Un proceso en la Corte Federal de Tampa vincula al abogado Daniel Peñarredonda Gómez, exsocio de Abelardo de la Espriella, como presunto coconspirador no acusado en un caso de fraude y lavado de dinero liderado por el exinformante Jorge Luis Hernández alias “Boliche”

El nombre de Abelardo de la Espriella volvió al centro del debate público luego de que una investigación en Estados Unidos vinculara a uno de sus antiguos socios, el abogado Daniel Peñarredonda Gómez, con un proceso penal en la Corte Federal de Tampa, Florida, relacionado con fraude y lavado de dinero.

El caso gira en torno a Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, un exinformante de la DEA y el FBI que ahora enfrenta cargos por presuntamente haber engañado a personas involucradas en delitos transnacionales con promesas falsas de beneficios judiciales.

De acuerdo con los documentos judiciales, Hernández habría recibido pagos millonarios a cambio de supuestas gestiones para reducir condenas, utilizando intermediarios en Colombia y República Dominicana.

En ese contexto, aparece la figura de un “coconspirador no acusado”, descrito como un abogado colombiano vinculado a una firma legal reconocida en procesos de extradición.

Dos fuentes cercanas al caso identificaron a ese profesional como Peñarredonda Gómez, quien en su momento fue socio de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise y colaborador cercano del ahora candidato presidencial.

El expediente señala que uno de los afectados habría entregado cerca de 300.000 dólares en efectivo, vehículos y joyas, confiando en las promesas de reducción de condena.

Sin embargo, los beneficios nunca se concretaron.

El fiscal asistente del caso, Daniel Baeza, afirmó que Hernández tenía “un historial probado de abuso de confianza para enriquecerse mediante el fraude”.

Además, el agente del FBI encargado del caso detalló que existen registros de comunicaciones, grabaciones y transferencias financieras que evidenciarían el funcionamiento del esquema.

Durante una audiencia, la investigadora María Guzmán confirmó que Hernández trabajaba con un abogado colombiano en estas operaciones.

“Sí”, respondió cuando se le preguntó directamente si existía esa colaboración.

La defensa de Hernández, por su parte, sostiene que su cliente es inocente y que las actividades realizadas no excedían funciones legales permitidas, insistiendo en que las acusaciones aún deben ser probadas en juicio.

Ni Peñarredonda ni Abelardo de la Espriella respondieron a los cuestionarios enviados por periodistas sobre su posible conocimiento de los hechos o cualquier beneficio derivado de las operaciones investigadas.

En registros oficiales, Peñarredonda figuraba como accionista minoritario con un 3% de participación en la firma, mientras De la Espriella mantenía el control mayoritario.

El caso también conecta con antecedentes previos de Hernández, quien pasó de ser un actor dentro del narcotráfico a colaborador clave de agencias estadounidenses, participando en múltiples operaciones que resultaron en incautaciones y capturas.

Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por controversias, incluyendo acusaciones de manipulación de información y cobros indebidos a cambio de promesas judiciales.

En una de las declaraciones incluidas en el expediente, Hernández llegó a afirmar: “Tengo mucho dinero y puedo hacerlos desaparecer”, frase que fue presentada por la fiscalía como indicio de presión hacia testigos.

Al mismo tiempo, varios testigos que ahora colaboran con las autoridades aseguran haber sido víctimas de engaños en medio de procesos de extradición.

A pesar de la gravedad del caso, los documentos judiciales no establecen hasta el momento una participación directa de Abelardo de la Espriella en los hechos investigados.

Su campaña política ha defendido una línea de cooperación internacional contra el crimen organizado, lo que aumenta la presión pública ante la aparición de estos señalamientos en su entorno cercano.

El proceso continúa en la justicia federal de Estados Unidos, mientras nuevas audiencias podrían definir si los elementos recopilados son suficientes para avanzar hacia imputaciones formales contra otros posibles involucrados.

Entretanto, el caso sigue generando impacto tanto en el ámbito judicial como en el escenario político colombiano, donde la figura de De la Espriella permanece bajo escrutinio público.