Claudia, madre de Juan Jesús N, denunció ante los juzgados de la colonia Doctores que su hijo de 24 años podría estar siendo utilizado como chivo expiatorio en el caso del feminicidio de Edit Guadalupe Valdés Saldívar ocurrido el 15 de abril de 2026 en la Ciudad de México

El caso del feminicidio de la joven Edit Guadalupe Valdés Saldívar, de 21 años, ocurrido en un edificio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, ha abierto una profunda grieta social y judicial.

Mientras la Fiscalía capitalina sostiene que el vigilante Juan Jesús N.es el probable responsable del crimen ocurrido el 15 de abril de 2026 en la caseta de vigilancia del edificio Murano, su familia denuncia irregularidades, presuntas coacciones y la posibilidad de que exista una red más amplia aún sin detenciones.

El sábado 18 de abril de 2026, en los juzgados orales de la colonia Doctores, la madre del detenido, Claudia, rompió el silencio ante medios de comunicación con un mensaje cargado de angustia.

“Siento impotencia porque mi hijo es inocente, está golpeado, tiene miedo al igual que nosotros a que le hagan algo allá dentro”, declaró visiblemente afectada.

En su intervención insistió en una idea que ha comenzado a generar controversia pública: “Se haga justicia para Edit, pero que también le hagan justicia a mi hijo que es inocente. Nada más pido justicia para mi hijo. A él lo amenazaron”.

El joven de 24 años, originario del municipio de Los Reyes La Paz, llevaba apenas tres meses trabajando como vigilante en el inmueble ubicado sobre Avenida Revolución 829, cuando ocurrió el crimen.

Su defensa legal, encabezada por el abogado Julián González, sostiene que el proceso presenta inconsistencias y que no se puede descartar la existencia de otra persona involucrada.

“Podría ser un chivo expiatorio”, afirmó el litigante ante medios, subrayando que existe evidencia digital no plenamente incorporada a la carpeta de investigación.

Entre los elementos mencionados por la familia se encuentra un video almacenado en el teléfono del acusado, en el que supuestamente aparece un residente del edificio introduciendo a mujeres jóvenes al inmueble tras contactarlas mediante redes sociales.

Esta línea de investigación ha sido confirmada parcialmente por la defensa, que sostiene que dicho material será presentado en etapas posteriores del proceso.

La versión oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México indica que Juan Jesús habría sostenido una discusión con la víctima en la caseta de vigilancia antes de agredirla con un objeto punzocortante, ocultando posteriormente el cuerpo en el sótano del edificio.

La fiscal Berta Alcalde Luján ha señalado que la investigación se apoya en análisis forenses, registros de cámaras de videovigilancia del C5 y evidencias biológicas halladas en el lugar de los hechos.

Sin embargo, la defensa cuestiona tanto la cronología como las condiciones de la detención.

Según su versión, el acusado presentaba lesiones visibles en costillas y manos al momento de ser asegurado, lo que abre la posibilidad de uso de fuerza o presión durante su aprehensión.

“No existe evidencia de una confesión libre y voluntaria”, reiteró el abogado.

El caso ha adquirido una dimensión más amplia tras conocerse testimonios de otras mujeres que aseguran haber sido contactadas previamente mediante ofertas laborales falsas publicadas en redes sociales.

Una de ellas relató haber sido citada en el mismo edificio bajo condiciones similares: sin identificación oficial obligatoria y con entrevistas individuales en departamentos privados.

Estos testimonios han llevado a la Fiscalía a analizar si existía un patrón sistemático de captación de mujeres en el inmueble.

La tía de la víctima, Magdalena Rivero, también ha señalado públicamente la necesidad de investigar la posible participación de administradores o residentes del edificio.

“No puede ser solo una persona”, habría expresado en entrevistas previas, reforzando la hipótesis de una estructura más compleja.

En este contexto, el caso ha escalado hasta niveles institucionales más altos, con coordinación entre autoridades locales y federales.

Fuentes cercanas al proceso indican que Omar García Harfuch habría respaldado el fortalecimiento de las acciones de investigación para garantizar que el caso avance sin interferencias políticas ni presiones externas, en un país donde los feminicidios siguen siendo una de las problemáticas más graves.

La audiencia del 18 de abril concluyó con la ratificación de la detención de Juan Jesús como legal y la imposición de prisión preventiva, aunque el juez de control otorgó la duplicidad del término constitucional, ampliando el plazo para la presentación de pruebas.

La siguiente audiencia fue programada para el 22 de abril a las 10:00 horas.

Fuera de los juzgados, el hermano del detenido, Emanuel, adoptó un tono distinto al de sus padres.

“Lamento mucho lo sucedido con la chica. Ningún ser humano merece terminar de esa forma, pero mi hermano es una persona de bien”, declaró ante la prensa, intentando equilibrar el dolor de la familia de la víctima con la defensa de su hermano.

Mientras el proceso judicial avanza, el caso se ha convertido en un símbolo de tensión entre la exigencia de justicia inmediata y la necesidad de una investigación exhaustiva.

Para la familia de Juan Jesús, el riesgo es claro: que el proceso judicial cierre demasiado rápido sin explorar todas las posibles conexiones dentro del edificio Murano.

La pregunta que ahora permanece abierta en los pasillos judiciales y en la opinión pública es si el detenido es efectivamente el único responsable o si, como sostiene su defensa, existe una estructura aún no descubierta que sigue operando en la sombra.