La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras las calles de Uruapan brillaban con miles de velas por el Día de Muertos, la violencia volvió a escribir una página oscura en la historia reciente de México.
Carlos Alberto Manso Rodríguez, alcalde independiente de la ciudad, cayó abatido en plena plaza central durante el festival de las velas, un evento simbólico de memoria y unidad que terminó en caos y dolor.
Su muerte no solo marcó el fin de una gestión breve pero valiente, sino que también desnudó la fragilidad institucional frente al crimen organizado que desde hace años azota a Michoacán.
Manso, nacido en 1985 en Uruapan, era un político distinto.
Formado en Ciencias Políticas en el ITESO, trabajó como auditor en el IMSS antes de lanzarse a la arena pública.
En 2021 llegó al Congreso como diputado federal y, tres años después, decidió competir como candidato independiente a la alcaldía de su ciudad natal.
Su victoria en 2024 rompió con los viejos esquemas partidistas y encendió una esperanza de cambio en una región marcada por la extorsión, la corrupción y la impunidad.
Desde su toma de posesión el 1 de septiembre de 2024, Manso insistió en que Uruapan no podía enfrentar sola la marea criminal.
Reclamó apoyo federal, denunció públicamente la presencia de grupos armados y canceló eventos masivos cuando el riesgo lo ameritaba.
Pero su sinceridad y su postura frontal también lo pusieron en la mira.
A diferencia de muchos funcionarios que optan por el silencio, él hablaba con nombres y apellidos, señalando cómo el crimen organizado había parasitado la economía local, especialmente la del aguacate, conocida como “oro verde”.
El “movimiento del sombrero”, como se llamó su estilo político cercano a la gente, lo convirtió en un símbolo de resistencia cívica.
En cada recorrido por las colonias, Manso escuchaba directamente a los vecinos y comerciantes víctimas de extorsión.
Su discurso era claro: “sin seguridad, no hay desarrollo”.
Esa honestidad le granjeó admiración, pero también enemigos poderosos.
Desde agosto de 2025, tras la captura de René Belmonte, alias El Rino, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las amenazas se intensificaron.
El propio alcalde pidió públicamente a los ciudadanos mantenerse en casa ante posibles represalias.
Pese a las advertencias, el riesgo terminó convirtiéndose en tragedia.
Durante la ceremonia inaugural del festival de las velas, Manso caminaba entre las familias, saludando y posando para fotos.
Minutos después de las 8 de la noche, los disparos irrumpieron el aire festivo.
En cuestión de segundos, el bullicio se transformó en pánico.
Los asistentes corrieron buscando refugio mientras los escoltas intentaban proteger al alcalde herido.
Fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió poco después de su llegada.
La escena del crimen quedó registrada en decenas de videos y fotografías: velas volcadas, casquillos sobre el empedrado, sirenas y gritos.
Los peritos hallaron siete casquillos calibre 9 mm junto a la pistola del atacante, quien fue abatido en el lugar.
Dos personas más fueron detenidas como posibles cómplices.
Las primeras investigaciones revelaron que la misma arma había sido utilizada en dos ataques previos ocurridos en octubre en la ciudad, lo que vincula el asesinato del alcalde con una red operativa del CJNG activa en la región.
La fiscalía estatal confirmó que el arma coincidía balísticamente con una agresión del 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, donde murieron dos personas, y con otro ataque el 23 del mismo mes en el bar La Gran Parada.
Esta conexión consolidó la hipótesis de una logística criminal articulada, no un acto aislado.
El atacante, descrito como joven y con actitud suicida, habría sido parte de un operativo planeado para un entorno masivo y de alta visibilidad.
Más allá de la escena inmediata, el caso reveló fallas en la coordinación de seguridad.
Manso contaba con custodia desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025 con apoyo de la Guardia Nacional.
Sin embargo, esa noche el dispositivo no logró impedir que el agresor rompiera el cordón de protección.
Fuentes federales apuntaron a descoordinación con el mando estatal y a una respuesta tardía que permitió la vulneración del perímetro.
El impacto político y social fue inmediato. En cuestión de horas, la noticia recorrió todo el país.
La Presidencia de la República condenó el crimen y prometió “cero impunidad”, mientras el gobierno federal anunció un plan de refuerzo de seguridad para Michoacán.
Pero las calles hablaron más fuerte. Miles de personas salieron a marchar en Uruapan y Morelia vestidas de negro, exigiendo justicia y el fin de la impunidad.
Las imágenes de la procesión fúnebre, con ciudadanos portando velas en silencio, se convirtieron en símbolo nacional de dolor y resistencia.
El 5 de noviembre, el Congreso de Michoacán nombró por unanimidad a la viuda del alcalde, Grecia Itzel Quiroz, como presidenta municipal sustituta.
En su toma de protesta, rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad, prometió continuar la agenda de su esposo: enfrentar la violencia sin miedo y mantener la cercanía con la gente.
Su mensaje fue contundente: “Carlos no murió por hablar, murió por no callar”.
El expediente judicial sigue abierto y la investigación apunta al CJNG como principal responsable, en un contexto donde la disputa por el control de rutas y extorsiones ha teñido de sangre a toda la región.
Sin embargo, la autoría intelectual del crimen aún no se ha esclarecido.
La pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién dio la orden? El caso de Carlos Manso trasciende el asesinato de un alcalde.
Es la metáfora de un país donde la valentía política puede costar la vida, donde las advertencias de los funcionarios no se escuchan hasta que se transforman en tragedia.
Durante meses, Manso repitió en entrevistas y oficios oficiales que no quería engrosar la lista de alcaldes ejecutados.
Su muerte, frente a su pueblo, confirmó el abandono que enfrentan las autoridades locales ante el crimen organizado.
Hoy, Uruapan sigue enlutada, con un gobierno municipal que busca rehacerse entre el miedo y la esperanza.
La plaza donde cayó el alcalde se ha convertido en un altar de flores, fotos y velas encendidas que recuerdan al hombre que se negó a gobernar desde el escritorio.
En las pancartas, una frase se repite: “El sombrero no se cae, se levanta”.
La historia de Carlos Manso no solo interpela a Michoacán, sino a todo México.
Muestra que la lucha contra la corrupción y el crimen no se gana solo con discursos, sino con presencia, integridad y coraje.
Pero también deja una lección amarga: mientras las instituciones sigan sordo-ciegas ante las advertencias, la muerte de líderes como él seguirá siendo la crónica de una tragedia anunciada.
