El Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento salarial del 7% para oficiales y hasta del 25,6% para rangos bajos de la Fuerza Pública, con efectos retroactivos desde enero de 2026

El anuncio del incremento salarial para los miembros de la Fuerza Pública en Colombia ha provocado una nueva controversia política, evidenciando las profundas divisiones entre el Gobierno y sectores de la oposición.

La medida, impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro, busca mejorar las condiciones económicas de militares y policías, especialmente en los rangos más bajos, pero ha generado críticas desde distintos frentes.

El decreto establece un aumento del 7% para oficiales y suboficiales, cifra que supera la inflación del año anterior.

Sin embargo, el punto más destacado radica en los incrementos significativamente mayores para la base de la institución: los soldados profesionales recibirán un aumento del 23%, mientras que los cabos terceros alcanzarán un incremento del 25,6%.

Esta decisión ha sido presentada por el Gobierno como un paso histórico hacia la nivelación salarial dentro de la Fuerza Pública.

“El objetivo es claro: que quienes menos ganan sean los más beneficiados”, explicó el presidente Petro, quien además subrayó que esta política busca dignificar la labor de quienes “arriesgan su vida por la seguridad del país”.

Según cifras oficiales, el salario de un soldado profesional pasará de aproximadamente 1,99 millones de pesos a más de 2,45 millones, con efecto retroactivo desde enero de 2026.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, respaldó la medida destacando su impacto social.

“Cada soldado o policía es un hijo, un padre o una madre que entrega su vida al país. Este aumento no solo reconoce su labor, sino que mejora las condiciones de más de 100.000 familias”, afirmó.

Además, señaló que el Gobierno ha triplicado beneficios como las bonificaciones para quienes prestan el servicio militar, en un esfuerzo por fortalecer la moral institucional.

Desde el interior de la Fuerza Pública, testimonios reflejan el impacto directo de estas decisiones.

“Eso va a mejorar muchísimo la calidad de vida de mí y de mi familia”, expresó un cabo al conocer el incremento salarial.

En otro caso, un soldado relató cómo estos ingresos permiten apoyar a su hogar: “Sabemos que nuestra familia es importante y queremos que esté protegida mientras cumplimos nuestra misión”.

No obstante, la medida no ha estado exenta de controversia.

La congresista Katherine Miranda cuestionó el alcance del aumento, señalando que el incremento general del 7% resulta insuficiente frente al costo de vida.

“El costo de vida subió al ritmo del salario mínimo… pero cuando el gobierno tiene que pagarle a la Fuerza Pública, ahí sí aparece la austeridad”, afirmó públicamente.

Sus declaraciones generaron un fuerte debate, especialmente por omitir los incrementos más altos dirigidos a los rangos inferiores.

En medio de la polémica, el comandante general de las Fuerzas Militares intervino para rechazar las versiones sobre una supuesta desmoralización en las tropas.

“Las Fuerzas Militares de Colombia no están desmoralizadas… somos hombres y mujeres que se levantan con la convicción de servir a Colombia, siempre con honor, disciplina y amor por la patria”, aseguró, desmintiendo narrativas que han circulado en el debate político.

El Gobierno ha insistido en que esta política forma parte de una estrategia más amplia para dignificar a la Fuerza Pública, incluyendo programas de vivienda y mejoras en las condiciones sociales.

“La vivienda para militares y policías es fundamental para garantizar estabilidad y dignidad”, reiteró el presidente Petro en una reciente intervención.

Por su parte, sectores afines al oficialismo han defendido la medida como una corrección a desigualdades históricas dentro de la institución.

“No es un regalo, es justicia”, señaló el congresista Alejandro Ocampo, quien respaldó la decisión argumentando que priorizar a los rangos más bajos fortalece la economía real y reduce brechas internas.

El debate también se enmarca en un contexto más amplio de discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en la economía.

Mientras algunos críticos advierten sobre el encarecimiento del costo de vida, el Gobierno sostiene que mayores ingresos en los sectores populares impulsan el consumo y dinamizan la actividad económica.

En paralelo, análisis internacionales han señalado que los efectos negativos pronosticados por algunos sectores no se han materializado en la magnitud esperada.

Esto ha sido utilizado por el Ejecutivo para defender su política económica y social, insistiendo en que el fortalecimiento del ingreso de los trabajadores y de la Fuerza Pública contribuye a la estabilidad interna.

Así, el aumento salarial a militares y policías se ha convertido en un nuevo punto de confrontación política en Colombia.

Más allá de las cifras, el debate refleja dos visiones contrapuestas sobre el papel del Estado, la distribución del ingreso y la relación con la Fuerza Pública.

Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance histórico en equidad y reconocimiento, la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre su sostenibilidad y alcance.

En el centro de esta discusión permanecen miles de hombres y mujeres que, desde distintas regiones del país, continúan cumpliendo su labor en condiciones que ahora, según el Ejecutivo, comienzan a transformarse.