración de un juicio, se esté construyendo mediáticamente la imagen de un culpable.

Se cuestiona si el hecho de que un hombre poderoso prefiera trabajar con mujeres jóvenes y atractivas constituye en sí mismo un delito, o si se está confundiendo una conducta moralmente discutible con un crimen penal.

El debate se vuelve aún más complejo cuando se introducen testimonios anónimos y relatos extremadamente explícitos que, sin haber sido contrastados en sede judicial, se difunden masivamente y condicionan la percepción social.

Uno de los puntos más controvertidos es la cuestión del consentimiento.

Las denunciantes relatan situaciones en las que, según su versión, accedieron a determinadas prácticas por miedo a perder su trabajo o por la presión ejercida por una figura de poder.

Para algunos analistas, esto configura un abuso claro; para otros, plantea interrogantes difíciles de resolver desde el punto de vista jurídico.

¿Puede considerarse automáticamente agresión sexual cualquier relación en la que exista una diferencia de poder? ¿Hasta qué punto el consentimiento puede ser revisado o invalidado años después, a la luz de nuevos marcos culturales y sociales?

Estas preguntas no se formulan en el vacío.

El caso de Julio Iglesias se inserta en un clima social marcado por la revisión de conductas pasadas y por un feminismo institucional que, según sus críticos, corre el riesgo de tratar a las mujeres adultas como si fueran incapaces de decidir por sí mismas.

Se denuncia que esta visión paternalista termina por negar la autonomía femenina y por trasladar al Estado o a determinados colectivos la función de tutelar cada relación personal.

Al mismo tiempo, se advierte de un creciente miedo entre los hombres, que perciben que cualquier acercamiento puede ser reinterpretado retrospectivamente como una agresión.

La dimensión política tampoco pasa desapercibida.

Hay quienes consideran que este tipo de denuncias forman parte de una estrategia más amplia para allanar el camino hacia la abolición de la prostitución, utilizando casos mediáticos para generar un clima favorable a determinadas reformas legales.

En este sentido, se señala que apenas se da espacio a testimonios de mujeres que trabajaron con Julio Iglesias y que aseguran haber sido tratadas con respeto, mientras que se amplifican exclusivamente las voces acusadoras.

La selectividad informativa alimenta la sospecha de que no se busca tanto justicia como un impacto simbólico.

A ello se suma la cuestión del tiempo.

Los hechos relatados habrían ocurrido hace décadas, en un contexto social muy distinto al actual.

Sin justificar posibles abusos, algunos plantean si es legítimo juzgar conductas pasadas exclusivamente con los valores del presente, sin tener en cuenta la evolución cultural y normativa.

Otros recuerdan que la ley no puede aplicarse de forma retroactiva según cambios de sensibilidad social, y que corresponde a los jueces, no a los platós de televisión, determinar la existencia o no de un delito.

Mientras tanto, la figura de Julio Iglesias aparece cada vez más erosionada.

Imágenes de archivo, anécdotas de su vida privada y fragmentos de canciones se utilizan para construir un relato que, según sus defensores, busca presentar al artista como un depredador antes de que exista una sentencia.

Se reclama la retirada de premios y reconocimientos, se cuestiona su legado y se pone en duda toda una carrera construida a lo largo de más de medio siglo.

Para muchos, esto supone una condena social anticipada incompatible con la presunción de inocencia.

El propio Iglesias, cercano ya a los 80 años, se enfrenta así no solo a un proceso legal potencial, sino también a un juicio mediático implacable.

Sus partidarios consideran desproporcionado intentar destruir la reputación y la vida de una persona en la última etapa de su existencia sin una resolución judicial firme.

Sus detractores, en cambio, sostienen que la edad o la fama no deben ser un escudo frente a posibles delitos y que las víctimas merecen ser escuchadas.

En última instancia, el caso de Julio Iglesias refleja una tensión profunda en la sociedad actual: la dificultad de equilibrar la protección de las víctimas con el respeto a las garantías legales, la necesidad de revisar abusos históricos sin caer en linchamientos públicos y el reto de definir con claridad conceptos como consentimiento, poder y responsabilidad.

Mientras la justicia no se pronuncie, el debate seguirá abierto, polarizado y cargado de emociones, con un desenlace que, sea cual sea, marcará un precedente significativo en la relación entre fama, género y ley.