El Ex Policía de Tijuana que Convirtió la Extorsión en un Negocio Criminal: Desmantelan Red de Despojo de Viviendas en Baja California

En una operación que ha sacudido las bases del crimen organizado en Baja California, las autoridades mexicanas han capturado a un ex policía municipal de Tijuana, Julián N., alias “El Poli”, quien, tras su retiro, lideraba una célula criminal dedicada al despojo violento de viviendas y el cobro de piso a comerciantes y familias en situación vulnerable.

La detención, que ocurrió en la colonia Los Santos, no solo expuso una red de extorsión que operaba con la fachada de legalidad, sino que también reveló conexiones con poderosas estructuras criminales que han sembrado el terror en varias zonas de la ciudad.

El operativo, que se desplegó a la hora punta, comenzó con una persecución dramática de un vehículo Nissan Altima gris, que se dio a la fuga tras detectar la presencia de las patrullas.

En cuestión de segundos, las autoridades cerraron el cerco y un disparo a través del parabrisas del vehículo puso fin a la huida.

Al interior, dos personas fueron detenidas: un hombre corpulento con tatuajes y una mujer tranquila, casi inexpresiva, que no mostraba signos de nerviosismo ante la presencia de armas.

¿Quiénes eran realmente?

Las primeras investigaciones revelaron algo mucho más inquietante.

El hombre detenido había sido policía municipal en Tijuana hasta hace tres años, patrullando las mismas calles donde ahora se encontraba arrestado.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al descubrir en la guantera del vehículo una libreta negra, en la que figuraban fechas, direcciones, cantidades y frases inquietantes escritas en tinta roja.

“Pagar la mitad”, “darle un susto”, “proceder”.

En total, más de 27 nombres estaban anotados, algunos tachados, otros simplemente desaparecidos.

La mujer detenida, identificada como Laura N., también jugaba un papel crucial en la estructura criminal.

Si bien su participación parecía secundaria, los informes señalaron que su influencia era clave en la elaboración de documentos falsificados que simulaban procesos legales.

Los “deudores” eran rápidamente despojados de sus hogares bajo la apariencia de un proceso judicial legítimo, sin saber que el “Poli” y su cómplice estaban detrás de todo.

El impacto de esta operación alcanzó niveles nacionales cuando un audio clave fue interceptado durante el interrogatorio.

En él, una comerciante denunciaba amenazas directas por parte de “El Poli” y su cómplice, quienes le exigían el pago de cuotas o de lo contrario se vería obligada a abandonar su tienda.

“Aquí se paga o te vas con toda tu familia”, escuchó la mujer, cuyo testimonio se convirtió en pieza fundamental para desmantelar la red.

Según las autoridades, “El Poli” y Laura N.no operaban solos.

Eran solo una parte de una red mucho más amplia que involucraba a miembros activos de la policía municipal de Tijuana.

Este hallazgo se confirmó al analizar los teléfonos de los detenidos, donde se encontraron mensajes con información crucial, incluidos nombres de policías que aún prestaban servicio y que filtraban rutas de patrullaje.

La corrupción dentro de las instituciones locales parecía ser mucho más profunda de lo que se pensaba.

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, fue informado inmediatamente de la magnitud del operativo.

“Hoy el Estado responde con toda su fuerza”, declaró con firmeza al recibir el reporte.

La reacción fue rápida, pero lo que se descubrió después de la detención, sobre todo en los teléfonos de los detenidos, dejó claro que la red operaba con una estructura organizada que no solo se dedicaba al despojo de viviendas, sino también al cobro de extorsiones semanales a comerciantes.

Según los registros, la red cobraba entre 1,000 y 5,000 pesos semanales a negocios locales, asegurando que sus operaciones no fueran intervenidas por las autoridades.

La intensidad de la red de extorsión se reflejó en las denuncias que comenzaron a llegar a las autoridades.

Más de 21 nuevas denuncias fueron presentadas en las primeras 24 horas tras la captura de los implicados.

Las víctimas coincidían en los mismos patrones: el uso de un vehículo Nissan Altima gris, amenazas de muerte, y la desposesión de propiedades bajo la apariencia de procesos legales falsificados.

Lo más alarmante fue descubrir que el operativo no era solo un caso local, sino que formaba parte de una red intermunicipal con planes de expansión hacia otras zonas de Baja California, incluso en Baja California Sur.

Las investigaciones apuntan a que los delincuentes utilizaban un protocolo específico, con zonas prioritarias y fechas de desalojo definidas.

La estructura criminal parecía estar dirigida por alguien apodado “El Marino”, un hombre de alto nivel vinculado al Cártel Arellano Félix, que operaba desde las sombras.

La violencia no tardó en llegar como respuesta a la detención de “El Poli” y su cómplice.

En la madrugada siguiente, un grupo armado incendió un taller mecánico en Playas de Rosarito, dejando un mensaje claro: “Esto es por el Marino. No se metan”.

Las mantas colgadas en puentes en distintos puntos de la ciudad dejaron claro que la red criminal aún sigue activa, y que las represalias por su caída no se han detenido.

En la capital, García Harfuch no tardó en emitir órdenes claras para continuar con el desmantelamiento de esta red criminal que había operado durante años en Baja California.

Sin embargo, el miedo y la desconfianza sembrados entre los habitantes de Tijuana persisten, y muchos se preguntan si esta captura realmente pondrá fin a la red o si, como temen, los delincuentes regresarán con más fuerza.

Las respuestas solo las tendrá el tiempo, mientras tanto, el Estado mantiene su vigilancia activa, y la ciudadanía se prepara para lo que pueda venir.