El sábado pasado, Melania Trump, ex primera dama de Estados Unidos, dio un testimonio sin precedentes ante la Corte Suprema, marcando un antes y un después en la historia legal y política del país.
No se trató de una declaración a puerta cerrada ni de un documento escrito, sino de una comparecencia pública bajo juramento que desencadenó una serie de órdenes de embargo y confiscación masiva de activos vinculados a múltiples acusaciones federales contra su esposo, el expresidente Donald Trump.
Melania Trump, conocida por mantener un perfil bajo durante sus años en la Casa Blanca, fue citada para declarar en un caso que cuestiona la inmunidad presidencial y la legalidad de la confiscación de activos relacionados con supuestas irregularidades financieras.
En la audiencia, que duró casi 12 horas, Melania no solo respondió preguntas, sino que presentó una gran cantidad de documentos, comunicaciones internas y registros financieros que cubren ocho años de operaciones.
Lo más impactante fue la rapidez con la que la Corte Suprema actuó: a las cuatro horas de finalizar su testimonio, los nueve jueces emitieron una orden de emergencia para congelar millones de dólares, 17 propiedades y 347 cuentas bancarias en seis jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos y paraísos fiscales como Suiza, Chipre y las Islas Caimán.
Entre las pruebas presentadas, destacaron documentos que mostraban transferencias bancarias por un total de 847,000 dólares realizadas después de que una orden judicial original congelara los activos en noviembre de 2025.
Además, se documentaron movimientos adicionales por más de 340 millones de dólares a través de una empresa de Nevada.
Melania declaró que firmó autorizaciones de transferencia sin conocer su contenido completo, creyendo que se trataba de asuntos rutinarios.
Sin embargo, tras descubrir discrepancias, consultó con un abogado independiente que le advirtió sobre el riesgo penal de no cooperar.
Fue entonces cuando decidió colaborar plenamente con la investigación, entregando voluntariamente documentos que sus propios abogados intentaron bloquear.
La Corte Suprema ordenó una revisión inmediata del cumplimiento y los alguaciles comenzaron a ejecutar órdenes de embargo en 17 propiedades ubicadas en cuatro estados y tres países.
Entre estas propiedades se incluyen la Torre Trump, la residencia en Bedminster y otras ubicaciones estratégicas, sumando activos valorados en miles de millones de dólares.
Además, tres abogados que asesoraron en las transferencias sospechosas fueron arrestados y enfrentan cargos federales por obstrucción a la justicia, lo que indica que la investigación se está ampliando para incluir a todos los involucrados en el manejo de estos fondos.
El testimonio de Melania ha generado un intenso debate legal y político.
Sus defensores sostienen que fue coaccionada y que su testimonio viola el privilegio conyugal, una protección legal que impide que un cónyuge sea obligado a declarar contra el otro.
Sin embargo, Melania renunció voluntariamente a este privilegio y presentó pruebas adicionales, lo que debilita esta defensa.
Expertos en derecho constitucional señalan que este caso sienta precedentes importantes para futuras investigaciones y procedimientos judiciales, especialmente en cuanto a la cooperación de cónyuges y la rapidez con la que la Corte puede actuar para proteger activos.
El caso ha tenido repercusiones inmediatas en el ámbito político y financiero.
La volatilidad en los mercados y la incertidumbre sobre el destino de los activos congelados afectan a empleados, proveedores y familias vinculadas a las propiedades incautadas.
Además, la opinión pública se encuentra dividida entre quienes ven este proceso como una justicia necesaria y quienes lo consideran una persecución política.
En la Casa Blanca, fuentes indican tensiones internas y discusiones sobre posibles medidas a tomar en respuesta al testimonio de Melania, incluyendo rumores sobre su posible destitución como primera dama, aunque no hay confirmaciones oficiales.
La investigación continúa y se esperan nuevas audiencias y presentaciones de cargos en las próximas semanas.
La Corte Suprema se reunirá para decidir si las órdenes de incautación permanecen vigentes durante el juicio, lo que podría marcar el rumbo definitivo del caso.
Mientras tanto, el equipo legal de Trump enfrenta presiones crecientes y la atención mundial sigue de cerca cada movimiento en este proceso que combina aspectos legales, políticos y personales.
Este caso representa un momento histórico en la justicia estadounidense y un ejemplo de cómo incluso las figuras más poderosas pueden ser sujetas a la ley.
El testimonio de Melania Trump y la rápida acción judicial abren un capítulo nuevo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.
