Una jueza de Neiva ordenó retirar una investigación periodística que involucraba al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, al considerar que vulneraba derechos a la intimidad, honra y buen nombre.
La controversia sacude a la rama judicial colombiana tras la decisión de una jueza de Neiva de ordenar el retiro de una investigación periodística que involucraba al entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar.
El caso ha abierto un intenso debate sobre los límites entre la protección de derechos fundamentales y la libertad de prensa.
La investigación, publicada por el medio digital Casa Macondo y elaborada por los periodistas Juan Pablo Barrientos y José Castaño, fue retirada de sus plataformas digitales en cumplimiento de una sentencia de segunda instancia proferida el 6 de noviembre de 2026 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Neiva.
En su decisión, la jueza Catalina María Manrique Calderón amparó los derechos a la intimidad, honra y buen nombre del magistrado y de terceros mencionados en el reportaje.
El texto periodístico abordaba declaraciones atribuidas a Ibáñez relacionadas con la madre de su primogénito.
Según explicó el propio medio, “pese a que las declaraciones del entonces presidente de la Corte Constitucional fueron voluntarias, espontáneas y reiteradas en el contexto de una entrevista periodística”, la jueza consideró que su publicación vulneraba derechos fundamentales.
Casa Macondo informó públicamente que acataba la orden judicial, pero manifestó su desacuerdo con el fallo.
“Casa Macondo acata la orden impuesta, pero deja constancia de su rechazo ante lo que considera un precedente de censura que utiliza el aparato judicial para proteger a los más poderosos”, señaló el medio en un comunicado.
Juan Pablo Barrientos explicó que el proceso escaló luego de que el magistrado solicitara una rectificación.
“Nos negamos a hacerla porque entendíamos que no habíamos omitido, no habíamos mentido, no habíamos sido inexactos; lo dicho se correspondía con la verdad y con el sustento que teníamos en pruebas documentales y testimoniales”, afirmó el periodista en una transmisión posterior al fallo.
En el centro de la controversia también se encuentra una sentencia anterior del propio Ibáñez, la T-454 de 2022, en la que el magistrado defendió con énfasis la libertad de información.
En ese fallo se lee: “Las valoraciones de las autoridades judiciales no pueden traducirse en un control sobre el método de hacer periodismo o de corrección a formas que no se comparten o pueden resultar incómodas, sino que requiere de un análisis juicioso sobre la verificación de las cargas de veracidad, imparcialidad y equilibrio periodístico”.
Barrientos subrayó lo que considera una contradicción entre esa postura y la acción judicial promovida por el magistrado en su caso.
“En 2022 protegió a una periodista y defendió la libertad de prensa; hoy pide que se censure una investigación”, sostuvo.
El debate se amplió cuando distintas altas cortes y organismos de la rama judicial emitieron un comunicado conjunto en el que hicieron un llamado al respeto de las decisiones judiciales.
Frente a ello, Barrientos respondió: “Aquí no se está irrespetando una decisión judicial. Ya la acatamos. Pero tenemos todo el derecho a criticar una decisión que nos parece errónea”.
El caso también se produce en un momento de alta sensibilidad política y jurídica.
Ibáñez había sido ponente en el estudio de la reforma pensional impulsada por el Gobierno y recientemente se declaró impedido para continuar con la ponencia, lo que implica la designación de un nuevo magistrado y un eventual aplazamiento en la decisión sobre la constitucionalidad de la norma.
En paralelo, Barrientos recordó otro episodio que, según él, evidencia problemas estructurales de transparencia en la rama judicial.
Señaló que tras solicitar a magistrados de la Corte Suprema sus declaraciones de renta, bienes y conflictos de interés —información que considera de carácter público según la Ley 2013 de 2019— recibió una negativa inicial.
Posteriormente, la Corte Constitucional ordenó la entrega de esos documentos.
“Si fallan en lo mínimo y se niegan a entregar lo mínimo, ¿qué podemos esperar?”, cuestionó.
Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y otras entidades anunciaron respaldo a los periodistas y acompañamiento en eventuales recursos ante la Corte Constitucional.
El caso podría llegar a revisión por parte de ese alto tribunal si es seleccionado en sala correspondiente.
Mientras tanto, el texto investigativo permanece retirado de las plataformas digitales por orden judicial.
Casa Macondo anunció que solicitará formalmente la revisión del expediente ante la Corte Constitucional y que acudirá, de ser necesario, a instancias internacionales.
La controversia deja abierta una discusión de fondo sobre el equilibrio entre el derecho a la intimidad y la libertad de prensa, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto nivel.
El desenlace dependerá de las próximas decisiones judiciales y del eventual pronunciamiento del máximo tribunal constitucional del país.
