Las denuncias de la familia de Iván Mordisco revelan un escenario de señalamientos, capturas y temor en medio de operativos contra disidencias armadas

En medio de la creciente ofensiva del Estado colombiano contra las disidencias armadas, la familia de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco, ha alzado la voz para denunciar lo que consideran una persecución injustificada.

En una entrevista concedida bajo estrictas medidas de seguridad, una de sus hermanas relató el impacto que las acciones judiciales y los señalamientos públicos han tenido sobre su núcleo familiar, asegurando que están siendo vinculados a actividades ilegales sin pruebas.

Iván Mordisco es identificado como el principal líder del Estado Mayor Central, la mayor estructura disidente de las antiguas FARC.

Su figura ha estado en el centro del conflicto armado reciente, especialmente tras su negativa a acogerse al acuerdo de paz firmado en 2016.

Desde entonces, ha sido señalado por el gobierno como uno de los principales responsables de la expansión de economías ilícitas y del recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país.

Sin embargo, su familia insiste en marcar una distancia absoluta.

“Nosotros somos una familia campesina, nacida y criada en El Peñón, Cundinamarca, dedicada al trabajo del campo. No pertenecemos a ninguna organización armada”, afirmó la mujer, cuyo rostro y nombre fueron reservados por motivos de seguridad.

Según su testimonio, los señalamientos han derivado en la captura de varios de sus hermanos, lo que ha intensificado el temor y la incertidumbre.

“Han capturado a cuatro de mis hermanos acusándolos de ser parte del grupo armado, de manejar logística y finanzas. Eso es totalmente falso”, sostuvo.

Los detenidos, identificados como Luis, Juan, Andrés y Manuel, habrían sido presentados ante la opinión pública como integrantes de la estructura criminal, situación que la familia rechaza categóricamente.

La mujer relató que no mantiene contacto con su hermano desde la infancia.

“Yo tenía como siete años cuando él se fue de la casa. Era un niño campesino, humilde, que salió a buscar oportunidades. Nunca volvió”, recordó.

Durante años, la familia creyó que había muerto, hasta que su nombre reapareció en los medios tras los procesos de paz.

“Mi mamá murió pensando que él había fallecido”, agregó.

El reencuentro con la figura de su hermano, ya convertido en uno de los hombres más buscados del país, estuvo marcado por emociones contradictorias.

“Uno siente alegría de saber que está vivo, porque lo conocemos como Néstor, no como Iván Mordisco, pero también empieza todo este señalamiento que nos ha destruido”, expresó.

Según su relato, la situación ha escalado hasta convertirse en una amenaza constante.

“Se nos ha vuelto la vida un infierno. Nos quieren mostrar ante el país como delincuentes”, afirmó.

La mujer aseguró que la exposición mediática ha puesto en riesgo a toda la familia, incluidos niños.

“Mis hijos tienen miedo de salir, de ir a estudiar. Temen que no regresemos cuando salimos a trabajar”.

Además de las acciones judiciales, la familia denuncia presuntas intimidaciones.

“En las noches sentimos que hay gente rondando, los perros ladran, vemos vehículos extraños y drones sobrevolando las fincas. Es una incertidumbre total”, relató.

La mujer también cuestionó lo que considera una estrategia institucional para mostrar resultados en la lucha contra grupos armados.

“Esto es un falso positivo contra nuestra familia. Nos están usando para demostrar golpes contra la guerrilla, pero el único golpe ha sido contra nosotros”, afirmó con contundencia.

En su testimonio, insistió en que las actividades económicas de la familia son completamente legales.

“Cultivamos café, no coca. Tenemos naranja, caña, yuca, plátano. Somos personas que vivimos del trabajo honrado”, explicó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que verifiquen directamente en el territorio las condiciones en las que viven.

A pesar de la dureza de sus palabras, la mujer reconoce la responsabilidad individual de su hermano.

“Es una decisión de él. Sabemos quién es y lo que hace, pero eso no nos convierte a nosotros en parte de su organización”, señaló.

Esta distinción, asegura, no ha sido respetada por las autoridades ni por algunos sectores de la opinión pública.

El temor a posibles represalias es constante.

“Estamos expuestos no solo a las fuerzas militares, sino también a otros grupos armados. Solo por ser de la misma sangre”, dijo.

Incluso advirtió sobre los riesgos de hablar públicamente.

“No sé si por dar estas declaraciones pueda ser silenciada, pero tengo que defender a mi familia”.

En un mensaje final dirigido a su hermano, expresó el peso emocional de la situación.

“Estamos cargando una cruz que no nos pertenece”, afirmó.

Y añadió: “Voy a levantar la voz así sea lo último que haga, porque no debemos nada”.

Las denuncias de la familia se producen en un contexto de intensificación de operativos contra las disidencias, en los que las autoridades buscan debilitar las redes de apoyo logístico y financiero.

No obstante, este caso plantea interrogantes sobre los límites entre la persecución legítima de estructuras criminales y la protección de los derechos de familiares que niegan cualquier vínculo con dichas organizaciones.

Mientras tanto, en zonas rurales como El Peñón, la tensión continúa creciendo.

Entre el miedo, la estigmatización y la incertidumbre, una familia campesina insiste en que su única batalla es demostrar su inocencia en medio de un conflicto que no eligieron.