Las confesiones del exrepresentante Roberto José Herrera revelan un presunto sistema de compra, venta y direccionamiento irregular de cupos indicativos en el Congreso, mediante el cual se habrían negociado recursos públicos a cambio de comisiones.
El debate sobre los llamados “cupos indicativos” volvió al centro de la escena política tras las revelaciones del exrepresentante a la Cámara Roberto José Herrera y las declaraciones del exvicepresidente Germán Vargas Lleras ante la Corte Suprema de Justicia.
Las confesiones y testimonios conocidos en el marco de procesos judiciales han reavivado la discusión sobre un mecanismo que, durante años, habría servido para negociar apoyos legislativos a cambio de recursos públicos.
Roberto José Herrera, exrepresentante por el Magdalena, fue condenado a casi nueve años de prisión tras aceptar su responsabilidad en delitos relacionados con la gestión irregular de recursos públicos.
Según determinó la Corte Suprema, Herrera tramitó partidas presupuestales en entidades como Invías, Coldeportes y Fonade que, una vez aprobadas, terminaron direccionadas hacia contratos que le habrían permitido apropiarse de cerca de 4.000 millones de pesos.
En sus declaraciones ante la justicia, Herrera no solo admitió su participación, sino que describió con crudeza el funcionamiento del sistema.
“En el Congreso vendían cupos todos los días”, afirmó.
Y agregó: “A las comisiones económicas a todos nos dieron plata”.
Según su versión, el mecanismo consistía en la asignación de un monto global a los congresistas, quienes decidían a qué entidad territorial se trasladaban los recursos mediante contratos interadministrativos.
Posteriormente, los proyectos eran direccionados a contratistas previamente acordados.
Herrera también sostuvo que, además de recibir cupos indicativos, algunos congresistas los negociaban entre sí.
“Eso era compra y venta de cupos que había en el Congreso”, declaró.
Recordó que en 2010 recibió 3.500 millones de pesos, cifra que calificó como “lo más pequeño” que le otorgaron, y señaló que posteriormente los montos ascendieron a 5.000 y 6.000 millones de pesos.
Las confesiones salpicaron a otros exparlamentarios.
Herrera aseguró que en 2012 negoció un cupo de 2.000 millones de pesos con el excongresista Eduardo Díaz Granados Sabadía a cambio de una comisión del 7%.
“Sé que el dinero se lo entregué en Barranquilla, en la puerta del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Yo me subí al carro de él y ahí le entregué lo que habíamos pactado”, afirmó.
Díaz Granados, consultado, manifestó que lo dicho por Herrera es “completamente falso” y aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia.
Otro de los mencionados fue el excongresista conservador Orlando Alfonso Clavijo, quien habría vendido, según Herrera, un cupo de 6.000 millones de pesos a cambio de una comisión del 10%.
“Cuando acepté y me allané al concierto para delinquir, yo veía que era un concierto para delinquir.
Solo que uno debe tener siempre aliados para delinquir”, expresó el exrepresentante, reconociendo la dimensión colectiva del entramado.
La Corte Suprema abrió nuevas líneas de investigación y llamó a declarar a varios exintegrantes de las comisiones económicas.
Mientras algunos negaron cualquier irregularidad, el proceso avanza en la definición de responsabilidades penales.
En el caso de Clavijo, el alto tribunal lo llamó a juicio por el presunto delito de cohecho propio.
Él, por su parte, negó las acusaciones y señaló que Herrera “por salvarse quiere condenar a un inocente”.
En medio de este escenario, Germán Vargas Lleras compareció ante la Corte y describió los cupos indicativos como una práctica extendida en distintos gobiernos.
“Durante muchísimos años, los llamados cupos indicativos han sido utilizados por los diferentes gobiernos básicamente para comprar apoyos políticos en el Congreso”, afirmó.
El exvicepresidente explicó el mecanismo con detalle: “A un parlamentario le asignan un determinado monto de dinero.
El parlamentario señala a qué entidad del nivel territorial mediante un contrato interadministrativo le va a ser trasladada la suma.
Y la práctica nefasta en este país es que siempre son designados a alcaldías de copartidarios o de personas afines, quienes terminan licitando las obras con pliegos únicos y con determinados proponentes”.
Vargas Lleras subrayó que este esquema habría sido utilizado para asegurar mayorías en la aprobación de reformas tributarias y presupuestos generales.
“Era la forma en que en las comisiones económicas se lograba el mayor respaldo para el trámite de las reformas tributarias, para la aprobación de los presupuestos generales de la nación”, sostuvo.
Aunque evitó generalizar, reconoció que “en muchos otros casos eso ha ocurrido”.
El exvicepresidente pidió a la Corte abrir un macroproceso que permita esclarecer la magnitud del fenómeno: “Yo espero que esto le permita a la Corte finalmente algún día abrir un macroproceso y develar todo lo que ha nacido de esta nefasta modalidad que algunos llaman de gobernabilidad”.
Organizaciones dedicadas a la transparencia han advertido que los cupos indicativos han funcionado como moneda de negociación política entre Ejecutivo y Legislativo, generando riesgos de direccionamiento indebido de recursos públicos y posibles impactos en la financiación de campañas.
Mientras las investigaciones judiciales avanzan y los implicados defienden su inocencia, el caso vuelve a poner bajo escrutinio las prácticas de asignación presupuestal en el Congreso.
Las confesiones de Herrera y las declaraciones de Vargas Lleras han abierto una nueva etapa en el debate sobre la relación entre gobernabilidad, recursos públicos y responsabilidad política en Colombia.
