La Fiscalía del Estado de México ejecutó la detención de la alcaldesa de Capulhuac, Selene “N”, tras una denuncia por presunto abuso de autoridad y lesiones contra una trabajadora del DIF municipal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de Selene “N”, entonces presidenta municipal de Capulhuac, acusada de presunto abuso de autoridad y lesiones en agravio de una servidora pública del DIF municipal.

El caso, que comenzó con una denuncia difundida en redes sociales por una psicóloga identificada como Miriam “N”, derivó en una investigación que escaló rápidamente hasta niveles estatales y federales, con una fuerte presión social y política que terminó en su captura durante un evento público en la comunidad de San Miguel Almaya.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de mayo dentro de las instalaciones del Sistema Municipal DIF de Capulhuac, donde la trabajadora relató haber sido agredida tras una discusión relacionada con decisiones administrativas internas.

En un video que se viralizó en cuestión de horas, Miriam apareció visiblemente golpeada y expresó: “Responsabilizo a la alcaldesa de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia”, señalamiento que detonó protestas inmediatas en el municipio.

Vecinos, trabajadores y familiares bloquearon una de las principales vías de acceso a la zona, exigiendo justicia.

La tensión creció cuando el Cabildo municipal, integrado por siete regidores, decidió solicitar la destitución de la alcaldesa.

Seis de ellos respaldaron la petición, incluso integrantes de su propio partido político, lo que provocó un quiebre institucional sin precedentes en la administración local.

En medio de la crisis, la entonces alcaldesa solicitó licencia temporal por 90 días, aunque posteriormente intentó retomar funciones sin autorización del Cabildo, lo que generó nuevos enfrentamientos políticos.

Durante ese periodo, el gobierno municipal quedó bajo la administración interina de Sara Arellano, mientras la Fiscalía avanzaba en la integración del caso.

Según testimonios recabados, la víctima habría denunciado previamente irregularidades administrativas dentro del DIF.

Un trabajador municipal que pidió anonimato declaró: “Había un ambiente de presión constante, decisiones que no se discutían y miedo a hablar”.

Estas declaraciones fueron incorporadas al expediente como parte del contexto de investigación.

La Fiscalía estatal, en coordinación con instancias federales, fortaleció la investigación en las semanas posteriores.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que la operación contó con seguimiento interinstitucional, lo que permitió ubicar los movimientos de la funcionaria mientras intentaba mantener actividad política en distintas comunidades del Estado de México.

El momento de la detención ocurrió al término de un evento público en San Miguel Almaya.

Agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión sin incidentes mayores.

Testigos describieron la escena como inesperada.

Una asistente al evento relató: “Terminó de hablar, caminó hacia la salida y de pronto ya estaban los agentes. Nadie reaccionó”.

Tras su captura, la exfuncionaria fue trasladada al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, un centro penitenciario donde también han ingresado exfuncionarios y personas procesadas por delitos de alto impacto.

La Fiscalía informó que los cargos imputados incluyen abuso de autoridad y lesiones dolosas contra una servidora pública.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa argumentó falta de pruebas suficientes y motivaciones políticas detrás de la denuncia.

Sin embargo, el juez determinó que existían elementos suficientes para continuar con el proceso judicial y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En declaraciones posteriores a su detención, autoridades ministeriales señalaron que el caso no se limita a un hecho aislado.

Un investigador del caso explicó: “Estamos ante una posible conducta sistemática dentro de la administración municipal que está siendo analizada en su conjunto”.

El impacto social del caso ha sido significativo en Capulhuac, un municipio donde la figura del presidente municipal suele tener una presencia cercana en la vida cotidiana de la población.

La división política y social se profundizó tras la difusión del video de la víctima, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas y generó una ola de solidaridad en redes sociales.

En medio del proceso, la atención también se dirigió a la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Según reportes oficiales, hubo seguimiento institucional desde niveles superiores de seguridad pública para garantizar la ejecución de la orden judicial sin interferencias.

Una fuente cercana a la investigación indicó que el papel de la Fiscalía fue determinante para consolidar el caso.

“Se trabajó con evidencia documental, testimonios y registros internos del municipio”, explicó.

Mientras tanto, Miriam continúa bajo resguardo médico y psicológico, según informaron autoridades locales.

En una breve declaración posterior al avance del caso, expresó: “Solo quería que se supiera lo que pasó. No pensé que llegaría tan lejos”.

El proceso judicial sigue en curso y se espera que en los próximos meses se definan nuevas audiencias.

Para Capulhuac, el caso ha marcado un antes y un después en la relación entre ciudadanía y autoridades locales, dejando abiertas preguntas sobre el uso del poder municipal y los mecanismos de rendición de cuentas en gobiernos de pequeña escala.