La senadora Isabel Zuleta defendió la aplicación de la Ley 2272 de 2022, conocida como Paz Total, para permitir el diálogo con estructuras criminales de alto impacto bajo supervisión legal y constitucional

Una intensa polémica política estalló en Colombia tras la cobertura de Caracol Radio sobre la suspensión de órdenes de captura a 23 líderes de estructuras criminales en Medellín, una medida vinculada al proceso de “paz urbana” impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y amparada en la Ley 2272 de 2022, conocida como Paz Total.

La decisión, adoptada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de negociaciones exploratorias para desarticular redes criminales y facilitar su sometimiento a la justicia, desencadenó un choque frontal entre el Gobierno y líderes de oposición como el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín Federico “Fico” Gutiérrez, quienes cuestionaron públicamente el alcance de la política y su aplicación legal.

La senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en la mesa de diálogo, respondió enérgicamente a las acusaciones con declaraciones ante medios que fueron parte de un tenso intercambio en cámara:

“Si tiene pruebas de que yo camino de la mano o aliada de los criminales, que las presente ante los órganos de justicia de nuestro país”, afirmó, defendiendo la legalidad de la norma y el objetivo de la paz urbana como parte del proceso general de Paz Total.

El centro del debate jurídico y político gira en torno a la interpretación de la Ley 2272 de 2022, una normativa que prescribe la política de Paz Total, diseñada para permitir al Gobierno negociar con grupos armados organizados y estructuras del crimen de alto impacto mediante acuerdos juridico‑sociales con el fin de desarticularlos y someterlos a la justicia.

Según explican expertos y la normativa misma, estos procedimientos buscan avanzar en la desescalada de violencia mediante mecanismos de diálogo, siempre con supervisión constitucional, y no implican la excarcelación automática de personas condenadas, solo la suspensión temporal de medidas de aseguramiento para quienes actúan como interlocutores en los diálogos.

Sin embargo, la oposición ha desatado una ofensiva política contra estas decisiones, calificándolas de “contubernio” entre el gobierno y el crimen organizado, y señalando que la suspensión de capturas favorecería a personas que históricamente han cometido delitos graves como narcotráfico, secuestro o extorsión.

El gobernador Rendón fue particularmente crítico, enfatizando que “¿Cuál es el afán de contemporizar con el crimen, de querer arrodillar a todas las instituciones?”, en referencia a las discusiones públicas generadas tras la difusión de la resolución.

Durante la controversia, Medellín y el departamento de Antioquia se convirtieron en epicentros del debate político.

Las decisiones sobre la paz urbana afectaron directamente a la región del Valle de Aburrá y motivaron a partidos como el Centro Democrático a presentar proyectos legislativos para derogar o modificar la Ley de Paz Total, argumentando que la norma otorga beneficios indebidos y reduce las capacidades estatales de acción jurídica contra bandas criminales.

En la arena pública, el intercambio de declaraciones fue intenso.

Planteamientos como “No sólo necesitamos dialogar con actores políticos, también este país dialoga con actores no políticos” reflejan el intento del Gobierno por justificar el enfoque inclusivo de la ley frente a las críticas que la acusan de sobrepasar sus límites constitucionales.

Por contra, sectores de oposición han defendido que la política de diálogo con estructuras criminales debilita la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y proteger a las comunidades afectadas por la violencia cotidiana.

El debate ha puesto de relieve tensiones profundas alrededor de cómo Colombia busca construir paz después de décadas de conflicto armado y violencia estructural.

Las decisiones recientes sobre la suspensión de órdenes de captura y las negociaciones con grupos delictivos han generado preocupación entre amplios sectores de la sociedad, quienes ven en estas medidas un riesgo de impunidad para quienes han perpetrado graves delitos.

Al mismo tiempo, funcionarios gubernamentales aseguran que solo mediante enfoques legales y constituidos se puede avanzar hacia la reducción de homicidios y la transformación de economías ilícitas en zonas urbanas y rurales.

Analistas legales han recordado que la Ley 2272 de 2022 fue avalada por la Corte Constitucional y contempla mecanismos de diálogo para lograr el sometimiento a la justicia de organizaciones armadas o estructuras criminales de alto impacto, un enfoque que busca conjugar legalidad y estrategias de pacificación sin renunciar a las facultades judiciales del Estado.

Mientras tanto, las repercusiones políticas de esta polémica continúan extendiéndose.

La pugna entre el Gobierno y los mandatarios regionales sigue alimentando la polarización electoral y planteando preguntas sobre la eficacia y legitimidad de las estrategias de paz urbana dentro del marco de la Paz Total de Petro, en un momento en que Colombia se aproxima a un ciclo importante de elecciones y reconfiguración política nacional.

En este escenario, la cobertura de medios como Caracol ha sido interpretada por distintos sectores como un punto de confrontación entre narrativas políticas opuestas: por un lado, la defensa de la construcción de paz mediante diálogo regulado legalmente, y por otro, la acusación de que dichas medidas podrían vulnerar el combate al crimen y la seguridad de los ciudadanos.

El debate, lejos de amainar, parece destinado a perdurar en las próximas semanas, marcando un capítulo crucial en el devenir político colombiano.