Alias “Chamo”, cabecilla de las disidencias de las FARC, fue capturado tras una operación de inteligencia del Ejército Nacional en el Cauca.

El mediodía del 7 de abril de 2026, la aparente calma del Cauca se rompió por una operación de inteligencia militar de dimensiones históricas.

El Ejército Nacional, bajo el más absoluto sigilo, irrumpió en el refugio de Alias “Chamo”, un cabecilla de las disidencias de las FARC, y descubrió un complejo logístico que no solo era el epicentro del narcotráfico, sino también un punto de conexión directa con las más altas esferas del poder político en Colombia.

En este refugio, oculto entre las selvas del sur del país, se encontraron 12 toneladas de cocaína de altísima pureza, un arsenal de armas de última generación, y lo más sorprendente: documentos que vinculaban al líder guerrillero con la senadora Paloma Valencia, miembro del Centro Democrático, y otros altos funcionarios del país.

Las fuerzas especiales, que habían sido movilizadas en total secreto, encontraron en los búnkeres subterráneos no solo droga, sino también una impresionante cantidad de dinero en efectivo, un total de 216 millones de pesos colombianos y más de 16 millones de dólares en billetes.

Estos fondos, lejos de ser parte de un simple negocio de narcotráfico, estaban siendo lavados a través de una sofisticada red de empresas fachada, vinculadas a la política nacional.

Lo que más alarmó a las autoridades fue la presencia de documentos detallados que revelaban cómo esta red criminal operaba en complicidad con figuras políticas de la derecha colombiana.

Entre los papeles encontrados, se hallaron registros de reuniones clandestinas, acuerdos financieros y, sobre todo, la relación directa entre las operaciones militares de las disidencias de las FARC y ciertos sectores del gobierno.

“Este no es un simple hallazgo de narcotraficantes”, explicó uno de los altos oficiales del Ejército.

“Lo que hemos desmantelado hoy es una red de corrupción a nivel nacional que permea las instituciones y que utiliza la violencia y el narcotráfico para sostenerse en el poder”.

Las conexiones entre Alias Chamo y Paloma Valencia, quienes según los documentos encontrados habrían mantenido encuentros clandestinos, son devastadoras.

En estos encuentros, se discutían acuerdos financieros y operativos entre la guerrilla y sectores políticos de Bogotá, utilizando el dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas, comprar votos y sostener una maquinaria electoral capaz de sostener el poder.

El impacto de esta caída no solo afecta a la estructura armada de las disidencias, sino que pone en evidencia la penetración del crimen organizado en las altas esferas del poder.

La senadora Paloma Valencia, reconocida figura del Centro Democrático, se encuentra ahora en el centro de una tormenta política que amenaza con sacudir los cimientos de la política colombiana.

Las pruebas documentales obtenidas en el refugio de Alias Chamo implican a la senadora directamente en el blanqueo de capitales, lo que coloca a la política nacional frente a un dilema moral y judicial de enormes proporciones.

Lo más impactante de esta operación es la magnitud de la corrupción que se ha destapado.

No solo se trataba de financiar operaciones militares, sino de asegurar el control territorial y político mediante la compra de voluntades, desde políticos hasta jueces y periodistas.

“Lo que estamos viendo es la punta del iceberg de una operación que va mucho más allá del narcotráfico”, explicó un experto en seguridad.

“Estamos ante un sistema que se alimenta de la corrupción y la impunidad, donde las leyes no se aplican, sino que se compran”.

En los próximos días, se espera que las investigaciones avancen y que las autoridades colombianas, con la ayuda de agencias internacionales, sigan rastreando el dinero y las conexiones políticas que han mantenido esta estructura operando por décadas.

Mientras tanto, las víctimas del conflicto, especialmente los jóvenes reclutados a la fuerza para formar parte de esta maquinaria de terror, se enfrentan a un futuro incierto.

Las comunidades desplazadas y los pueblos olvidados por el Estado siguen siendo el collateral de una guerra que, aunque lucha contra el narcotráfico, también está alimentada por él.

Esta operación ha dejado claro que, si bien las fuerzas del orden han logrado un golpe histórico, la verdadera batalla por la justicia y la transparencia apenas comienza.

Las pruebas encontradas son la clave para desmantelar una estructura criminal que, en muchos casos, ha sido invisibilizada por el poder político y económico del país.

Sin embargo, el camino hacia la justicia está plagado de obstáculos, y muchos se preguntan si los culpables, tanto los guerrilleros como los políticos, realmente pagarán por sus crímenes.