El levantamiento de órdenes de captura en Medellín permite la participación de 23 líderes de bandas en los diálogos del proceso de paz urbana sin implicar excarcelaciones

Una fuerte polémica se desató en el escenario político colombiano luego de que la Fiscalía anunciara el levantamiento de órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas en Medellín como parte del proceso de paz urbana.

El anuncio desató la indignación de sectores del uribismo, encabezados por el exalcalde Federico Gutiérrez y el exgobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, quienes han salido a cuestionar duramente al Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, acusándolo de “hacerle campaña a estructuras ilegales”.

La controversia alcanzó su punto álgido en un debate televisado en Caracol, donde la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, respondió con firmeza a las críticas, desatando una confrontación que dejó ver las profundas divisiones políticas alrededor del tema de la paz.

La senadora Zuleta, jefa de los diálogos de paz urbana en Antioquia, aclaró que la medida no implica excarcelaciones, sino una seguridad jurídica para quienes ya se encuentran en libertad y están vinculados a los procesos de diálogo.

“El levantamiento de órdenes de captura no implica que se excarcele a nadie”, afirmó la senadora con voz firme durante la entrevista, explicando que la resolución busca garantizar la participación en la fase de irreversibilidad de los diálogos, establecida por la Ley de Paz Total.

Este pronunciamiento expuso la confusión que ha generado el proceso, alimentada por interpretaciones divergentes entre autoridades, políticos y medios de comunicación.

Las declaraciones del gobernador de Antioquia, quien ha anunciado acciones legales para intentar revertir la decisión, encendieron aun más la controversia.

En sus mensajes, el mandatario regional sugirió que la medida podría favorecer indebidamente a personas con historial delictivo, una postura que fue aprovechada por Gutiérrez y otros críticos para reforzar su discurso contra la gestión del Gobierno.

La senadora Zuleta reaccionó con contundencia ante estas acusaciones y acusó a los críticos de desinformación.

“Decir mentiras es atacar la paz”, aseguró, al tiempo que pidió retractaciones formales de los medios que, según ella, han difundido información errónea sobre la resolución.

Durante el debate, la senadora hizo hincapié en que quienes se beneficiarán de la medida ya estaban en libertad porque un juez así lo determinó, tras cumplir sus condenas, y que el levantamiento de órdenes solo facilita la participación en los diálogos.

“Ya ellos están en libertad porque un juez de la República así lo dijo”, explicó, en referencia a las personas reconocidas como voceros dentro del proceso de paz urbana.

Sin embargo, aclaró que la medida no impide que continúen las investigaciones para quienes ya cumplieron su condena, y que nuevas órdenes de captura podrían surgir si se establecen nuevos hechos delictivos.

El exalcalde Gutiérrez, uno de los líderes opositores más visibles en este conflicto, ha señalado que esta decisión podría permitir que individuos con antecedentes delictivos participen en actos públicos o eventos políticos, tergiversando así el propósito del proceso de paz.

Su postura ha encontrado eco en sectores conservadores que ven con recelo cualquier acercamiento que pueda interpretarse como un gesto de indulgencia hacia personas vinculadas a la violencia.

Estas afirmaciones provocaron una respuesta enérgica de Zuleta, quien no dudó en defender la constitucionalidad de las acciones del Gobierno y de la Ley de Paz Total sancionada en 2022.

La senadora también respondió directamente a las afirmaciones del gobernador de Antioquia sobre supuestas alianzas con criminales.

“El señor gobernador está mintiendo”, afirmó, desafiándolo a presentar pruebas ante la justicia si realmente considera que existen vínculos indebidos.

Zuleta advirtió que ella misma interpondrá denuncias y acciones legales contra quienes, a su juicio, han desinformado o atacado el proceso de paz con afirmaciones infundadas.

“Ser aliada de los criminales no es acudir a la Constitución y querer que, a través del diálogo, se desescalen las violencias”, subrayó, defendiendo la legitimidad de abrir espacios de conversación con distintos actores.

La discusión también abordó aspectos técnicos de la Ley 2272 de 2022, la Ley de Paz Total, y su aplicación en los diálogos con grupos armados de alto impacto.

Expertos invitados al debate explicaron que la normativa establece mecanismos para que, en determinadas condiciones, las estructuras del crimen organizado puedan dialogar con el Estado con miras al sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de violencias.

En este contexto, el levantamiento de órdenes de captura se presenta como una herramienta jurídica que facilita esa participación sin que ello signifique impunidad.

“La ley permite negociaciones con grupos organizados para lograr su sometimiento a la justicia”, explicó uno de los expertos, aportando claridad sobre los alcances legales del proceso.

Este cruce de interpretaciones ha generado un intenso debate en la opinión pública, donde proliferan posturas encontradas.

Para algunos, la medida es un avance necesario en un proceso que busca la paz sostenible en territorios golpeados por la violencia; para otros, es una señal de debilidad frente a estructuras que tradicionalmente han generado inseguridad.

La polarización se evidenció en las diversas intervenciones del debate, donde se escucharon argumentos de ambas partes, y donde el papel de los medios de comunicación fue puesto en tela de juicio por su cobertura del tema.

La senadora Zuleta, al cerrar su participación, reiteró la importancia de no amplificar mensajes que, a su juicio, distorsionan la realidad y podrían perjudicar un proceso que pretende reducir las tasas de homicidio y violencia en zonas urbanas.

“No se trata de dar libertad, sino de desescalar las violencias y garantizar el derecho a la paz”, afirmó, reivindicando la Constitución Política y la ley que respalda los diálogos.

Su tono, firme y desafiante, reflejó la intensidad del momento y la determinación del Gobierno de avanzar en un objetivo que, según ella, es fundamental para el país.

Mientras las tensiones persisten, la discusión sobre el levantamiento de órdenes de captura se mantiene como un asunto central en la agenda política colombiana.

Diferentes actores, desde la justicia hasta las autoridades regionales y nacionales, continúan intercambiando posiciones y estrategias, en un escenario donde las implicaciones de cada decisión se sienten no solo en los pasillos del poder, sino en las calles y territorios que esperan transformaciones profundas.

La disputa política, lejos de amainar, promete seguir marcando un debate que toca fibras sensibles sobre el camino hacia la paz, la justicia y la convivencia en Colombia.