Sectores de la derecha uribista buscan influir en la campaña presidencial con apoyo de Estados Unidos y estrategias de miedo hacia Gustavo Petro

Bogotá, Colombia — En medio de una de las campañas presidenciales más polarizadas de los últimos años, la escena política colombiana se ve sacudida por revelaciones sobre una supuesta intervención estadounidense en los comicios y la circulación de investigaciones judiciales contra el presidente Gustavo Petro.

Lo que comenzó como rumores y filtraciones de declaraciones anónimas en medios internacionales ahora adquiere un peso político y mediático que ha generado un intenso debate nacional.

Según la información que circula, fiscales federales estadounidenses, con apoyo de agencias como la DEA, estarían explorando posibles vínculos entre Petro y figuras del narcotráfico.

Se menciona la existencia de reuniones y supuestos aportes financieros a campañas, aunque hasta ahora no hay cargos formales ni evidencia directa publicada.

Las investigaciones se encuentran en etapas iniciales y no está claro si se traducirán en acusaciones concretas.

Este escenario explotó cuando sectores de la derecha comenzaron a especular sobre una “posible extradición” de Petro como tema central de la campaña presidencial.

En redes sociales y declaraciones públicas, algunos políticos se han preguntado abiertamente qué candidato estaría dispuesto a apoyar una solicitud de extradición desde Estados Unidos.

Figuras como Paloma Valencia, del movimiento uribista y del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella han elevado el discurso de seguridad y lucha contra el crimen como eje de su campaña, contraponiéndose al gobierno actual.

Sin embargo, las encuestas recientes muestran que la derecha sigue fragmentada, con niveles de intención de voto por debajo de candidatos progresistas como Iván Cepeda, quien lidera los sondeos previos a la primera vuelta.

El progresismo ha respondido a las acusaciones.

Iván Cepeda advirtió sobre una supuesta estrategia de injerencia extranjera para influir en la voluntad popular:

“Están lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana y en la manera en que no debe comportarse electoralmente.”

Esto refuerza la percepción de que existe una campaña de difamación política promovida desde distintos frentes.

La tensión se intensifica por la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, marcada por altibajos desde 2025 con el regreso de Donald Trump al poder.

Cooperación en extradiciones y acciones judiciales contra redes criminales se han convertido en puntos de fricción y, ahora, en elementos centrales del debate político interno.

En este contexto, la campaña se ha vuelto más intensa con acusaciones cruzadas sobre lealtades, alianzas y estrategias de poder.

Algunos dirigentes de la derecha han criticado a sus propios compañeros de fórmula.

Por ejemplo, el exconcejal Jeffer Vega, quien coordinaba la campaña de Abelardo en Bogotá, afirmó: “Con el paso del tiempo he podido constatar con preocupación creciente que la dinámica interna de la campaña no responde a los estándares mínimos que exige un proyecto político serio. No existe claridad en los roles y percibo una ausencia de una estructura funcional que permita tomar decisiones oportunas.”

Vega cuestionó además las capacidades gerenciales de Abelardo, y denunció decisiones unilaterales y la descalificación de colaboradores leales:

“La disposición permanente a descalificar criterios, a imponer decisiones unilaterales y a tratar como prescindibles a quienes se sumaron con lealtad constituye una señal preocupante sobre el tipo de liderazgo que se ofrecería al país.”

Por su parte, María Fernanda Cabal, históricamente cercana a Álvaro Uribe, ha quedado en medio de tensiones internas: Uribe comentó sobre su relación con la senadora solo con la frase “Todo mi respeto”, evitando profundizar en las diferencias.

El escenario se complica con denuncias directas contra Paloma Valencia.

El representante Cristian Danilo Avendaño aseguró que la candidata habría promovido la difusión de carteles en Bucaramanga que lo representaban como guerrillero, algo que consideró irresponsable: “Los hago responsables por la seguridad de mi familia y de mi persona… no tiene justificación que un partido respalde a este tipo de personas nefastas.

” Paloma Valencia replicó algunas imágenes, lo que ha llevado a los afectados a anunciar acciones legales contra la difusión de información falsa y difamatoria.

Más allá de la confrontación mediática, el análisis de propuestas de Paloma Valencia revela políticas regresivas según críticos.

Entre sus planes se incluyen liquidar la JEP, criminalizar la dosis personal de drogas, frenar la restitución de tierras a víctimas y reactivar la política de plomo, así como mantener un sistema de salud administrado por entidades privadas con presuntos sobrecostos.

La derecha uribista, fragmentada y con candidatos en declive según las encuestas, parece intentar consolidar su narrativa electoral a través de la seguridad y la persecución de Petro y aliados.

Mientras tanto, el progresismo observa cómo la combinación de filtraciones, estrategias de miedo y acusaciones judiciales se convierte en una herramienta de campaña que busca influir en la percepción ciudadana, dejando claro que la contienda presidencial se libra tanto en el plano político interno como en la esfera mediática internacional.