Abelardo de la Espriella enfrenta una denuncia disciplinaria por supuestas irregularidades en la defensa de David Murcia Guzmán y pagos adicionales por auditorías y gestiones políticas en el Congreso

Un nuevo capítulo en el largo y complejo caso del grupo empresarial DMG ha vuelto a poner en el centro de la escena al precandidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella.

Grabaciones telefónicas, testimonios y una denuncia disciplinaria presentada tras casi dos décadas de silencio por parte del fundador de DMG, David Murcia Guzmán, plantean serias preguntas sobre el papel que De la Espriella desempeñó durante la investigación que terminó con la condena de Murcia por captación ilegal de dinero y lavado de activos.

Según los documentos obtenidos por Noticias UNO y las declaraciones recientes, no solo se habrían pagado grandes sumas por supuestos servicios de defensa jurídica, sino que también se habrían solicitado recursos para “arreglar” auditorías y presuntas gestiones políticas en el Congreso.

Durante la investigación contra DMG, Murcia Guzmán y sus allegados realizaron múltiples interceptaciones telefónicas que se volvieron parte del expediente.

En varias de estas conversaciones, registradas entre directivos del grupo, aparece el nombre de Abelardo de la Espriella vinculado a pagos adicionales más allá de los honorarios de defensa profesional.

En una de las grabaciones, se escucha una discusión sobre una auditoría contable: “Me están cobrando una auditoría en holding de 56 millones de pesos, pero me parece que son los de Abelardo”, dice uno de los interlocutores, sugiriendo que De la Espriella estaba involucrado en contratos de auditoría que no se habían mencionado en audiencia alguna.

Luego de años de silencio, Murcia Guzmán decidió romper el mutismo público y presentar una queja formal ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, alegando “violaciones graves a los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza” por parte de quien fuera su abogado.

Según la queja, que incluye otros supuestos comportamientos irregulares, De la Espriella no cumplió con su obligación de defenderlo eficazmente y, en cambio, facilitó circunstancias que derivaron en su captura en Panamá.

Además, Murcia reclama una suma cercana a los 5.

000 millones de pesos que, asegura, entregó al abogado tanto por la defensa personal como por otros supuestos servicios, incluidos pagos para una auditoría contable forense.

En una de las conversaciones interceptadas, William Suárez, mano derecha de Murcia, expresa su desconfianza: “No había suficiente confianza en De las Priella”.

Esta frase refleja el clima de incertidumbre sobre la efectividad y la transparencia de los servicios que supuestamente se estaban prestando.

Incluso se discutió la solicitud de 760 millones de pesos para influir en decisiones legislativas que afectarían a proyectos relacionados con el tránsito de grandes sumas de dinero en efectivo, lo que habría requerido apoyo de congresistas para modificar algunas disposiciones: “Abelardo tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y necesita 760”, dijo uno de los interlocutores en la conversación.

Murcia explicó recientemente en entrevista con el periodista Daniel Coronel que, además de pagar por su defensa, se le cobraron sumas adicionales por temas contables y de lobbismo, y que esta fue una de las razones por las cuales decidió presentar la denuncia.

“Él me cobró dinero por el tema de hacer un tema contable”, afirmó el exfundador de DMG.

La denuncia disciplinaria busca que el Consejo Superior de la Judicatura investigue estas presuntas conductas y evalúe si hubo faltas éticas o profesionales en el ejercicio de la abogacía.

El caso ha desatado una oleada de reacciones en el ámbito político, dado que De la Espriella se encuentra en plena carrera por la candidatura presidencial.

Voces de distintos sectores han señalado que estas acusaciones podrían afectar su credibilidad y plantean un debate sobre la relación entre el ejercicio de la defensa jurídica y las prácticas políticas en Colombia.

Para algunos investigadores y críticos, la combinación de pagos por servicios no prestados, solicitudes de recursos para gestiones en el Congreso y la presunta falta de diligencia profesional constituye un perfil preocupante que merece escrutinio público y judicial.

La defensa de De la Espriella ha argumentado que los hechos denunciados no implican necesariamente conductas ilegales ni que haya existido una condena en su contra, y que la presentación de una queja disciplinaria no equivale a una sentencia.

Sin embargo, expertos en derecho han señalado que la Fiscalía y la Judicatura deberán evaluar con rigor los elementos materiales y las conversaciones registradas en las interceptaciones, puesto que las mismas pueden revelar aspectos relevantes sobre la conducta del abogado en cuestión y su relación con el caso DMG.

La situación también ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad profesional de los abogados que representan a clientes de alto perfil y en casos de gran complejidad.

Abogados consultados han recordado que el Código de Ética Profesional exige lealtad, diligencia y transparencia, y que el incumplimiento de estos deberes puede acarrear sanciones graves, incluidas inhabilidades y multas.

En este contexto, la investigación disciplinaria se perfila como un proceso clave para determinar si hubo o no una actuación indebida.

Además de la vertiente disciplinaria, la denuncia ha reactivado el interés por revisar a fondo los hechos que rodearon la caída de DMG en los tribunales colombianos y cómo se manejaron las etapas de defensa, negociación y cumplimiento de la sentencia por parte de Murcia Guzmán.

Para el exfundador, la decisión de hablar ahora se relaciona directamente con la posibilidad de que alguien que él considera responsable de su situación llegue a ocupar un cargo de máxima autoridad en el país: “Tengo miedo de que él llegue a hacer lo mismo cuando llegue a la presidencia y temo incluso por mi vida”, dijo Murcia, en referencia a sus temores sobre el futuro si De la Espriella llegara al poder.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá evaluará en los próximos días si inicia una investigación formal contra la precandidatura de Abelardo de la Espriella, lo que podría tener repercusiones importantes no solo en su campaña, sino también en la percepción pública sobre la ética y la transparencia en la política colombiana.

En medio de este escenario, diversos analistas han señalado la importancia de que las instituciones actúen con prontitud y claridad para que la ciudadanía pueda conocer la verdad de los hechos y confiar en los mecanismos de control profesional y judicial del país.

Mientras tanto, el debate sigue abierto y las grabaciones, testimonios y documentos continúan circulando, alimentando un clima de incertidumbre que acompaña la carrera presidencial y pone bajo escrutinio uno de los casos más polémicos en la intersección entre el derecho, la política y la justicia en Colombia.

La resolución de esta situación, y el posible impacto sobre la precandidatura de De la Espriella, será observada con atención por la opinión pública en las semanas venideras.