El alcalde Galán responsabilizó al presidente Petro por el aumento de la tarifa de TransMilenio, argumentando que el alza del salario mínimo incrementó los costos operativos del sistema.
El sistema de transporte masivo Transmilenio, que ha estado en crisis desde hace más de dos décadas, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia.
Esta vez, el alcalde de Bogotá, Galán, ha decidido culpar al presidente Petro por el reciente aumento en las tarifas del servicio, argumentando que la subida del salario mínimo, que se incrementó en un 23%, es la razón detrás de esta medida.
“Respetamos la decisión del gobierno nacional de aumentar el salario mínimo, pero esto tiene implicaciones que no se pueden ignorar”, afirmó Galán, sugiriendo que el aumento salarial afecta directamente a los costos operativos del sistema de transporte.
Sin embargo, muchos ciudadanos no comparten esta opinión y han expresado su descontento.
“¡Fuera Galán! No vela por los intereses de los pobres”, gritaban algunos manifestantes en las estaciones de Transmilenio, mientras otros se preguntaban: “¿Quién volverá a votar por este misero alcalde que no ha servido para nada?” La indignación es palpable, y las redes sociales se han inundado de críticas hacia la administración actual.
“La corrupción ha sido tan desmedida que ya no se puede tapar”, escribió un usuario, reflejando el sentir de muchos bogotanos que se sienten traicionados por sus líderes.
María Angélica Prada, una activista local, no se quedó callada.
“El aumento del pasaje es en realidad el resultado de un modelo enfocado en los negocios de los dueños de Transmilenio y no en los derechos de los ciudadanos”, declaró.
Ella argumenta que el incremento de 350 pesos en la tarifa no es una decisión técnica, sino política, diseñada para cubrir un déficit que ha existido durante años.
“Los cuatro grupos empresariales que dominan el 85% del negocio son los que realmente se benefician de esta situación”, añadió.
La frustración de los usuarios es comprensible.
“Todos los años el mismo cuento cuando los que administran son los privados”, comentó un pasajero mientras esperaba un bus que nunca llegaba.
La falta de buses y el incumplimiento de horarios han sido problemas recurrentes que han llevado a la población a cuestionar la eficacia del sistema.
“¿Quién mantiene la infraestructura? ¿Quién pone las vías y las mantiene?”, se preguntó otro ciudadano, aludiendo a la falta de inversión en el sistema de transporte.
El alcalde Galán, en su defensa, aseguró que el aumento de tarifas es necesario para asegurar la sostenibilidad del sistema.
“No podemos permitir que el déficit continúe creciendo.
Es una decisión difícil, pero necesaria”, justificó.
Sin embargo, muchos no están convencidos.
“El transporte público debe estar en manos del distrito en un 100%.
¡Nosotros somos los dueños de la infraestructura!”, exclamó un grupo de jóvenes que se manifestaron en las calles.
Mientras tanto, la administración de Galán se enfrenta a una creciente presión.
La Superintendencia de Transporte ha abierto una investigación sobre el aumento de tarifas, lo que podría tener consecuencias significativas para el alcalde y su equipo.
“El salario mínimo es solo una variable.
La tarifa sube por la inflación, no solo por el aumento en el salario”, argumentó un analista, sugiriendo que el alcalde está utilizando al presidente Petro como chivo expiatorio.
En medio de esta crisis, la comunidad se ha unido para exigir cambios.
“Transporte público gratis para Bogotá como en todas partes del mundo”, es un lema que ha resonado en las manifestaciones.
La voz del pueblo es clara: están cansados de las promesas incumplidas y de un sistema que parece beneficiar únicamente a unos pocos.
La situación de Transmilenio es un reflejo de los problemas más profundos que enfrenta la ciudad.
La corrupción, la falta de transparencia y la ineficiencia en la gestión son solo algunas de las críticas que se han hecho eco entre los ciudadanos.
“Galán, tu padre debe llorar sin consuelo al ver que oprimes al pueblo”, comentó un usuario en las redes sociales, recordando la reputación de su padre, un político que alguna vez fue visto como un defensor del pueblo.
A medida que la crisis de Transmilenio se intensifica, la pregunta sigue siendo: ¿quién realmente se beneficia de este sistema? Mientras los ciudadanos luchan por sus derechos, el futuro del transporte público en Bogotá pende de un hilo.
La esperanza es que, a través de la presión popular, se logre un cambio significativo que priorice el bienestar de todos los bogotanos, no solo de unos pocos privilegiados.
