La reforma agraria en Colombia enfrenta ataques constantes de la derecha, especialmente de la senadora Paloma Valencia, quien ha orquestado una serie de sabotajes legales contra Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

La reforma agraria en Colombia está bajo ataque.

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se enfrenta a una feroz oposición por parte de sectores de la derecha colombiana, liderados por figuras como la senadora Paloma Valencia, quien ha lanzado una serie de ataques judiciales contra él para frenar la distribución de tierras a campesinos y comunidades indígenas.

El conflicto se centra en una de las luchas más profundas de Colombia: ¿quién controla la tierra? Mientras el gobierno de Gustavo Petro intenta devolver la tierra a quienes más la necesitan, la oligarquía terrateniente no está dispuesta a ceder.

“Nos están amenazando de muerte”, denunció Harman en una entrevista reciente, mientras explicaba las amenazas que ha recibido por parte de actores poderosos que buscan mantener el status quo.

En su intervención, también destacó el caso de Federico Almanza, quien se apoderó de terrenos que originalmente pertenecían al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y que han sido utilizados por la elite terrateniente para aumentar su poder en el campo colombiano.

En noviembre del año pasado, durante una visita de inspección a Rancho Hermosillo, Harman se encontró con Almanza, quien aprovechó ilegalmente esas tierras para su beneficio personal.

Harman destacó: “La oligarquía colombiana está en pánico porque estamos devolviendo tierras a los campesinos”.

El ataque contra la reforma agraria no solo se limita a amenazas físicas, sino también a un sinfín de tácticas legales.

Paloma Valencia, una de las principales figuras del uribismo, ha utilizado su influencia para inundar la ANT con tutelas y derechos de petición, con el fin de paralizar la entrega de tierras a los más necesitados.

“Este tipo de estrategia es pura mentira”, aseguró Harman, refiriéndose a las acusaciones que alegan irregularidades en la adquisición de terrenos para indígenas en Dagua, Valle del Cauca.

“Lo que está pasando en Dagua es un proceso legal completamente transparente, donde un propietario privado decidió ofrecer su tierra al Estado para resolver un conflicto histórico”, explicó Harman.

Sin embargo, la resistencia de la extrema derecha se encuentra con la difícil realidad de los campesinos y pueblos indígenas que durante décadas han sido despojados de sus tierras.

El despojo masivo de terrenos del Estado por parte de grandes terratenientes ha sido un problema crónico en Colombia.

El caso más emblemático es el de El Laguito I, una propiedad que le pertenecía al Estado y que fue ilegalmente ocupada por la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A pesar de las investigaciones y las denuncias de apropiación ilegal, la elite política sigue defendiendo sus intereses.

La situación no es nueva.

“La tierra en Colombia siempre ha estado en manos de unos pocos”, dijo Harman, quien ha hecho de la restitución de tierras a los campesinos uno de los pilares de su gestión en la ANT.

En una entrevista reciente, el director de la ANT detalló cómo su trabajo ha sido constantemente saboteado por aquellos que se benefician de la acumulación de tierras, muchas veces en complicidad con la justicia colombiana.

“Nos están atacando porque le estamos devolviendo la tierra al pueblo”, explicó, mientras señalaba que uno de los principales problemas de Colombia sigue siendo quién controla los baldíos y qué se hace con ellos.

En este contexto, la batalla por la tierra se ha intensificado.

“El proyecto de la reforma agraria es una cuestión de vida o muerte para el campesinado”, dijo Harman, refiriéndose al contexto de las amenazas y los ataques que ha sufrido por parte de actores que ven en la restitución de tierras una amenaza directa a sus intereses.

“No podemos permitir que esta lucha se frene”, afirmó, destacando la importancia de seguir avanzando en la entrega de tierras a los campesinos que han sido históricamente despojados.

El caso de Necoclí, en el Urabá antioqueño, es otro ejemplo de cómo los terratenientes han bloqueado el desarrollo de las comunidades.

En este municipio, la recuperación de tierras en manos de grandes terratenientes ha sido un desafío constante.

“La tierra que se encuentra en el corazón de Necoclí ha estado acaparada por un latifundio improductivo durante décadas”, explicó Harman.

La recuperación de estas tierras es vista como una oportunidad para el desarrollo de la región y para la reparación de víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, la falta de voluntad política para garantizar la entrega de tierras sigue siendo un obstáculo.

“La reforma agraria está siendo saboteada desde las altas esferas del poder político y judicial”, denunció Harman, mientras señalaba que los terratenientes temen que los campesinos, una vez empoderados con títulos de propiedad, ya no dependan de su poder.

El director de la ANT insistió en que esta lucha es más que una cuestión de justicia social; es una batalla por el futuro del campo colombiano.

La intervención de la senadora Paloma Valencia y sus intentos de deslegitimar la reforma agraria no son casuales.

“Es una lucha de clases, es la oligarquía luchando por sus intereses”, afirmó Harman, mientras resaltaba la importancia de seguir luchando por la restitución de tierras, a pesar de las amenazas y los obstáculos.

“El pueblo colombiano debe saber quiénes son los verdaderos acaparadores de tierras”, concluyó, haciendo un llamado a la unidad y la acción colectiva para asegurar que la reforma agraria sea una realidad para los campesinos y las comunidades históricamente despojadas de su territorio.