De la curul al búnker: Wadith Manzur, hijo del parapolítico Julio Manzur, capturado por cohecho en la UNGRD

La historia se repite en las tierras cordobesas con un eco siniestro: Wadith Alberto Manzur Imbett, recién elegido senador por el Partido Conservador con más de 134.000 votos, acaba de ser capturado y reseñado.

La Corte Suprema de Justicia ordenó su detención inmediata el 11 de marzo de 2026 por presunto cohecho impropio en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los mayores casos de desvío de fondos que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro.

El político, que se entregó en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, ahora está privado de la libertad en la Escuela de Carabineros, bajo medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Las primeras fotos de su reclusión —esposado, escoltado por agentes del CTI, con el rostro serio y la mirada baja— se viralizaron en minutos, reviviendo un fantasma que muchos creían enterrado: el de su padre, Julio Manzur Abdala.

El paralelismo es brutal y no pasa desapercibido.

Julio Manzur, cacique conservador de Córdoba durante décadas, ocupó curules en el Congreso por tres periodos, construyó un imperio electoral en el Caribe colombiano y terminó arrastrado por el escándalo de la parapolítica.

Investigaciones judiciales lo vincularon a reuniones y acuerdos con estructuras paramilitares para asegurar votos y consolidar poder en zonas controladas por grupos ilegales.

Estuvo preso entre 2015 y 2017, reseñado como un político caído en desgracia.

La Corte Suprema lo dejó en libertad condicional, pero el daño a su legado fue irreversible.

Ahora, su hijo Wadith —quien heredó no solo el caudal electoral, sino el apellido y la sombra— camina por el mismo sendero oscuro.

El caso UNGRD estalló como una bomba en el Congreso.

Wadith Manzur, integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habría actuado como “vocero” en un esquema para direccionar contratos y recursos de la entidad a cambio de favores legislativos y respaldo político al gobierno.

Testimonios de exfuncionarios —como María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien obtuvo principio de oportunidad— lo señalan directamente: reuniones secretas, presiones para beneficiar a ciertos sectores, cupos indicativos gestionados de forma irregular entre septiembre y diciembre de 2023.

La Corte Suprema, tras recopilar pruebas contundentes, acusó a Wadith y a Karen Manrique (de las curules de paz) por cohecho impropio, considerando que representan un riesgo para el proceso: podrían influir en testigos, destruir evidencia o fugarse.

La medida de aseguramiento no deja dudas: la justicia no perdona.

Wadith se presentó voluntariamente ante las autoridades, pero el golpe fue demoledor.

Las imágenes de su ingreso a reclusión —uniforme carcelario, huellas dactilares, foto de perfil frontal— recuerdan demasiado las de su padre años atrás.

En redes, el hashtag #ManzurPreso explotó con comentarios furiosos: “La manzana no cae lejos del árbol”, “Herencia de corrupción”, “De la curul al búnker, como papá”.

El Partido Conservador guarda silencio o emite comunicados tibios, mientras la oposición y sectores independientes exigen que se investigue a fondo si este es un patrón familiar o un caso aislado.

Wadith niega todo: asegura que su gestión fue transparente y que las acusaciones son políticas.

Pero las pruebas acumuladas —testimonios, registros de reuniones, evidencias documentales— pintan un panorama difícil de desmontar.

El escándalo UNGRD ya ha salpicado a ministros, exfuncionarios y otros congresistas.

Desvío de millones destinados a atención de emergencias, contratos amañados, sobornos disfrazados de “apoyo político”.

En medio de eso, Wadith Manzur —recién reelegido con una votación alta que parecía blindarlo— cae.

Y con él, revive el debate sobre los clanes políticos en regiones como Córdoba: familias que heredan votos, poder y, a veces, también las consecuencias de sus pecados.

¿Coincidencia fatal o maldición hereditaria? La justicia colombiana no ha terminado de hablar, pero el mensaje es claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los herederos de los caciques.

Mientras Wadith espera en una guarnición militar (como pidió, para evitar cárceles comunes), millones de colombianos se preguntan: ¿cuántos más caerán antes de que se limpie el Congreso? El legado Manzur, construido con votos y promesas, se desmorona bajo el peso de esposas y procesos judiciales.

La historia no perdona repeticiones.