Las declaraciones de Angie Rodríguez sobre la falta de seguridad fueron desmentidas por la Unidad Nacional de Protección, que confirmó un esquema robusto asignado desde enero de 2026 con vehículo blindado, escoltas y medidas adicionales

Las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, han provocado una fuerte controversia en Colombia, generando una cadena de reacciones oficiales, desmentidos públicos y cuestionamientos sobre la veracidad de sus afirmaciones.

En medio de múltiples entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación, Rodríguez aseguró no contar con un esquema de seguridad adecuado, lo que encendió las alarmas y despertó interrogantes sobre su situación personal y laboral.

Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente desmentida por Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien presentó información detallada sobre las medidas de seguridad asignadas a la funcionaria.

De acuerdo con la UNP, Angie Rodríguez asumió como gerente del Fondo de Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la que finalizó su rol como directora del DAPRE.

Apenas cinco días después, el 28 de enero, se le otorgó un esquema de protección mediante trámite de emergencia.

Este esquema incluye vehículo blindado, personal de seguridad y chaleco antibalas con enfoque diferencial de género, además de servicios complementarios como línea de emergencia y apoyo psicológico.

Asimismo, se indicó que existe un acta firmada el 3 de febrero donde la funcionaria aceptó formalmente estas medidas.

El esquema, según la entidad, es comparable en nivel y robustez al de varios ministros del gobierno.

También se aclaró que los costos de este sistema se financian mediante convenios interadministrativos, en este caso por un valor aproximado de 250 millones de pesos, además de un servicio adicional para desplazamientos en territorio que puede alcanzar 1.400.000 pesos diarios.

Otro punto de controversia surgió en relación con Juliana Guerrero, a quien Angie Rodríguez mencionó en sus declaraciones.

Según el director de la UNP, el esquema de seguridad otorgado a Guerrero fue solicitado por la propia Angie Rodríguez cuando ejercía funciones en el DAPRE.

Este hecho ha generado nuevas dudas sobre la coherencia de las afirmaciones recientes de la funcionaria.

En paralelo, han surgido cuestionamientos sobre presuntas relaciones personales de Angie Rodríguez con el entorno del hijo del exparamilitar conocido como Jorge 40.

Aunque la funcionaria evitó responder directamente a preguntas sobre su vida privada, el tema cobró relevancia pública debido a posibles implicaciones en decisiones administrativas.

En este contexto, también se conoció que el nombre de Juan Sebastián Aroca fue considerado para un cargo dentro del Fondo de Adaptación.

Según información difundida, Aroca sería cercano al hijo de Jorge 40, lo que incrementó el nivel de atención sobre posibles vínculos personales y decisiones dentro de la entidad.

La publicación relacionada con este nombramiento habría estado disponible solo por un breve periodo.

Simultáneamente, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, respondió a las acusaciones realizadas por Angie Rodríguez, calificando sus declaraciones como falsas y señalando que forman parte de un ataque en su contra.

Carrillo afirmó que no existía conflicto previo con la funcionaria y que los señalamientos surgieron de manera unilateral.

En relación con unos supuestos chats presentados como prueba por Rodríguez, Carrillo manifestó que estos carecen de credibilidad y que deberían ser evaluados por peritos forenses.

Indicó además que existen inconsistencias en la forma en que están redactados y en los elementos utilizados, lo que pondría en duda su autenticidad.

Por otra parte, Carrillo informó que presentó ante la Fiscalía una denuncia relacionada con presuntas extorsiones a contratistas del Fondo de Adaptación.

Según explicó, algunos contratistas habrían sido presionados para entregar un porcentaje de sus contratos a cambio de agilizar pagos.

Esta situación, según indicó, fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para su respectiva investigación.

En el ámbito político, el senador Iván Cepeda también intervino en medio de la controversia, señalando que los hechos relacionados con posibles actos de corrupción deben ser investigados.

Cepeda reiteró su postura de promover un sistema anticorrupción que actúe sin distinción política.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia generó otra polémica al afirmar en el Congreso que existía un informe de la Defensoría del Pueblo que indicaba presiones de grupos armados para favorecer electoralmente a Cepeda.

Estas declaraciones fueron desmentidas oficialmente por la Defensoría, que aclaró no haber emitido ningún informe en ese sentido ni contar con información que respalde tales afirmaciones.

La entidad hizo un llamado a respetar el proceso electoral y a evitar la difusión de información no verificada que pueda afectar la transparencia democrática.

Posteriormente, Iván Cepeda rechazó las declaraciones de Valencia, señalando que se trataba de afirmaciones sin fundamento.

En medio de este panorama, también surgieron declaraciones del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien planteó la idea de un “susto fiscal” como mecanismo para generar conciencia sobre la situación económica del país.

Estas palabras provocaron reacciones, incluyendo la del presidente Gustavo Petro, quien calificó ese tipo de afirmaciones como generadoras de pánico económico.

Todos estos acontecimientos han configurado un escenario complejo, marcado por versiones encontradas, denuncias, desmentidos y múltiples interrogantes que continúan siendo objeto de atención pública y que, según lo indicado por diferentes actores, deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.