El trágico caso de Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que desapareció y fue encontrada sin vida en un río cercano al colegio donde estudiaba en Cajicá, Cundinamarca, sigue generando conmoción y polémica en Colombia.
Recientemente, una serie de declaraciones del abogado Francisco Bernate, apoderado del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, han desatado la indignación y el dolor de la familia de Valeria, quienes rechazan categóricamente los comentarios que reducen la vida de su hija a una cifra económica.
Este artículo detalla el contexto de estas declaraciones, la respuesta de la familia y el impacto en la opinión pública.
En una entrevista exclusiva con la Red Viral, el abogado Francisco Bernate aseguró que la familia de Valeria tenía derecho a una millonaria póliza de seguro por la muerte de la menor, la cual cubriría una suma considerable, que según sus palabras “pasa de 9 ceros” y es “un número muy importante”.
Bernate explicó que esta póliza, renovada recientemente, fue informada a todos los padres y miembros de la comunidad escolar para brindar tranquilidad ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a los estudiantes.
Estas declaraciones, sin embargo, fueron interpretadas por muchos como una banalización del dolor de la familia Afanador, al sugerir que la muerte de Valeria podía ser compensada con una indemnización económica.
La polémica se intensificó rápidamente en redes sociales, donde miles de colombianos expresaron su rechazo a la idea de que la tragedia se reduzca a un asunto financiero.
La familia de Valeria, representada legalmente por el doctor Julián Quintana, no tardó en emitir un comunicado oficial rechazando las afirmaciones del abogado del colegio.
En el texto, la familia calificó las declaraciones como “indelicadas, descontextualizadas y desafortunadas”, y aseguró que su prioridad no es el dinero, sino que se haga justicia y se esclarezcan las responsabilidades en torno a la muerte de su hija.
El abogado Quintana enfatizó que la familia Afanador no busca una compensación económica, sino que las autoridades imputen a los responsables, incluyendo a la rectora y a los docentes del colegio, quienes según la familia tienen una gran responsabilidad por las omisiones que permitieron que Valeria desapareciera y posteriormente fuera encontrada sin vida.
Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2024, y tras 18 días de intensa búsqueda fue hallada muerta en un río frío que limita con las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles.
La noticia causó un profundo impacto en la sociedad colombiana, que se unió en solidaridad con la familia y exigió respuestas claras y justicia para la niña.
Durante el proceso judicial, la familia ha denunciado fallas graves en la supervisión y seguridad del colegio, que permitieron que Valeria estuviera sola y desprotegida en un entorno que debía garantizar su bienestar, dada su condición especial.
La indignación creció al conocer detalles sobre la negligencia institucional y la falta de medidas adecuadas para proteger a estudiantes vulnerables.
El abogado del colegio defendió la existencia de una póliza de seguro que cubre accidentes y eventualidades que puedan afectar a los estudiantes, señalando que su monto es considerable y que su renovación anual es comunicada a toda la comunidad educativa.
Según él, esta póliza debería dar tranquilidad a los padres sobre la protección de sus hijos en la institución.
No obstante, esta explicación fue vista por la familia y por muchos sectores como un intento de desviar la atención del verdadero problema: la responsabilidad del colegio en la tragedia.
Para la familia Afanador, hablar de cifras millonarias en este contexto es revictimizar a Valeria y minimizar el dolor de una pérdida irreparable.
En su comunicado, la familia Afanador expresó que la muerte de Valeria ha sido una pérdida devastadora que marcó sus vidas para siempre.
“Valeria no era una cifra ni una suma de dinero. Era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor”, afirmaron.
Añadieron que ninguna póliza, por alta que sea, puede compensar el vacío dejado en sus corazones.
La familia ha dejado claro que su lucha no es por dinero, sino por conocer la verdad, que los responsables respondan ante la justicia y que se garantice que ninguna otra familia tenga que vivir una tragedia similar.
Insisten en que la prioridad es la memoria y la dignidad de Valeria, y que el proceso judicial debe enfocarse en esclarecer los hechos y evitar la impunidad.
Las declaraciones del abogado Bernate generaron una ola de críticas y rechazo en redes sociales, donde usuarios expresaron que reducir el caso a una cuestión económica es insensible y ofensivo para la familia y para la memoria de Valeria.
Muchos destacaron la importancia de enfocarse en la justicia y en mejorar las condiciones de seguridad y protección para todos los niños en instituciones educativas.
Expertos en derechos humanos y educación también se sumaron al debate, señalando que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de inclusión y cuidado para estudiantes con discapacidades, así como de garantizar que las instituciones asuman plenamente su responsabilidad en la protección de los menores.
Hasta la fecha, la investigación sobre la desaparición y muerte de Valeria sigue abierta, con la familia y la sociedad civil exigiendo avances claros y sanciones para los responsables.
La familia Afanador ha pedido que se imputen cargos a la rectora y a los docentes implicados en las omisiones que permitieron la tragedia.
El caso ha puesto en evidencia las fallas en la supervisión escolar y la necesidad de reformas profundas en los sistemas de protección y educación inclusiva en Colombia.
La presión social y mediática busca evitar que la tragedia quede en el olvido y que se garantice justicia para Valeria y para todas las víctimas de negligencias similares.
El dolor de la familia Afanador tras la pérdida de Valeria es inmenso y legítimo.
La controversia generada por las declaraciones del abogado del colegio solo ha profundizado el sufrimiento y ha puesto en evidencia la importancia de respetar la memoria de las víctimas y centrarse en la búsqueda de justicia.
Este caso es un llamado urgente a las instituciones educativas, a las autoridades y a la sociedad colombiana para garantizar que los derechos y la seguridad de los niños, especialmente aquellos con condiciones especiales, sean protegidos con la máxima prioridad.
La lucha de la familia Afanador es también la lucha por un país más justo, inclusivo y responsable.
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