David Murcia Guzmán, creador de DMG, volvió a señalar que su entonces abogado Abelardo de la Espriella recibió 760 millones de pesos para “mover fichas” en el Congreso frente a proyectos de ley que afectaban el manejo de efectivo.
En 2006 nació en Colombia la controvertida comercializadora DMG, creada por David Murcia Guzmán, una empresa que prometía rendimientos extraordinarios —entre el 50 % y el 300 % en apenas dos meses— a quienes adquirían sus tarjetas prepago.
Miles de personas hipotecaron sus viviendas o solicitaron créditos para invertir en lo que parecía un negocio imbatible.
Sin embargo, ocho de cada diez inversionistas terminaron perdiéndolo todo cuando la estructura colapsó y fue intervenida por las autoridades.
En medio de la tormenta judicial y política que rodeó a DMG, uno de los episodios más polémicos fue la supuesta entrega de 760 millones de pesos al abogado Abelardo de la Espriella, quien entonces ejercía como defensor de Murcia.
La Fiscalía reveló en 2009 interceptaciones telefónicas y otros elementos probatorios que apuntaban a un presunto pago para realizar gestiones en el Congreso, en momentos en que se debatían iniciativas legislativas que podrían afectar el modelo de negocio de la compañía.
En grabaciones conocidas durante el proceso judicial se escucha a uno de los socios estratégicos de DMG hablar con urgencia sobre la consecución del dinero.
“Para mí bolas urgente. Acabo de hablar con David, necesito conseguir urgente. Si no se puede hoy, para mañana, 760. Urgente. Eso es para ponerle tema ahí”, dice uno de los interlocutores, identificado como Daniel Ángel. En otro fragmento añade:
“Eso toca girarlo porque mañana van a hacer una ley y unas vainas y toca pisar a la gente. Es urgentísimo.Es un tema con la oficina de Abelardo”.
Las interceptaciones también registran conversaciones de William Suárez, otro de los principales socios, confirmando la autorización del desembolso.
“Listo, señor, que se autorizó los 760”.
A la pregunta “¿Los qué?”, responde: “Los 760”.
Y ante la insistencia “¿De quién?”, replica: “De Abelardo de la Espriella”.
En ese entonces, el abogado reconoció haber recibido los 760 millones de pesos, pero aseguró que correspondían a honorarios profesionales.
Paralelamente, se conoció que sostuvo reuniones privadas con senadores para exponer la inconveniencia de ciertas propuestas legislativas, entre ellas iniciativas orientadas a penalizar el transporte de dinero en efectivo, un punto neurálgico para DMG, cuya operación se basaba en grandes movimientos de efectivo y contaba incluso con transportadora de valores propia.
Durante los años más álgidos del proceso, la defensa de la empresa sostuvo públicamente que la intervención era inconstitucional.
“DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal”, se afirmó en su momento.
Se solicitó al entonces presidente de la República la conformación de una comisión delegada “con el único objetivo de no perjudicar a más de 200.000 familias colombianas que han creído en David Murcia y en DMG”.
Sin embargo, para 2009 la Fiscalía ya había anunciado que contaba con pruebas suficientes contra la organización, entre ellas interceptaciones telefónicas a Murcia, Suárez, Margarita Pabón y Daniel Ángel.
También se mencionó la existencia de un video en el que supuestamente se evidenciaría la entrega del dinero destinado a influir en el trámite de varias leyes en el Congreso.
Años después, el propio Murcia volvió a referirse al episodio en una entrevista concedida el 13 de marzo de 2023 al periodista Daniel Coronell.
Allí, aunque evitó profundizar en la relación personal con su exabogado, lanzó señalamientos directos sobre la iniciativa del pago.
“Prefiero no referirme a ese señor”, dijo inicialmente.
Pero más adelante fue más explícito al relatar cómo se habría gestado la operación.
“Imagínate que me llamó Daniel, Daniel Ángel, y me dijo que mañana Abelardo tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760”.
Cuando el periodista le pidió precisar la cifra, respondió: “760 porque tienen que modificar unas cosas que van a hacer unas leyes al interior del Congreso”.
Murcia sostuvo que la solicitud no partió de él.
“Eso fue iniciativa de él, ¿no? En ningún momento yo le dije: ‘Oiga, vaya toque congresistas’.
Él vino y dijo: ‘Oiga, necesito 760 millones de pesos porque hay que tocar algunos congresistas para que estén en contra de esa ley’”.
Y agregó: “Yo le dije: ‘Bueno, entonces haga lo que hace.
Yo me dejo asesorar porque precisamente ustedes son los profesionales, estos son los que saben cómo se manejan los temas’”.
En la misma conversación, explicó el contexto legislativo que, según su versión, motivó la gestión.
“Los 760 millones es una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo.
Y pues nosotros trabajábamos era con efectivo”.
Las declaraciones reavivaron un episodio que marcó uno de los mayores escándalos financieros del país en la primera década del siglo XXI.
DMG fue finalmente desmantelada y Murcia terminó enfrentando procesos judiciales tanto en Colombia como en el exterior.
Entretanto, el debate sobre la naturaleza de los 760 millones —si honorarios legítimos o recursos destinados a sobornos— continúa siendo uno de los capítulos más sensibles del caso.
Lo cierto es que las grabaciones conocidas, las reuniones políticas sostenidas en su momento y las posteriores afirmaciones del propio Murcia conforman un relato complejo en el que se entrecruzan intereses económicos, decisiones legislativas y responsabilidades penales.
A casi dos décadas del auge y caída de DMG, las palabras del llamado “cerebro” de la empresa vuelven a poner bajo la lupa un episodio que dejó profundas cicatrices en miles de familias colombianas y que aún suscita interrogantes sobre los límites entre la asesoría jurídica y el lobby político en el país.
