El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba un aumento del 23,7 % del salario mínimo impulsado por el presidente Gustavo Petro y dio al Gobierno ocho días para justificarlo.
El aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro quedó temporalmente suspendido por decisión del Consejo de Estado, que otorgó al Gobierno un plazo de ocho días para justificar jurídica y económicamente la medida.
La determinación abrió un nuevo frente de tensión política en torno a una de las principales banderas sociales del Ejecutivo.
El decreto fijaba un incremento del 23,7 %, con el que el salario mínimo pasaba a ubicarse en dos millones de pesos.
Desde el anuncio, el mandatario defendió la decisión como un paso hacia el “salario vital”.
“A los trabajadores hay que cumplirles ese aumento del 23,7 %.
Yo como presidente doy esa garantía”, afirmó.
Más recientemente, sostuvo que, según estudios técnicos y financieros, el salario mínimo vital debería situarse en 2.155.000 pesos para cerrar brechas salariales.
La suspensión provisional fue interpretada por sectores oficialistas como un revés político.
El presidente reaccionó señalando que el empresariado debía mantener el pago conforme al decreto mientras se resuelve el fondo del asunto.
“Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”, expresó, al tiempo que el Ministerio anunció mayor vigilancia y recepción de quejas laborales.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien anteriormente fue viceministro de Trabajo y dirigente sindical, aseguró que los indicadores permitirían incluso un incremento mayor.
“Solo con el parámetro de productividad y la participación de los salarios en la construcción del producto interno bruto, diera para aumentar más del 23 % del salario mínimo”, afirmó, defendiendo la constitucionalidad de la medida en el marco del artículo 53 de la Carta Política.
La decisión judicial se produce en un contexto preelectoral y ha reavivado el debate entre Gobierno y oposición.
Desde sectores críticos se argumenta que un alza de esa magnitud podría generar presiones inflacionarias y afectar a pequeñas y medianas empresas.
El propio presidente reconoció que el debate no es únicamente sobre el monto, sino sobre el impacto en una economía donde múltiples precios y tarifas están indexados al salario mínimo.
En respuesta, el mandatario cuestionó a quienes inicialmente se opusieron al incremento y ahora respaldan su mantenimiento.
“Variaron por completo el apoyo al salario vital”, escribió en redes sociales, sugiriendo que detrás de la controversia existirían intereses electorales.
También advirtió que el Ejecutivo activará acciones constitucionales para “revivir el decreto” si es necesario.
Durante los últimos tres años, el Gobierno ha destacado que el salario mínimo ha tenido incrementos acumulados superiores al 38 %, además del ajuste más reciente.
Según cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, en ese mismo periodo se habrían creado más de dos millones de empleos, argumento con el que se busca contrarrestar las advertencias sobre posibles efectos negativos en el mercado laboral.
El debate también ha alcanzado a figuras políticas de distintos partidos que en su momento cuestionaron la magnitud del aumento.
Desde el oficialismo se les acusa de incoherencia por apoyar ahora la permanencia del salario incrementado mientras, según el Gobierno, algunos sectores habrían respaldado acciones jurídicas para suspender el decreto.
La oposición, por su parte, insiste en que el control judicial es un mecanismo legítimo para garantizar la sostenibilidad económica.
En medio de la controversia, el presidente fue enfático al afirmar que el propósito central es dignificar el trabajo.
“El salario mínimo vital es para dignificar a las personas con su trabajo”, señaló, reiterando que la meta es avanzar hacia una redistribución más equitativa del ingreso.
La decisión del Consejo de Estado no implica una anulación definitiva, sino una suspensión provisional mientras se estudian los argumentos presentados por el Gobierno.
El Ejecutivo dispone ahora de un plazo perentorio para sustentar técnicamente la cifra del incremento y demostrar que cumple con los criterios constitucionales y legales.
Mientras tanto, el ambiente político se mantiene polarizado.
Sectores afines al Gobierno han anunciado movilizaciones en defensa del aumento, en tanto que gremios empresariales piden prudencia y diálogo.
El desenlace jurídico será determinante no solo para el salario mínimo de 2025, sino para el alcance de la política laboral del Ejecutivo en el tramo final del mandato.
La controversia refleja un debate de fondo sobre el modelo económico, la distribución del ingreso y el papel del Estado en la regulación salarial.
Con el plazo en marcha y las acciones constitucionales anunciadas, el pulso entre el Ejecutivo y la alta corte entra en una fase decisiva que marcará el rumbo inmediato de la política laboral en Colombia.
