Claudia Romero denunció una campaña de desinformación y violencia política de género tras la difusión de publicaciones falsas sobre su identidad y supuestos vínculos personales con el presidente Gustavo Petro.
Una nueva controversia digital sacude el escenario político colombiano tras una serie de ataques, desinformación y amenazas que involucran al creador de contenido Levy Rincón, a la candidata a la Cámara por Bogotá Claudia Romero y a activistas digitales identificados con la oposición al Gobierno.
La polémica comenzó con una publicación en redes sociales que aseguraba falsamente que Claudia Romero, candidata del Pacto Histórico, “sería en realidad un hombre”, afirmación acompañada de comentarios sobre su apariencia física.
El mensaje fue replicado por cuentas críticas del presidente Gustavo Petro, generando una ola de comentarios ofensivos.
Romero respondió públicamente rechazando los señalamientos y calificándolos como violencia política de género.
“Hoy no debo hablar solo como candidata, sino también como mujer, madre y ciudadana.
La persona que aparece en las imágenes que circulan en redes junto al presidente Gustavo Petro no soy yo.
Asociarme a rumores de carácter íntimo para intentar sabotear a este gobierno, desprestigiar mi nombre es una forma de violencia política contra las mujeres”, afirmó en un video difundido en sus redes.
El ambiente se tensó aún más tras un debate televisado en el que participaron Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo, emitido por Caracol Televisión.
Durante la discusión sobre las consultas previas y su impacto en el desarrollo del país, Oviedo sostuvo: “No es estigmatizar, es decir la verdad”.
Más adelante añadió que estas “se han convertido en un obstáculo para el progreso de Colombia”, aunque matizó que se trata de “un derecho que debemos respetar de las comunidades también” y propuso “buscar un punto medio que nos permita (…) respetar los derechos (…) pero que nos deje avanzar”.
Fue en ese contexto que Levy Rincón reaccionó con un mensaje en redes sociales dirigido a varios dirigentes de oposición: “Se reúnen un poco de ridículos desocupados que no suman ni el 7% de votos entre todos.
Con todo respeto, cómanse un tarrado y búsquense un trabajo honesto”.
El comentario desató una escalada de confrontaciones digitales.
Desde una cuenta identificada como “Mao Anti Petro” se publicó una respuesta que incluía expresiones amenazantes contra Rincón, entre ellas: “Cómo me encantaría encontrarme este perro en Bogotá y terminar lo que inició pinchado (…) Voy a empezar a cazarlo por Ciudad Salitre.
El que sepa dónde vive, escríbame que pago 3 millones por la dirección”.
Rincón contestó con ironía: “Págamelos a mí.
Yo te paso la dirección por interno”.
Posteriormente, la misma cuenta difundió un video en el que se escuchan frases como: “¿Cuánta bala quiere que le dé? (…) Aquí lo que tengo es para darle a usted”, junto a imágenes de supuestas armas.
Ante la gravedad del contenido, Rincón denunció públicamente la situación: “Buenas tardes, la cuenta (…) acaba de amenazarme de muerte.
Está ofreciendo 3 millones de pesos por información mía y en este video muestra las balas con las que me quiere matar”.
La controversia sumó nuevas acusaciones cuando el periodista Gonzalo Guillén señaló en redes sociales que detrás de la cuenta podría haber una estructura organizada.
“Es una bodega de Espriella. Hacen seguimientos con una red disfrazada de vendedores de obleas. Yo ya instauré una denuncia en la fiscalía. Tener cuidado, son muy peligrosos”, escribió, en referencia al abogado y figura política Abelardo de la Espriella.
Hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que confirmen esa vinculación.
El episodio ha reavivado el debate sobre la violencia digital, la desinformación y los límites del discurso político en redes sociales.
Las amenazas directas, la oferta de dinero por datos personales y la exhibición de armas han generado preocupación entre distintos sectores, que piden investigaciones rápidas y garantías de seguridad.
En un país donde la polarización política se expresa con intensidad en el entorno digital, el caso evidencia cómo los enfrentamientos verbales pueden escalar hacia escenarios de riesgo real.
Mientras avanzan las denuncias ante la Fiscalía, el foco se centra ahora en la responsabilidad penal de quienes emiten amenazas y en la necesidad de frenar la normalización de la intimidación como herramienta de confrontación política.
