Una comerciante de 32 años denunció un presunto ataque ocurrido el 14 de marzo de 2026 durante una ceremonia de sanación en una finca de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca

 

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Una denuncia pública realizada por Andrea Alarcón Beltrán, comerciante de 32 años, ha generado una investigación en curso en Colombia tras relatar un grave episodio ocurrido durante una supuesta ceremonia de sanación en una finca del municipio de San Antonio del Tequendama, a dos horas de Bogotá.

Según su testimonio, los hechos habrían ocurrido el 14 de marzo de 2026 en la finca conocida como Las Tres Palmas, donde se desarrollaba una reunión de más de 40 personas en el marco de prácticas asociadas a rituales con sustancias psicoactivas y medicina ancestral.

La mujer explicó que llegó al lugar con la intención de vender productos naturistas, tras haber mantenido contacto previo con uno de los organizadores.

“Yo voy para vender mis productos”, relató, señalando que llevaba aceites, preparados herbales y otros artículos comerciales valorados en aproximadamente 532.000 pesos colombianos.

Sin embargo, afirmó que desde el inicio existió presión para que participara en el consumo de las sustancias utilizadas en la ceremonia como condición para concretar negocios.

“Siempre es muy insistente con el tema de que yo tengo que tomar con ellos”, afirmó en su declaración, en referencia a las conversaciones previas con el presunto organizador.

Según su relato, ese vínculo inicial se dio a través de redes sociales y contactos relacionados con productos naturales y plantas medicinales.

De acuerdo con su testimonio, al llegar a la finca fue recibida por Sebastián, uno de los organizadores, quien le permitió dejar sus pertenencias en una habitación.

En el lugar, según describe, se realizaban prácticas con rapé —una sustancia inhalada de origen vegetal— y posteriormente el consumo de hongos alucinógenos dentro de lo que se presentaba como una experiencia de sanación espiritual.

“Lo que van a ver a continuación es real”, habría sido parte de la explicación previa dada a los asistentes, según el relato.

 

San Antonio Del Tequendama, Cundinamarca.

 

La denunciante afirmó que en el transcurso de la ceremonia comenzó a sentirse físicamente mal tras la ingesta de una sustancia ofrecida durante el ritual.

“Empecé a sentirme totalmente adormecida”, explicó, describiendo una pérdida progresiva de control físico.

Posteriormente, aseguró haber perdido la conciencia de lo que ocurría a su alrededor.

En su declaración, Andrea Alarcón sostiene que después de ese momento ocurrió una situación de extrema gravedad en la que habrían participado varias personas.

“Yo sentí aproximadamente a siete personas”, afirmó, asegurando que no pudo reaccionar en ese instante debido a su estado físico.

Tras recuperar parcialmente la conciencia, la mujer relata que logró empujar a una persona y pedir ayuda, momento en el que se desencadenó una situación de tensión dentro del lugar.

“Entró Sebastián con un machete”, señaló, describiendo una presunta intimidación posterior para impedir que pidiera auxilio.

También afirmó que otra persona, identificada como Catherine, la habría sujetado y responsabilizado de lo ocurrido, diciéndole que “era por mi culpa”.

La denunciante consiguió escapar y contactar a sus compañeros de trabajo, quienes activaron la cadena de emergencia.

“Gracias a mis jefes es que yo estoy viva”, afirmó, señalando que fueron ellos quienes coordinaron la llegada de las autoridades.

En menos de 30 minutos, según su relato, la Policía Nacional llegó al lugar junto con personal de medicina legal.

 

Captura del Monstruo del Tequendama temible abusador sexual de niñas |  Bogota.gov.co

 

El informe médico inicial activó un código blanco hospitalario, de acuerdo con la información conocida, y la paciente fue trasladada para valoración médica.

Posteriormente permaneció varios días hospitalizada en el hospital del Tequendama.

Según su testimonio, exámenes posteriores en una clínica de Ciudad Verde habrían detectado lesiones internas compatibles con un fuerte trauma físico.

“Me rompieron, o sea, me volvieron nada”, expresó la mujer durante la entrevista, describiendo secuelas físicas que aún persisten.

Indicó además que continúa con incapacidad médica y dificultades de movilidad derivadas de lo ocurrido.

La Fiscalía General de la Nación informó que el caso se encuentra en etapa de investigación en la sede de San Antonio del Tequendama.

Sin embargo, hasta el momento no se han producido capturas.

La denunciante manifestó preocupación por el contexto local: “En un pueblo pequeño todo el mundo se conoce y temo que el proceso se quede en la impunidad”.

Las autoridades confirmaron que durante la inspección inicial en la finca se recogieron elementos materiales probatorios y se escucharon testimonios de asistentes.

No obstante, la ausencia de flagrancia impidió detenciones en el momento de la intervención policial.

 

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En paralelo, la mujer ha denunciado haber recibido amenazas y mensajes de burla en redes sociales tras hacer pública su historia.

“Me han dicho que me van a dar tips”, afirmó, señalando además que ha sido objeto de descalificaciones sobre su testimonio.

El caso ha abierto un debate en Colombia sobre el funcionamiento de espacios privados que se presentan como centros de sanación espiritual, el uso de sustancias psicoactivas en contextos no regulados y la necesidad de supervisión institucional en este tipo de actividades.

También ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la protección a víctimas que denuncian hechos ocurridos en entornos comunitarios cerrados.

Andrea Alarcón concluye su relato con un mensaje dirigido a la justicia y a la opinión pública: “Yo voy a hacer justicia y que se metieron con la persona equivocada”.

También insistió en que su denuncia no solo busca esclarecer su caso, sino evitar que otras personas, incluidos menores de edad que según afirma asistían a estas ceremonias, puedan verse expuestas a situaciones similares.

La investigación continúa abierta mientras la Fiscalía evalúa la recolección de pruebas, testimonios y el posible traslado del proceso a una jurisdicción con mayores garantías de imparcialidad, dada la complejidad social del municipio donde ocurrieron los hechos.