La Fiscalía investiga videos difundidos en redes sociales en los que un hombre amenaza de muerte al presidente Gustavo Petro y a su hija, generando alarma nacional y rechazo político.
Las autoridades judiciales en Colombia avanzan en la verificación y análisis de varios videos difundidos en redes sociales en los que un hombre profiere amenazas directas contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y contra una de sus hijas, hechos que han generado un amplio rechazo político y social, así como llamados urgentes a la acción por parte de distintos sectores.
Las grabaciones, realizadas en formato selfie y viralizadas en los últimos días, muestran a un hombre de edad madura emitiendo expresiones de alto contenido violento.
En uno de los fragmentos más difundidos, se le escucha decir de manera explícita: “Si yo a usted lo veo en la calle, Petro, yo a usted le pego tres tiros aquí en la frente”, y añade: “Si sé dónde se va a reunir ese día, va a haber un muerto.
Voy preso o voy muerto, pero antes él se muere”.
En el mismo video, el individuo dirige mensajes amenazantes e insultantes contra Sofía Petro, hija del mandatario, utilizando un lenguaje ofensivo y reiterando amenazas de carácter letal.
La gravedad de las declaraciones provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la Nación.
Uno de los mensajes más compartidos advertía que no se trataba de una expresión aislada ni de una provocación menor, sino de un comportamiento que podría constituir un delito en flagrancia.
La preocupación se extendió más allá de las afinidades políticas, al considerar que este tipo de discursos representan un riesgo para la seguridad y la convivencia democrática.
El precandidato presidencial Roy Barreras fue uno de los dirigentes que se pronunció públicamente.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, afirmó: “Esto no es una broma ni un trino viral cualquiera.
Este es un asesino en potencia que comete reiteradamente el delito de amenaza contra el presidente Gustavo Petro y su familia”.
Barreras añadió que presentaría formalmente la denuncia y solicitó “una orden de captura con detención intramural inmediata porque es un peligro para la sociedad”.
En un video posterior, el propio Barreras reiteró su postura con firmeza: “Este criminal en potencia tiene que estar preso y pronto, porque es una amenaza real.
No se puede permitir que se invite a asesinar por odio impunemente en Colombia”.
Sus declaraciones reforzaron el llamado a las autoridades para que actúen con celeridad frente a los hechos.
De acuerdo con lo que circula en redes, el hombre que aparece en los videos ha sido identificado como Jorge Castillo, quien presuntamente habría pertenecido a la fuerza pública y actualmente estaría aspirando a un cargo de elección popular en Bogotá.
Además de las amenazas contra el jefe de Estado, han salido a la luz otros videos en los que se le observa junto a varias personas portando palos y objetos que podrían ser utilizados como armas, mientras lanza mensajes intimidantes contra simpatizantes del gobierno.
En uno de esos registros se escucha decir: “Patrullando por las calles de Bogotá, buscando petristas para levantarlos”, frase que incrementó la alarma entre distintos sectores.
La controversia creció cuando un ciudadano, identificado como Juan David, confrontó directamente a Castillo en la vía pública.
En el video del encuentro, el ciudadano le manifestó con calma pero con firmeza: “Yo soy petrista y no es necesario amenazar con darnos palo.
Eso es reproducir la violencia y no es la solución para el país”.
Durante el registro visual, Castillo permanece en silencio, sin responder a los señalamientos.
Posteriormente, el mismo video fue republicado con un audio añadido en el que se escucha una voz diciendo: “Espere, no se vaya, venga que no es para eso”, lo que generó cuestionamientos sobre una posible edición posterior del material.
El propio Juan David reaccionó señalando: “Vuelva a escuchar el video.
Ahí se evidencia que usted no dijo nada.
Metió el audio después”.
La escena fue interpretada por numerosos usuarios como una muestra de contradicción entre el discurso agresivo difundido en redes y la actitud asumida en un enfrentamiento directo y público.
Otras voces también se sumaron a la condena.
La senadora Sandra Ramírez cuestionó públicamente si el partido por el cual Castillo aspira a la Cámara de Representantes respalda “las posturas y conductas reprochables” que se evidencian en los videos.
A su vez, exintegrantes de la fuerza pública y analistas políticos señalaron que este tipo de comportamientos no solo podrían configurar delitos penales, sino que además profundizan la polarización política.
En paralelo, se confirmó la radicación de una denuncia ante la Fiscalía por parte de la exfiscal Angélica Monsalve, quien informó que el caso incluiría presuntos delitos como instigación a delinquir, amenazas colectivas y actos de hostigamiento.
La funcionaria subrayó que las expresiones difundidas no pueden ser tratadas como simples opiniones, sino como conductas que requieren una respuesta institucional contundente.
El Gobierno nacional no ha emitido aún un pronunciamiento extenso, pero el caso ha reavivado el debate sobre los límites del discurso político en redes sociales y la responsabilidad penal frente a mensajes de odio y violencia.
Para distintos sectores, lo ocurrido representa una prueba para el Estado de derecho y para la capacidad de las instituciones de garantizar la seguridad del presidente, su familia y la ciudadanía en general, en un contexto político marcado por la confrontación y la cercanía de procesos electorales clave.
