En las últimas horas, una noticia de gran impacto ha sacudido los cimientos de la Casa de Nariño y ha puesto en jaque la estrategia de seguridad del gobierno de Gustavo Petro.
Desde Washington, con la figura del senador Marco Rubio tomando un papel protagónico, ha llegado un ultimátum que exige la reactivación inmediata de los procesos de extradición contra cabecillas del narcotráfico que, hasta ahora, se habían beneficiado de la figura de “paz total” en Colombia.
Este movimiento diplomático y judicial marca un antes y un después en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia.
El dossier que acompaña esta exigencia contiene evidencia técnica y pruebas contundentes: rutas de narcotráfico, cuentas bancarias, comunicaciones interceptadas en los últimos seis meses, durante la vigencia de los acuerdos de paz.
Según fuentes cercanas a la cancillería colombiana, la administración estadounidense, bajo la nueva doctrina impulsada por Rubio y el sector republicano, no reconoce estatus políticos a quienes tienen acusaciones federales vigentes por narcotráfico transnacional.
Los objetivos de esta lista prioritaria no son mandos medios, sino los cerebros financieros y logísticos de organizaciones criminales como el Clan del Golfo y las disidencias, quienes supuestamente han continuado sus operaciones ilícitas mientras se beneficiaban de la paz total.
El ultimátum coloca al presidente Petro en una encrucijada.
Si accede a firmar las extradiciones, la política de paz total sufriría un golpe mortal, pues la promesa central a estos grupos criminales ha sido la garantía de no ser entregados a la justicia estadounidense.
Por otro lado, si se niega, Colombia podría enfrentar sanciones económicas severas, descertificación internacional y aislamiento diplomático.
Además, la presión no solo es política sino también judicial.
Se sabe que hay solicitudes formales en trámite en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que habían sido ralentizadas o engavetadas, y que ahora deben ser descongeladas de inmediato.
La paciencia estratégica se ha agotado y se esperan muestras de buena fe tangibles, que se traducen en extradiciones efectivas.
Uno de los aspectos más delicados de este dossier es la figura de los “gestores de paz”, quienes han sido señalados como un mecanismo de impunidad que permite a narcotraficantes confesos evadir la justicia.
Grabaciones interceptadas muestran cómo estos individuos coordinan envíos de cocaína mientras participan en actividades comunitarias financiadas por el Estado.
Esta doble vida ha colmado la paciencia de Washington y ha motivado una postura inflexible por parte de Rubio.
La soberanía colombiana para negociar la paz es respetada solo en la medida en que no sirva de refugio para el crimen organizado.
El riesgo país de Colombia está en juego.
La inclusión en una lista de países no cooperantes podría disparar el costo de la deuda, alejar inversiones y congelar ayudas para programas sociales.
Además, hay preocupaciones de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que las rutas del narcotráfico se vinculan con el tráfico de personas de interés para la seguridad americana.
El ambiente en el Congreso colombiano se ha tensado, con sectores de oposición preparando debates para exigir claridad sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección o entrega de los solicitados.
Internamente, las fuerzas policiales y militares se preparan para operativos de captura con fines de extradición.
Los cabecillas de las organizaciones criminales han mostrado un hermetismo inusual, y se presume que están moviendo sus campamentos a zonas fronterizas o fuera del país, anticipando que el gobierno no podrá sostener su protección por mucho más tiempo.
La presión de Marco Rubio es parte de una estrategia regional que busca reafirmar la lucha contra el narcotráfico como prioridad número uno, superando cualquier consideración política o ideológica.
La situación actual representa una de las horas más críticas en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.
El dossier y la lista de exigibles están sobre la mesa, y la paciencia del norte se ha agotado.
La decisión del presidente Petro será decisiva para el futuro de la política de paz, la estabilidad económica y la posición internacional de Colombia.
Colombia se encuentra en un callejón sin salida donde la diplomacia del abrazo choca contra la ley federal estadounidense.
La entrega de los líderes del narcotráfico no es una opción, sino una imposición de la realidad judicial y geopolítica.
En este complejo escenario, el Palacio de Nariño busca una salida que le permita salvar la cara, aunque todo indica que deberá ceder ante la contundencia de las pruebas y la fuerza de la diplomacia coercitiva.
