Ingrid Betancourt presentó una acción de cumplimiento para que se investigue al presidente Gustavo Petro por la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña de 2022.
La exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt, líder del partido Oxígeno Verde, radicó junto a otros aspirantes al Senado una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objetivo de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tramite un proceso contra el presidente Gustavo Petro, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral relacionada con la campaña presidencial de 2022.
La solicitud plantea que la Comisión avance en el procedimiento contemplado en la Constitución frente a la presunta vulneración de topes electorales.
Según los firmantes, el 5 de diciembre enviaron un derecho de petición y no han recibido respuesta oficial.
En el documento piden que “se ordene a la autoridad demandada tramitar de manera inmediata el procedimiento de investigación y juicio por indignidad política objetiva, conforme a la Constitución y la ley”.
El debate jurídico gira en torno al alcance de la decisión del Consejo Nacional Electoral.
Mientras desde sectores cercanos al Gobierno se sostiene que se trata de un acto administrativo con efectos principalmente económicos y no de una determinación que implique de manera automática la pérdida del cargo presidencial, desde la oposición se insiste en que la Comisión de Acusación debe estudiar el caso.
El procedimiento, de prosperar, implicaría una investigación en la Cámara y eventualmente una acusación ante el Senado, instancia facultada para adoptar decisiones de fondo.
En medio de la controversia, el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió al centro del debate público.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación preliminar contra uno de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que participó en la sentencia de segunda instancia que absolvió a Uribe.
La indagación busca establecer si existió un eventual impedimento no declarado al momento de intervenir en el proceso.
El caso contra el exmandatario, que actualmente se encuentra en etapa de casación ante la Corte Suprema de Justicia, ha sido uno de los más relevantes en la historia judicial reciente del país.
En segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Uribe, decisión que contó con salvamento de voto de una magistrada que consideró que debía mantenerse la condena.
Ahora, la revisión disciplinaria se centra en determinar si hubo irregularidades en la actuación de uno de los togados.
La coyuntura política también se vio marcada por declaraciones del propio Uribe durante un evento en el Huila, donde utilizó una metáfora para referirse a su partido y a la senadora Paloma Valencia.
En su intervención afirmó: “Este es el burrito de uribestias, el burrito que trabaja todo el día… Así es el Centro Democrático. Paloma trabaja todo el día por Colombia”.
Las palabras generaron diversas reacciones en redes sociales y en sectores políticos, tanto de apoyo como de crítica.
En paralelo, el exsenador Gustavo Bolívar pidió públicamente a Valencia retirar la demanda presentada contra la reforma pensional del Gobierno.
“Estamos hablando de la suerte de 3.100.000 viejitos y viejitas en extrema pobreza”, expresó, al referirse al componente de la reforma que contempla una transferencia mensual para adultos mayores sin pensión.
Según Bolívar, la iniciativa permitiría que reciban 230.000 pesos mensuales como apoyo estatal permanente.
La reforma pensional será objeto de revisión en la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad.
Desde el oficialismo se ha defendido la medida como un mecanismo para reducir la pobreza en la tercera edad, mientras sectores opositores cuestionan su viabilidad fiscal y algunos aspectos de su trámite legislativo.
El ambiente político se desarrolla en un contexto preelectoral, con campañas al Congreso en marcha y fuertes confrontaciones discursivas entre oficialismo y oposición.
Las acciones judiciales, los procesos disciplinarios y los debates sobre reformas estructurales han intensificado la polarización.
En este escenario, la solicitud presentada por Betancourt abre un nuevo frente institucional que dependerá de las decisiones que adopte la Comisión de Investigación y Acusación.
Al mismo tiempo, la investigación disciplinaria contra el magistrado que participó en la absolución de Uribe añade un elemento adicional a la discusión sobre la independencia judicial y la transparencia en los procesos de alto impacto.
La combinación de acciones legales, controversias públicas y decisiones pendientes en las altas cortes perfila semanas decisivas para el panorama político colombiano, con efectos que podrían incidir tanto en la agenda legislativa como en el equilibrio entre poderes.
