Cielo Beangi López Cortés, una joven estudiante de estomatología de 26 años, fue hallada sin vida con huellas de estrangulamiento en un departamento de la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco

El trágico fin de Cielo Beangi López Cortés ha vuelto a poner bajo la lupa la profunda crisis de impunidad y las fallas estructurales que arrastran las autoridades judiciales en la capital mexicana.

Con apenas 26 años, Cielo albergaba el firme propósito de culminar sus estudios de licenciatura en estomatología dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, para convertirse en una odontóloga profesional.

Sus familiares y compañeros de aula la recuerdan como una joven profundamente alegre, un pilar fundamental dentro de su núcleo familiar que compartía constantemente su vitalidad en redes sociales, donde atesoraba memorias de viajes, reuniones con sus hermanos y metas cumplidas, como un reciente salto en paracaídas que simbolizaba su amor por la vida.

Sin embargo, todo ese futuro prometedor se extinguió abruptamente la tarde del pasado 22 de mayo dentro de un departamento ubicado en la calle Sur 153, en la colonia Ramos Millán de la alcaldía Iztacalco, donde compartía vivienda con su pareja sentimental.

La relación entre Cielo y Hugo Iván Laredo Gómez, que se extendía ya por cuatro años, estaba profundamente marcada por un historial sistemático de violencia doméstica, agresiones físicas, celos patológicos y amenazas constantes que mantenían a la joven bajo un yugo de intimidación psicológica.

Aquella fatídica tarde, una nueva discusión escaló con extrema violencia física hasta convertirse en una tragedia irreversible.

En un intento desesperado por evadir su responsabilidad y desviar la atención de la justicia, el propio Hugo Iván se comunicó vía telefónica con su suegra, la señora Carla Melisa López, asegurando falsamente que la joven se había alterado demasiado y que se encontraba sumamente violenta.

Angustiada por el tono del mensaje, la madre de Cielo se trasladó de inmediato hacia el inmueble, donde al ingresar se topó con una escena desgarradora: su hija yacía completamente inconsciente y desvanecida sobre el suelo de la vivienda.

A pesar de la rápida solicitud de auxilio a las corporaciones policiales y a los paramédicos de los servicios de emergencia, el personal médico que arribó al lugar confirmó de manera unánime que la estudiante ya no contaba con signos vitales.

Los peritajes iniciales en la escena revelaron de forma contundente múltiples lesiones contusas en el rostro, hematomas en diversas partes del cuerpo y marcas nítidas de estrangulamiento mecánico, lo que descartaba cualquier hipótesis de muerte natural.

Ante las evidencias flagrantes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana procedieron al arresto inmediato de Hugo Iván Laredo Gómez, trasladándolo de forma directa a los ministerios públicos correspondientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el inicio de las indagatorias bajo el protocolo de feminicidio.

Sin embargo, el clamor de justicia de una familia destrozada se topó de frente con una cadena de errores procesales y negligencias inexplicables por parte de los funcionarios de alto nivel encargados de los delitos de género.

Apenas dos días después de la captura, concretamente el domingo, el Ministerio Público determinó la liberación inmediata del principal sospechoso bajo el endeble argumento jurídico de que no se había acreditado debidamente la flagrancia en el momento de la detención.

Esta polémica decisión provocó una profunda indignación social, señalándose directamente como responsables institucionales a la titular de la Fiscalía de Feminicidios, Brenda Bazán, y al director de fiscalías de género, Noé Godínez.

Para agravar la indignación de los allegados de la víctima, las versiones iniciales emanadas desde los pasillos judiciales intentaron revictimizar a Cielo, sugiriendo de manera infundada que la joven se había quitado la vida por mano propia bajo los efectos del consumo de sustancias.

Una vez que los peritajes forenses definitivos y la presión social evidenciaron el colosal error de haber dejado libre a un presunto feminicida, la Fiscalía capitalina intentó rectificar con urgencia mediante una orden de recaptura.

La noche del lunes 25, elementos policiales desplegaron un operativo para catear un domicilio ubicado en la colonia El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa, donde presuntamente se resguardaba el imputado.

A pesar de que el inmueble se encontraba bajo una supuesta custodia técnica coordinada por el propio Noé Godínez para evitar fugas, el dispositivo policial llegó demasiado tarde.

Al irrumpir en la propiedad, los agentes confirmaron que el sospechoso ya se había evadido con rumbo desconocido, aprovechando los días de ventaja que la propia institución judicial le había otorgado.

Fuentes cercanas a las investigaciones locales revelaron que Hugo Iván Laredo Gómez, conocido bajo los alias de “El Costón” o “El TNR”, proviene de un entorno familiar sumamente complejo, vinculado históricamente a actividades de extorsión, cobro de piso y préstamos bajo la modalidad ilegal del “gota a gota”.

El prófugo es identificado por comerciantes de la zona como un integrante activo de una banda delictiva denominada “Los Laredo”, la cual opera principalmente en las inmediaciones del tianguis de Apatlaco y que presuntamente se encuentra liderada por sus tíos, dos sujetos apodados “El Memo” y Rubén Laredo, alias “El Willy”.

Este trasfondo delictivo incrementa los temores de la familia de la víctima, quienes denuncian la alarmante red de complicidades que facilita el ocultamiento del agresor.

Mientras el presunto feminicida permanece evadido de la acción de la justicia, la comunidad universitaria y los deudos de Cielo han transformado el dolor en protesta.

En las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, sus compañeros instalaron una ofrenda permanente con veladoras, flores blancas, cartas personales y una enorme manta con su fotografía para exigir la renuncia de los funcionarios negligentes y la captura inmediata del culpable.

Tras un doloroso velatorio realizado en una agencia funeraria de Ixtacalco, los restos de la joven estudiante fueron trasladados hacia su última morada en un panteón del estado de Hidalgo, donde fue despedida entre lágrimas, consignas de justicia y la profunda impotencia de una sociedad civil que atestigua cómo la burocracia y la ineficacia institucional terminan por amparar a los agresores de mujeres.