Cristian Camilo Valencia Hurtado asesinó a su pareja Daisy Granados y a sus hijastras Karen y Daniela en una vivienda del barrio Atalayas en Bosa

El caso que ha sacudido a Bogotá y al país entero cobra nuevos matices tras las desgarradoras declaraciones del padre de Karen y Daniela Penagos, de 20 y 17 años, quienes fueron asesinadas junto a su madre, Daisy Granados, en una vivienda del barrio Atalayas en la localidad de Bosa.

Ferney Penagos, visiblemente afectado, relató en exclusiva la tragedia que convirtió su vida en una pesadilla inimaginable: “No entiendo por qué me las arrebata”, dijo con la voz quebrada, describiendo el momento en que descubrió que su familia había sido asesinada por Cristian Camilo Valencia Hurtado, quien según la investigación, convivió durante tres días con los cadáveres de las tres mujeres antes de ser descubierto.

El horror se desató entre el 20 y el 23 de marzo, cuando Valencia, pareja sentimental de Daisy Granados, presuntamente la atacó junto a sus dos hijastras con un arma blanca dentro de la casa que compartían.

Vecinos reportaron movimientos inusuales y puertas trabadas, lo que eventualmente despertó sospechas.

La alarma se generó cuando familiares intentaron contactarlas sin éxito, forzando la puerta y descubriendo una escena escalofriante: los cuerpos de las tres mujeres sin vida, en un ambiente cerrado y silencioso.

La escena puso en evidencia una violencia extrema que, según los testimonios, no era algo completamente inesperado para quienes conocían al agresor.

Penagos narró cómo, tras el hallazgo, la policía y los bomberos ingresaron a la vivienda.

“Estaba yo con sospechas porque nadie me confirmaba nada, pero lo peor había pasado”, relató con dolor.

Las investigaciones señalan que Valencia habría utilizado los celulares de las víctimas para enviar mensajes y responder conversaciones, simulando que las jóvenes seguían vivas, lo que contribuyó a la confusión y demoró la intervención de las autoridades.

“Él decía: ‘Mire, mire’, y se desconectaba y volvía a conectarse horas después”, contó un familiar, evidenciando la crueldad de sus acciones.

La historia de violencia no parece ser un hecho aislado.

Registros judiciales y testimonios de personas cercanas revelan que Daisy Granados había sido víctima de agresiones físicas, psicológicas e incluso amenazas con arma blanca por parte de Valencia en el pasado.

En una denuncia del 21 de febrero de 2025, Granados denunció múltiples episodios de violencia extrema, privación de la libertad y amenazas dirigidas tanto a ella como a sus hijas.

A pesar de esto, los hechos trágicos ocurrieron sin que se lograra detener la escalada de violencia.

El juez del caso, al narrar uno de los episodios previos de agresión, citó las palabras de una víctima: “Me quitó el celular y empezó a darme golpes en la cabeza varias veces.

Luego me tiró al piso y empezó a darme patadas”.

Estas declaraciones judiciales forman parte de los antecedentes que muestran un patrón de violencia grave por parte de Valencia, que finalmente culminó en el peor de los desenlaces.

Tras ser descubierto en la vivienda, Valencia intentó también quitarse la vida ingiriendo raticida, aunque no lo logró.

En medio de este intento fallido, fue capturado y llevado ante la justicia, donde aceptó los cargos en su contra.

“Sí, acepto los cargos totalmente y soy consciente de todo el proceso en este momento”, declaró ante el juez, una admisión que sella su participación en el triple homicidio.

Ahora enfrenta una de las posibles condenas más altas dentro del sistema penal colombiano, con estimaciones que superan los 500 meses de prisión sin posibilidad de reducción de pena debido a la gravedad de los delitos.

La vida de Daisy, Karen y Daniela quedó truncada de manera brutal.

Daisy Granados, de 42 años, era descrita por familiares y amigos como una mujer emprendedora, dedicada a su hogar y madre amorosa.

Karen, con 20 años, cursaba estudios en aviación y tenía grandes sueños por delante, mientras que Daniela, de 17 años, estaba a punto de terminar el bachillerato, reconocida por su carácter dulce y cariñoso.

“Mi hija Karen era una niña soñadora, muy alegre”, recordó su padre con lágrimas en los ojos; “y Daniela, un amor dulce, siempre tan melosa conmigo”.

Los funerales de las tres víctimas estuvieron marcados por el dolor y la incredulidad de familiares, amigos y conocidos que se reunieron para despedirlas.

El sufrimiento de la familia Penagos Granados se convirtió en una demanda colectiva de justicia.

“Ni una más, ni una más, ni una más.

Justicia, justicia, justicia”, clamaban los asistentes, reflejando el sentimiento de quienes sienten que este tipo de violencia contra mujeres y jóvenes no puede repetirse.

Este caso ha puesto de manifiesto nuevamente las fallas en la prevención de la violencia intrafamiliar y la necesidad de mecanismos más efectivos para proteger a las víctimas de agresores con antecedentes de violencia.

A pesar de las denuncias previas, la tragedia se consumó en la intimidad de un hogar que debería haber sido un refugio seguro.

El episodio también abre debates sobre la manera en que se gestionan las denuncias de violencia doméstica y cómo se protege a quienes están en riesgo.

Organizaciones y defensores de derechos de las mujeres han señalado la urgencia de fortalecer los sistemas de alerta temprana y dar un seguimiento más riguroso a casos de violencia reportados.

Mientras Valencia se enfrenta a una condena ejemplar, el recuerdo de Daisy, Karen y Daniela permanece en la memoria de quienes las conocieron.

La comunidad exige no solo justicia legal, sino también cambios estructurales que eviten que tragedias como esta se repitan.

Sus historias —de una madre valiente y de dos jóvenes llenas de vida y sueños— siguen resonando como un llamado a actuar con determinación frente a la violencia que a menudo queda oculta tras puertas cerradas.

La inmensa tristeza del padre Ferney y de toda una familia que vio arrebatadas a sus hijas y esposa de manera brutal, genera un eco de protesta y exigencia de justicia que trasciende el ámbito judicial para convertirse en una demanda social: el fin de la violencia intrafamiliar y la protección real de quienes la sufren.

El país entero observa y reflexiona sobre cómo evitar que otra familia tenga que vivir una tragedia similar, esperando que la pena más severa impuesta a Valencia sirva como una advertencia contundente para quienes cometen actos de violencia extrema.