El presidente Gustavo Petro pidió investigar a un magistrado tras la decisión que suspendió la intervención de la EPS Coosalud y devolvió su administración a antiguos directivos mediante una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Bolívar

La coyuntura política colombiana atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien solicitó investigar a un magistrado por una decisión judicial relacionada con la EPS Coosalud, mientras crece el debate sobre el papel del Banco de la República y el desempeño del sistema financiero en medio de la inflación.

El mandatario fue contundente al referirse a la decisión del magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, del Tribunal Administrativo de Bolívar, quien ordenó como medida cautelar suspender la intervención estatal sobre Coosalud y devolver temporalmente su administración a directivos anteriores.

“El magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia”, afirmó Petro, dejando clara su inconformidad frente a lo que considera una acción que favorece intereses cuestionados dentro del sistema de salud.

La intervención de Coosalud había sido ejecutada por la Superintendencia de Salud en noviembre de 2024, tras años de dificultades financieras y múltiples denuncias sobre su funcionamiento.

Sin embargo, la reciente decisión judicial revierte provisionalmente esa medida mientras se estudia el fondo del caso.

El presidente insistió en que esta determinación podría estar beneficiando a actores señalados por presuntas irregularidades, agregando: “Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye a los criminales”.

El conflicto se agudiza en medio de antecedentes judiciales que involucran al propio jefe de Estado.

Petro fue sancionado con el pago de 15 salarios mínimos tras no retractarse de haber calificado como “corrupto” al exgerente de la EPS, Jaime González.

Pese a ello, el presidente reiteró sus acusaciones y fue más allá al señalar que el exdirectivo “debería enfrentar una investigación penal por el uso de recursos públicos de la salud para su beneficio personal”.

Informes recientes han incrementado la preocupación sobre el manejo financiero de Coosalud.

Según datos conocidos por organismos de control, entre 2019 y 2025 se habrían realizado operaciones complejas como compra de cartera, uso de pagarés en blanco y estructuras fiduciarias que habrían alterado la contabilidad real de la entidad.

Las cifras son significativas: más de 55.000 millones de pesos en operaciones presuntamente simuladas, contratos por 37.000 millones y movimientos que superarían los 90.000 millones mediante patrimonios autónomos.

Parte de estos recursos, incluso, no tendría trazabilidad clara.

En paralelo, el debate económico también se intensificó tras un intercambio entre la representante Olga Lucía Velásquez y el gerente del Banco de la República.

Durante una intervención en el Congreso, la congresista cuestionó la estrategia de tasas de interés del banco central: “La inflación no solamente es la tasa de interés, son los costos de producción, el combustible, los alimentos y las materias primas lo que más afecta a las familias colombianas”.

El presidente Petro respaldó estas críticas y calificó la intervención como una “cátedra de economía”, reiterando su postura de que el incremento de tasas no está resolviendo el problema inflacionario, sino que estaría beneficiando al sector financiero.

En ese contexto, cifras de la Superintendencia Financiera indican que, en el primer bimestre de 2026, los bancos en Colombia registraron ganancias por 1,7 billones de pesos, un aumento del 16,45% frente al mismo periodo del año anterior.

“Se están llenando de plata los banqueros”, ha advertido el presidente en diferentes intervenciones, argumentando que las altas tasas favorecen la rentabilidad de las inversiones en deuda pública, mientras encarecen el crédito para ciudadanos y empresas.

Según los datos disponibles, solo cuatro entidades financieras reportaron pérdidas, mientras el resto mostró resultados positivos, encabezados por grandes grupos bancarios.

En contraste, el Gobierno destaca indicadores económicos que reflejan crecimiento en sectores productivos.

La industria manufacturera creció un 1,4% en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras el comercio minorista registró un aumento del 10,9%.

Asimismo, las exportaciones muestran una tendencia al alza impulsadas por la diversificación económica, aunque las ventas del sector minero-energético han disminuido.

En el plano político, también se generó controversia por la ausencia del senador Iván Cepeda en un debate organizado por Noticias Caracol con aspirantes presidenciales.

La dirección del medio manifestó su inconformidad señalando que “asistir no es un favor a este medio, es un deber con la ciudadanía”.

La respuesta implícita desde sectores cercanos a Cepeda apunta a cuestionamientos sobre el formato de estos espacios y su posible deriva hacia confrontaciones mediáticas más que discusiones programáticas.

La suma de estos episodios refleja un escenario de alta polarización, donde las decisiones judiciales, las políticas económicas y el papel de los medios se entrelazan en una disputa por la narrativa pública.

Mientras el Gobierno insiste en denunciar estructuras de poder tradicionales, sus críticos cuestionan el tono y las formas del Ejecutivo en medio de un entorno institucional cada vez más tensionado.