⚖️ La Procuraduría pide condena contra Álvaro Hernán Prada en juicio por soborno a testigos
En una audiencia que marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más sensibles del país, la Procuraduría General de la Nación solicitó sentencia condenatoria contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, por su presunta complicidad en el delito de soborno a testigo en actuación penal, dentro del expediente relacionado con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.
La intervención del Ministerio Público, representado por el procurador delegado Vladimir Cuadro Crespo, se produjo en el marco del juicio que adelanta la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Tras 18 meses de interrupciones y aplazamientos, el proceso entró en su fase de alegatos finales con una postura clara por parte del ente de control: para la Procuraduría, Prada actuó con dolo y su conducta fue antijurídica, aunque en calidad de cómplice y no de autor principal.
Durante la audiencia, el procurador fue enfático: “Este delegado solicita la condena, toda vez que el doctor Prada contribuyó dolosamente en su condición de cómplice a la ejecución de los ofrecimientos ilegales hechos por Carlos López Callejas a Juan Guillermo Monsalve, vulnerando la administración de justicia de manera autónoma a los otros procesos relacionados”.
El caso gira en torno a los presuntos ofrecimientos realizados al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en el proceso que se sigue contra el expresidente Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Según la acusación, Prada habría actuado como intermediario en los contactos con Carlos Eduardo López Callejas, alias “Caliche”, quien supuestamente transmitió a Monsalve propuestas de beneficios jurídicos —entre ellos eventual ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revisión de su situación judicial e incluso libertad— a cambio de retractarse de sus declaraciones que vinculaban a los hermanos Uribe con la conformación de grupos paramilitares.
En su exposición, el representante del Ministerio Público sostuvo que la conducta atribuida a Prada “puso en peligro efectivo y sin justa causa el bien jurídico de la recta y eficaz impartición de justicia”.
Añadió que el delito de soborno en actuación penal es de mera conducta, por lo que la antijuridicidad se configura en el momento mismo en que se realizan los ofrecimientos, independientemente de que el testigo los haya aceptado o no.
“La evidencia arroja que el acusado pudo establecer plenamente la condición de testigo de Juan Guillermo Monsalve y que precisamente por esa razón fue abordado con ofrecimientos y promesas de beneficios jurídicos”, afirmó el procurador, quien subrayó que Prada conocía la ilicitud de ofrecer beneficios a cambio de modificar una declaración judicial.
Uno de los puntos centrales de la intervención fue la autonomía de la conducta atribuida a Prada frente a las actuaciones que se investigan en otros procesos contra el expresidente Uribe y su entonces abogado Diego Javier Cadena.
“La conducta del acusado se muestra como un actuar emancipado y autónomo de los eventos judicialmente enrostrados tanto a Uribe Vélez como a su abogado”, precisó el delegado.
En ese sentido, indicó que la responsabilidad de Prada debe analizarse de manera independiente, sin que sea determinante establecer si existió o no una orden directa en la cadena de hechos.
La Procuraduría discrepó parcialmente de la calificación jurídica de autoría y consideró que la participación de Prada encaja en la figura de complicidad, al haber prestado una ayuda esencial para que se materializaran los ofrecimientos.
“No ejecutó el verbo rector directamente, pero prestó una ayuda determinante”, explicó el funcionario ante los magistrados.
Por su parte, en declaraciones anteriores recogidas durante el juicio, Prada ha insistido en que no fue él quien buscó a los testigos.
“Nunca fui yo quien buscó a los testigos”, sostuvo al inicio de la reanudación del proceso.
También señaló que, según le informaron, Monsalve “quería contar la verdad a favor de Álvaro Uribe porque le habían incumplido la promesa de sacarlo a Canadá y protegerlo”.
El magistrado del Consejo Nacional Electoral explicó que el contacto con “Caliche” se habría dado a través del ganadero Rodrigo Vidal y que este se presentó como amigo de Monsalve.
Según su versión, la iniciativa no partió de él para ofrecer beneficios, sino que se trató de una interlocución en la que se le manifestó la supuesta intención del testigo de retractarse.
No obstante, para la Procuraduría, los mensajes interceptados en febrero de 2018 entre Monsalve y López Callejas, así como otros elementos probatorios, indican que existió una gestión encaminada a obtener una retractación formal en favor del expresidente Uribe y en detrimento del senador Iván Cepeda.
El proceso contra Prada se desarrolla en paralelo al que enfrenta el exmandatario Uribe, en un expediente que ha marcado la agenda judicial y política del país en los últimos años.
La solicitud de condena por parte del Ministerio Público adquiere relevancia adicional porque el mismo delegado había intervenido anteriormente en actuaciones relacionadas con el caso del expresidente.
Ahora será la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema la encargada de valorar el acervo probatorio y decidir si acoge o no la petición de la Procuraduría.
De prosperar la tesis del Ministerio Público, Prada podría enfrentar una sentencia condenatoria por soborno a testigo en actuación penal en calidad de cómplice.
El desenlace del juicio se produce en un contexto político de alta polarización, con reacciones divididas en distintos sectores.
Sin embargo, en el ámbito estrictamente judicial, la discusión se centra en determinar si la intervención atribuida a Prada constituyó una contribución dolosa y jurídicamente relevante para intentar alterar el curso de la justicia.
La decisión que adopte la Corte no solo tendrá implicaciones personales para el magistrado del Consejo Nacional Electoral, sino que también incidirá en el desarrollo de los demás procesos vinculados al caso.
Por ahora, el país permanece atento a una sentencia que podría redefinir responsabilidades en uno de los expedientes más complejos y controvertidos de la historia reciente colombiana.
