La candidata presidencial Paloma Valencia compartió la denuncia de una funcionaria que recibió una fotografía íntima de Duque sin su consentimiento

Bogotá – En un giro que ha sacudido la esfera política y social en Colombia, Acxan Duque Gamez, viceministro para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza y jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de la Igualdad y Equidad, presentó este jueves su renuncia ante la presión generada por una denuncia interna que fue divulgada públicamente por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

El caso ha puesto de nuevo en el centro del debate la conducta ética de quienes ocupan altos cargos públicos y la protección de los entornos laborales en sectores estatales.

Según la denuncia, una funcionaria del Ministerio recibió en un chat personal de mensajería una imagen con contenido íntimo enviada por Duque sin consentimiento, lo que, según la afectada, excede con creces los límites de una relación laboral respetuosa.

“Recibí… un contenido de carácter íntimo por parte de mi superior jerárquico, el doctor ACXAN DUQUE GAMEZ, sin que mediara consentimiento alguno de mi parte.

Esta situación me generó incomodidad y constituye una conducta que excede los límites del ámbito laboral”, expresó la funcionaria en el documento que expuso Valencia en sus redes sociales.

El mensaje vino acompañado por un enlace que, en el contexto de la conversación, fue interpretado por la denunciante como un intento de comunicación inadecuada.

Frente a esto, la trabajadora respondió con firmeza: “Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero no me vuelva a enviar contenido de ese tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral”.

Tras la difusión de la denuncia, Duque decidió dejar el cargo.

Según versiones cercanas al exviceministro, él habría afirmado en privado que la imagen estaba destinada a su pareja sentimental y que su envío a la funcionaria se trató de un error.

Sin embargo, con el avance de la polémica y la repercusión pública, optó por apartarse de sus funciones para afrontar las investigaciones que han sido trasladadas a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General.

La salida de Duque fue anunciada en un comunicado oficial del Ministerio de la Igualdad y Equidad, en el que el ministro Luis Alfredo Acosta subrayó que “en este Ministerio no toleramos, no minimizamos ni encubrimos ninguna forma de violencia contra las mujeres.

Aquí no hay espacio para privilegios, jerarquías ni silencios cómplices… ninguna posición de poder puede convertirse en un lugar de impunidad”.

La denuncia y la renuncia han encendido una ola de reacciones políticas y sociales.

Desde su cuenta en la red social X, Paloma Valencia enfatizó la necesidad de acción inmediata de las autoridades y criticó duramente al Ejecutivo:

“Así tiene que ser. A las mujeres no se les acosa”, afirmó, y agregó que esperaba mecanismos robustos de protección para la víctima.

“Reitero mi llamado urgente… para brindarle toda la protección a la víctima”, escribió, lanzando además fuertes críticas al Gobierno en torno a la gestión del Ministerio de la Igualdad.

La controversia se produce en un momento en que temas de equidad, respeto en entornos laborales y conductas éticas de funcionarios públicos están bajo escrutinio nacional.

El caso se suma a otros episodios en Colombia donde acusaciones sobre conductas inapropiadas han tenido resonancia pública y mediática en los últimos meses, intensificando el debate público sobre políticas de prevención y manejo de conductas que atenten contra la dignidad de las personas en el ámbito profesional.

El trasfondo legal también está cobrando protagonismo: tras la remisión del caso a las instancias judiciales competentes, se espera que la Fiscalía y la Procuraduría determinen los pasos a seguir, en paralelo con los procesos internos que ya se habían iniciado en el Ministerio a través del Comité de Convivencia Laboral.

Por ahora, la atención sigue centrada en cómo se desarrollará la investigación y qué implicaciones tendrá para las políticas institucionales de prevención y respuesta ante denuncias de este tipo en el sector público colombiano.