Carolina Corcho denuncia corrupción en el Congreso colombiano relacionada con la apropiación y distribución de tierras a campesinos e indígenas.
En un giro dramático de los acontecimientos, Carolina Corcho, representante de la organización campesina Somos Tierra, ha destapado una serie de irregularidades en el manejo de la tierra en Colombia, revelando cómo el Congreso está siendo manipulado por intereses oscuros que benefician a terratenientes y políticos corruptos.
Durante una reciente intervención, Corcho expuso cómo la Agencia Nacional de Tierras ha comenzado a devolver tierras a campesinos en Caparrapí, un acto que debería ser celebrado como justicia y reparación, pero que se ve empañado por la corrupción que reina en el sistema político.
“Nosotros comenzamos aquí la actividad hace dos años.
El 31 de mayo de 2024 fue cuando oficialmente obtuvimos la tierra que vino Felipe Harman y nos dijo, ‘Esta tierra ya es de ustedes'”, afirmó Corcho, destacando el progreso logrado en la restitución de tierras a las comunidades campesinas.
Sin embargo, su entusiasmo se ve opacado por la realidad de un Congreso que, según ella, está más preocupado por proteger sus propios intereses que por garantizar los derechos de los campesinos.
Corcho denunció que más del 30% de los congresistas están involucrados en la apropiación de tierras baldías, lo que plantea serias preguntas sobre la integridad de las decisiones legislativas.
“La realidad es que tenemos un Congreso metido de cabeza en el latifundio, que no le gusta hablar sobre los procesos agrarios porque ahí se siente muy cómodo”, expresó con indignación.
La situación se complica aún más cuando se observa la falta de apoyo de los partidos tradicionales en la votación de la jurisdicción agraria.
“Desaparecieron. Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U… ¿dónde están?”, cuestionó Corcho, refiriéndose a la ausencia de estos partidos en momentos críticos para la aprobación de leyes que beneficien a los campesinos.
“Cuando se hace la pregunta de por qué un congresista votaría en contra de los campesinos, resulta que se está votando a favor de su propio bolsillo”, añadió, evidenciando la corrupción que permea el sistema.
El informe de la Contraloría sobre el acaparamiento de tierras ha puesto en el punto de mira a varios senadores, revelando vínculos entre políticos y la propiedad de tierras en disputa.
“Los legisladores recurrieron a familiares, cónyugues y amigos cercanos para encubrir la titularidad de los predios”, denunció Corcho, citando ejemplos concretos de cómo se han manipulado los registros para beneficiar a ciertos individuos a expensas de los derechos de los campesinos.
Corcho también hizo hincapié en la importancia de la entrega de tierras a comunidades indígenas y campesinas, resaltando que el 85% de la población en Palmito es indígena Senu, quienes históricamente han trabajado la tierra.
“No podemos permitir que esta comunidad quede rezagada en la entrega de tierras. La reforma agraria debe beneficiar a todos”, afirmó, defendiendo la necesidad de un enfoque inclusivo en la distribución de tierras.
A pesar de los avances en la restitución de tierras, la lucha por la justicia agraria en Colombia enfrenta obstáculos significativos. “La entrega administrativa de tierras es un mecanismo que ya existió en Colombia desde el año 2017.
Es fundamental para el desarrollo de este país, para calmar el hambre y para sembrar lo que realmente necesitamos”, enfatizó Corcho, subrayando la urgencia de actuar frente a la crisis alimentaria que enfrenta la nación.
La presión sobre el Congreso para aprobar leyes que protejan los derechos de los campesinos es más crítica que nunca.
“Si no se cambia ese Congreso, si sigue llegando gente a defender negocios y despojos, no va a cambiar Colombia”, advirtió Corcho, haciendo un llamado a la acción para que el pueblo colombiano se una en la lucha por un sistema más justo.
El escándalo que ha surgido a raíz de estas revelaciones no solo pone de manifiesto la corrupción en el sistema político, sino que también resalta la resiliencia de las comunidades campesinas que continúan luchando por sus derechos.
“No podemos permitir que nos quiten lo que es nuestro. La tierra es nuestra vida, y estamos dispuestos a luchar por ella”, concluyó Corcho, con una determinación palpable en su voz.
La situación en Colombia es un recordatorio de que la lucha por la justicia agraria es una batalla constante, donde los intereses de los poderosos a menudo chocan con los derechos de los más vulnerables.
A medida que la comunidad campesina se organiza y alza su voz, el futuro de la reforma agraria y la justicia social en el país pende de un hilo, y el pueblo colombiano deberá decidir si permitirá que la corrupción continúe reinando o si se levantará para exigir un cambio verdadero.
