La validación oficial reveló que más de tres millones de firmas presentadas por Abelardo de la Espriella fueron invalidadas por inconsistencias, aunque superó el umbral mínimo requerido para inscribirse como candidato.
El proceso de validación de firmas para candidaturas presidenciales volvió a situarse en el centro del debate público tras conocerse los resultados oficiales sobre las planillas presentadas por el abogado Abelardo de la Espriella.
La controversia no solo gira en torno al alto número de apoyos invalidados, sino también a señalamientos posteriores formulados por el empresario David Murcia Guzmán, lo que ha intensificado el clima político en plena antesala electoral.
De la Espriella había anunciado públicamente la recolección de más de cinco millones de firmas como respaldo ciudadano a su aspiración.
En distintos videos difundidos en redes sociales se le observó exhibiendo cajas con planillas, asegurando que el respaldo popular superaba ampliamente el umbral requerido.
Sin embargo, el informe de verificación determinó que una proporción significativa de esos apoyos no cumplía con los requisitos formales establecidos por la ley.
De acuerdo con los datos oficiales, cada comité debía acreditar al menos 635.
216 firmas válidas para poder inscribirse como candidato por recolección ciudadana.
En el caso de De la Espriella, aunque logró superar el mínimo exigido, más de tres millones de registros fueron invalidados por inconsistencias.
Entre las causales señaladas figuran datos incompletos, información ilegible, números de identificación que no correspondían con los nombres consignados y renglones en blanco.
Las cifras detallan alrededor de 30.000 firmas con datos incompletos, más de 152.000 con información ilegible y más de 1.
400.000 con inconsistencias entre nombre y cédula.
También se reportaron planillas con espacios sin diligenciar, lo que elevó el total de apoyos descartados a más de 3.100.000.
En términos porcentuales, cerca del 61 % del total presentado no fue validado.
Desde sectores críticos se afirmó que el contraste entre los cinco millones anunciados y el número de firmas efectivamente avaladas representaba un revés político considerable.
En redes sociales circularon comentarios que calificaron la situación como “un fracaso total” y cuestionaron la narrativa inicial sobre el volumen de respaldo ciudadano.
En medio del debate, seguidores del abogado y del congresista Miguel Polo Polo sostuvieron que el comunicado de la autoridad electoral confirmaba que el requisito legal fue cumplido.
“Cada candidato necesitaba 635.216 firmas válidas para participar”, insistieron en publicaciones que buscaban contextualizar el resultado.
No obstante, la discusión pública se centró en la diferencia entre el mínimo requerido y el volumen inicialmente proclamado.
A la controversia por las firmas se sumaron declaraciones del empresario David Murcia Guzmán, conocido por su vinculación al caso DMG.
En una intervención difundida en plataformas digitales, Murcia afirmó que habría entregado recursos económicos a De la Espriella en el pasado y aseguró poseer pruebas de sus afirmaciones.
Según su versión, el abogado habría recibido 5.000 millones de pesos y posteriormente más de 700 millones adicionales destinados, según dijo, a gestiones legislativas que favorecerían a su empresa.
“Dice que tiene todas las pruebas de lo que está acusando”, comentaron voces que amplificaron las declaraciones del empresario.
Murcia sostuvo además que decidió hacer públicas sus afirmaciones tras “cansarse de esperar”, en un contexto en el que, según él, el dirigente político proyectaba una imagen de rectitud ante la opinión pública.
Desde el entorno de De la Espriella se rechazaron tales señalamientos y se afirmó que se trata de acusaciones sin sustento, enmarcadas en una supuesta persecución política en tiempos electorales.
En pronunciamientos previos, el abogado ha defendido la legalidad de su campaña y ha insistido en que superó el umbral requerido para participar.
El debate también se extendió a la forma en que fueron presentadas las planillas ante la autoridad electoral.
En redes sociales circularon cuestionamientos sobre la escenificación mediática de la entrega de cajas con documentos.
Algunos críticos afirmaron que varias de las cajas exhibidas en videos promocionales parecían livianas en contraste con el volumen que se presumía contenían.
Aunque tales observaciones no forman parte de los informes oficiales, contribuyeron a la narrativa de desconfianza difundida en plataformas digitales.
La discusión se enmarca en un contexto de alta polarización, donde la recolección de firmas se ha convertido en un termómetro de legitimidad política.
Para los aspirantes que optan por esta vía, el número de apoyos recolectados no solo representa un requisito legal, sino también un símbolo de fortaleza electoral.
El episodio ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de la verificación rigurosa de datos y la transparencia en los procesos de participación ciudadana.
Mientras algunos interpretan la validación como una prueba de que el sistema de control funciona, otros consideran que la brecha entre lo anunciado y lo certificado afecta la credibilidad de las campañas.
La controversia continúa desarrollándose en el terreno político y mediático.
Por un lado, De la Espriella mantiene su aspiración respaldado por el número de firmas finalmente avaladas.
Por otro, las acusaciones de Murcia y el debate sobre la magnitud real del apoyo ciudadano han abierto un frente adicional de escrutinio público.
En plena carrera electoral, cada cifra y cada declaración adquieren un peso determinante.
El desenlace de las eventuales acciones legales derivadas de las denuncias y el impacto político de la validación de firmas marcarán el rumbo de una campaña que ya muestra signos evidentes de confrontación intensa y permanente vigilancia ciudadana.
