El gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo del 23% y del auxilio de transporte del 24%, buscando reducir la brecha salarial y mejorar la justicia social.
Colombia se encuentra en el ojo del huracán tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un incremento del salario mínimo del 23% y del auxilio de transporte del 24%.
Esta decisión, que busca cerrar la brecha entre el salario mínimo y el salario vital, ha generado un torbellino de reacciones entre gremios, economistas y trabajadores.
Mientras que el gobierno defiende la medida como un acto de justicia social, muchos advierten sobre sus posibles consecuencias negativas.
El ministro de trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el aumento no es una decisión política caprichosa, sino que se basa en fundamentos económicos sólidos.
“Es una falacia pensar que mejores salarios conducen a más desempleo y mayor informalidad”, aseguró Sanguino.
Sin embargo, la preocupación entre los gremios es palpable.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha expresado su temor de que este aumento genere un impacto significativo en la inflación y en la generación de empleo formal.
Mientras tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) celebra la medida, considerándola un paso hacia la justicia social.
Francisco Maltés Tello, asesor de la CUT, sostiene que este incremento estimulará la demanda de productos y servicios, lo que obligará a los empleadores a contratar más.
“Los trabajadores gastarán rápidamente ese aumento, lo que generará un círculo virtuoso en la economía”, afirmó Maltés.
Sin embargo, la voz de los comerciantes también se escucha fuerte y clara.
Fenalco, el gremio más importante del país, califica la medida como un “error” que podría resultar en “pan para hoy y hambre para mañana”.
Los comerciantes advierten que, aunque los trabajadores puedan sentir un alivio momentáneo con el aumento, los precios de los productos y servicios también subirán en la misma proporción, llevando a una pérdida real del poder adquisitivo.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, se une a las críticas, afirmando que el gobierno está condenando a la informalidad a más de 11 millones de colombianos.
“Con una tasa de informalidad laboral superior al 51%, este aumento solo agravará la situación”, enfatizó Bedoya.
Los datos son preocupantes: más de 24 millones de compatriotas en el mercado laboral, de los cuales 11.
3 millones ganan menos del salario mínimo.
Luis Fernando Mejía, director de Fed Desarrollo, señala que el incremento va en contravía de la política pública y tendrá consecuencias negativas para la economía.
“El aumento de la inflación ya ha sido anticipado por el Banco de la República.
Los costos laborales se trasladarán a los precios al consumidor”, advirtió Mejía.
Por otro lado, la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) también ha expresado su preocupación.
Jairo Pulencio, vicepresidente nacional de ACOPI, indicó que esta medida fomenta el “odio de clases” y perjudica a quienes realmente generan empleo en el país, es decir, las mipymes.
“¿Quiénes ganan con esta decisión? Solo los que mantienen la narrativa de que los trabajadores no ganan más por culpa de los ricos”, argumentó Pulencio.
El exsenador Jorge Enrique Robledo también se mostró crítico ante el anuncio del gobierno.
“Siempre he defendido mejorar las condiciones laborales, pero no a costa de dañar a las empresas.
Así, Colombia no saldrá del subdesarrollo”, dijo Robledo.
Para muchos, este incremento representa un riesgo inminente para la estabilidad económica del país.
A medida que se acerca la fecha de implementación del nuevo salario mínimo, las cuentas comienzan a sumar.
Cada empleador deberá enfrentar un costo total de aproximadamente 2,933,963 pesos mensuales por cada trabajador que devengue el salario mínimo, incluyendo todos los costos laborales adicionales.
Esto plantea serias dudas sobre la capacidad de muchas pequeñas y medianas empresas para absorber este incremento.
Además, el impacto del aumento no se limitará solo a los salarios.
Se espera que más de 70 bienes y servicios ajusten sus precios en proporción al incremento salarial, afectando a todos los colombianos, independientemente de sus ingresos.
Desde restaurantes hasta servicios públicos, todos se verán obligados a trasladar estos costos a los consumidores.
En medio de esta polémica, el Consejo Gremial ha anunciado que está considerando presentar una demanda contra el decreto que establece el nuevo salario mínimo.
Este consejo ha manifestado que la decisión del gobierno carece de fundamentos técnicos y que el aumento es irreal y desproporcionado.
La discusión está lejos de terminar, y el Consejo de Estado será el encargado de resolver las demandas que se presenten contra el decreto.
La incertidumbre reina en el país mientras se espera la decisión del tribunal, que podría suspender los efectos del decreto.
Mientras tanto, los colombianos se preparan para un 2026 lleno de desafíos económicos, donde el aumento del salario mínimo podría ser tanto un alivio como una trampa.
