Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador tras la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos, priorizando su soberanía energética en medio de una crisis regional.
La relación entre Colombia y Ecuador atravesó uno de sus momentos más delicados de los últimos años luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos.
La respuesta de Bogotá no tardó en llegar y fue contundente: la suspensión temporal de las transacciones internacionales de electricidad hacia Ecuador, una medida que el Ejecutivo colombiano presentó como una decisión soberana orientada a proteger el abastecimiento interno.
El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a la decisión ecuatoriana y defendió la respuesta de su Gobierno como una acción proporcional y estratégica.
En el centro del debate quedó la fuerte dependencia energética de Ecuador respecto a Colombia, especialmente en un contexto de dificultades en su sistema eléctrico.
De acuerdo con cifras oficiales, Ecuador importa desde Colombia más de 1.
600 millones de dólares al año, mientras que las importaciones colombianas desde el país vecino representan menos de la mitad de ese monto, lo que configura un déficit comercial favorable a Bogotá.
La medida clave se conoció a través de un comunicado del Ministerio de Minas y Energía, fechado el 22 de enero de 2026, en el que se informó la suspensión de las transacciones de electricidad con Ecuador.
El documento señala que Colombia “prioriza su soberanía energética” y que la decisión busca “garantizar el abastecimiento interno ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía firme en el sistema interconectado nacional”.
El Gobierno colombiano insistió en que se trata de una decisión técnica y preventiva, enmarcada en la normativa vigente.
Desde la Casa de Nariño se subrayó que la venta de electricidad a Ecuador había sido, hasta ahora, una transacción comercial que contribuía a mitigar apagones y altos costos en el país vecino.
Sin embargo, tras la imposición del arancel del 30 %, Bogotá optó por suspender esa cooperación energética, lo que incrementó la presión política y social sobre el Ejecutivo ecuatoriano en medio de una crisis eléctrica que ya generaba malestar ciudadano.
Petro, en sus declaraciones, fue enfático al señalar que Colombia no podía permanecer pasiva frente a una medida que considera discriminatoria y contraria al espíritu de integración regional.
El presidente también recordó que la normativa andina promueve el libre comercio entre los países miembros y que los incrementos arancelarios deben cumplir condiciones específicas.
En ese contexto, la suspensión de la electricidad se presentó como una respuesta soberana ante lo que el Gobierno colombiano interpreta como una agresión comercial.
El episodio también reavivó el debate sobre la situación política interna de Ecuador.
En Colombia se siguieron con atención las tensiones sociales que enfrenta el Gobierno de Daniel Noboa, así como los antecedentes recientes de consultas populares en las que la ciudadanía rechazó, entre otros puntos, la instalación de bases militares extranjeras y reformas de alto impacto institucional.
Analistas en Bogotá consideran que el escenario interno ecuatoriano influyó en la decisión de endurecer su política comercial.
En paralelo al choque comercial y energético, Petro introdujo un elemento adicional en la agenda bilateral al referirse al caso de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador.
En un mensaje que generó amplio eco regional, el mandatario colombiano afirmó: “Este es Jorge Glas, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano.
Igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glas debe ser liberado.
Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura psicológica”.
Estas palabras fueron interpretadas como un nuevo punto de fricción diplomática, al tratarse de un asunto sensible para el Estado ecuatoriano.
La controversia se extendió también al terreno de la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado.
Desde Colombia, Petro respondió a críticas provenientes de sectores políticos que cuestionaban la efectividad de su Gobierno en esta materia.
“Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador”, aseguró el presidente, al tiempo que detalló operativos, combates y la recuperación de armamento, así como la instalación de radares y centros de inteligencia en puntos estratégicos como Putumayo y la Amazonía.
El mandatario añadió que la cooperación con las fuerzas ecuatorianas ha sido “estrecha” y recordó que Colombia ha entregado a Ecuador a varios cabecillas de bandas criminales capturados en su territorio.
Además, planteó la necesidad de avanzar hacia un acuerdo regional más amplio para enfrentar el tráfico de insumos del fentanilo en el Pacífico americano, invitando a Ecuador y a otros países a sumarse a un “gran tratado americano” sobre la prohibición e incautación de estos materiales.
Las tensiones también alcanzaron el debate político interno colombiano.
Voces de la oposición criticaron la suspensión de la venta de electricidad, argumentando que podría afectar a productores y sectores económicos nacionales.
Petro respondió con datos y defendió que la prioridad del Estado es garantizar el suministro interno y actuar con base en cifras verificables, no en especulaciones.
En medio del cruce de declaraciones, surgieron además señalamientos derivados de investigaciones periodísticas internacionales que mencionan a empresas privadas vinculadas a la familia del presidente ecuatoriano en el contexto de rutas del narcotráfico.
Dichos informes aclaran que no existe condena judicial ni evidencia directa que involucre al mandatario o a su familia, pero subrayan la relevancia pública del tema y las vulnerabilidades estructurales de los puertos de la región, utilizados por redes criminales para infiltrar economías legales.
Este conjunto de factores ha llevado a un deterioro visible del clima diplomático entre ambos países.
La suspensión del gabinete binacional, el enfriamiento de la cooperación política y la creciente confrontación discursiva reflejan un escenario complejo que preocupa a sectores empresariales y sociales a ambos lados de la frontera.
Mientras tanto, el Gobierno colombiano insiste en que su actuación busca defender la soberanía nacional, el bienestar de su población y la integración regional basada en reglas claras.
Desde Bogotá se envió también un mensaje de solidaridad con el pueblo ecuatoriano, al que se reconoce como el principal afectado por la crisis energética y las tensiones políticas.
El desenlace de este pulso bilateral dependerá ahora de si Ecuador decide revisar los aranceles impuestos y retomar el diálogo en un contexto marcado por la urgencia económica y energética.
