Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, es señalado de haber facilitado el despojo ilegal de tierras en connivencia con grupos paramilitares y de mantener vínculos con ese entorno, lo que llevó a su breve paso por la gobernación y a su posterior huida.
En un giro inesperado de los acontecimientos, la figura de Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, vuelve a la palestra por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo y su relación con la influyente familia Lafaurie Cabal.
Este escándalo, que ha sacudido los cimientos de la política colombiana, revela cómo Osorio, en su papel como gerente, habría facilitado la apropiación ilegal de tierras pertenecientes a más de 100 familias en Córdoba, en complicidad con grupos armados.
La historia comienza en 1997, cuando Osorio fue nombrado gerente del Fondo Ganadero. Durante su mandato, se alega que ayudó a paramilitares a tomar el control de vastas extensiones de tierra, las cuales fueron adquiridas irregularmente por el Fondo.
La situación se torna aún más intrigante cuando, el 28 de diciembre de 2007, Osorio fue nombrado gobernador de Córdoba por Álvaro Uribe Vélez, debido a la incapacidad de la gobernadora electa.
Sin embargo, su mandato fue efímero; solo un mes después, la revista Cambio publicó un informe sobre sus conexiones con el paramilitarismo, lo que lo llevó a renunciar y huir.
El informe de noticias Caracol destaca que Osorio no solo tenía vínculos con el paramilitarismo, sino que también era amigo cercano de José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal.
Esta conexión plantea serias preguntas sobre la influencia que la familia Lafaurie Cabal ha tenido en la política colombiana.
Según Osorio, había una relación directa entre la familia Lafaurie y el conocido paramilitar Salvatore Mancuso, quien supuestamente se reunió con ellos para discutir asuntos que involucraban la elección del fiscal general.
“Vengo de parte del gobierno nacional”, dijo Osorio en una de las reuniones, “Ellos consideran que el fiscal general de la nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario será mucho más benévolo para ustedes”.
Esta declaración revela la presión que existía para asegurar que Iguarán fuera elegido, lo que a su vez beneficiaría a la familia Lafaurie Cabal.
A medida que el escándalo se desarrolla, surgen más detalles sobre cómo se manejaban las elecciones en el país.
Osorio menciona que la FURI (Federación Unida de Representantes de la Industria) le proporcionó contactos de miembros de la Corte Suprema encargados de seleccionar al fiscal general.
“Me di cuenta que había una cantidad de nombres de miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde aparecían sus teléfonos celulares, sus amigos políticos, sus amigos personales, su dirección y otros datos con el fin de agilizar que pudiesen ser ubicados”, afirmó Osorio.
Las revelaciones no se detienen ahí. En un encuentro fortuito en el aeropuerto, Osorio se encontró con José Félix Lafaurie y Mancuso, donde Lafaurie reiteró su apoyo a Iguarán.
“Por favor, ayúdenos con Mario, él es más benévolo para la autodefensa”, insistió Lafaurie. Este tipo de maniobras políticas plantea serias dudas sobre la integridad del sistema judicial en Colombia y cómo las conexiones personales pueden influir en decisiones críticas.
Las consecuencias de estas revelaciones son graves. Osorio, actualmente condenado a 19 años de prisión por el despojo de tierras, enfrenta un futuro incierto.
Si la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) determina que sus declaraciones son falsas, podría perder los beneficios que ha obtenido, incluyendo la libertad que recuperó recientemente por sus confesiones.
Mientras tanto, la familia Lafaurie Cabal continúa siendo un actor clave en el ámbito político y económico del país. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, ha sido contactado en múltiples ocasiones para comentar sobre estas acusaciones, pero hasta ahora no ha respondido.
Este silencio solo alimenta las especulaciones sobre la influencia que su familia ha ejercido en el sector ganadero y su posible implicación en actividades ilícitas.
Un artículo reciente menciona que el hijo de Lafaurie, Juan José, se presentó como pequeño productor agrícola para obtener créditos preferenciales y subsidios, utilizando recursos del Fondo Nacional del Ganado.
Esto plantea serias preguntas sobre la ética de sus acciones y si la familia ha estado utilizando su posición para beneficiarse económicamente a expensas del estado.
Los vínculos entre la familia Lafaurie Cabal y el paramilitarismo no son solo rumores; están respaldados por testimonios y evidencias que sugieren un patrón de corrupción y abuso de poder.
“La familia Lafaurie ha estado involucrada en procesos de despojo violento de tierras a campesinos y mantiene relaciones con paramilitares”, se afirma en el informe.
Esto revela una red de complicidades que ha permitido a la familia prosperar en un entorno donde la justicia parece estar manipulada.
La comunidad colombiana observa con atención cómo se desarrolla este escándalo.
Las preguntas sobre la relación entre Benito Osorio, la familia Lafaurie Cabal y el sistema judicial continúan en el aire. La transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca en un país donde la corrupción ha sido un problema persistente.
En conclusión, el escándalo que rodea a Benito Osorio y su conexión con la familia Lafaurie Cabal no solo pone de manifiesto la corrupción en la política colombiana, sino que también resalta la necesidad de un cambio profundo en la forma en que se manejan los asuntos públicos.
La ciudadanía exige respuestas y justicia, mientras la sombra del paramilitarismo y la corrupción sigue acechando a Colombia.
