Paloma Valencia criticó la política de Paz Total del Gobierno señalando que ha favorecido la expansión de grupos armados ilegales y ha impactado los resultados electorales del Pacto Histórico en zonas de alto riesgo

En un acto cargado de emoción y con tono crítico, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que la implementación de la política de Paz Total del Gobierno ha fortalecido a los grupos armados ilegales y ha influido de manera directa en los resultados electorales del Pacto Histórico en regiones consideradas de alto riesgo, generando un debate profundo sobre la legitimidad del proceso democrático en Colombia.

Durante su recorrido por Valledupar, Valencia señaló que, según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), el 52 % de la votación obtenida por la coalición oficialista provino de territorios con presencia significativa de actores ilegales, lo que, en su opinión, podría reflejar presiones o dinámicas ajenas a la voluntad libre de los votantes.

“¿Están aquí volviendo a usar la combinación de las formas de lucha, ganando elecciones a punta de amenazas contra los compatriotas?”, afirmó con firmeza ante medios locales, acusando al Gobierno de permitir que los grupos armados se expandan y utilicen mecanismos de negociación para consolidar su control territorial.

Valencia no escatimó críticas a la política de Paz Total, promovida por el presidente, argumentando que con ella se ha facilitado la siembra de cultivos ilícitos y el libre tránsito de los grupos ilegales.

“Los grupos ilegales nos están ganando porque están llenos de plata”, declaró, responsabilizando al Ejecutivo de permitir que estas organizaciones se fortalezcan en zonas rurales estratégicas mientras la violencia persiste.

La polémica se intensificó cuando la candidata vinculó las cifras electorales con la estrategia de seguridad estatal, cuestionando la legitimidad de los votos en municipios donde operan grupos armados.

Valencia explicó que el Gobierno, al permitir que estos grupos participen indirectamente en procesos de negociación, ha debilitado la presencia institucional y ha propiciado un crecimiento paralelo de cultivos ilícitos y ocupación territorial por parte de actores ilegales.

Su postura fue respaldada por declaraciones claras: “El 52 % de los votos del Pacto Histórico salieron de donde hay zonas rojas, que la propia MOE señaló como de riesgo electoral”.

En medio de su discurso, Valencia también presentó su visión de seguridad y combate al narcotráfico, proponiendo una política antidrogas “clara y dura”, enfocada en capturar extorsionistas, recoger estupefacientes de las calles y militarizar vías estratégicas para recuperar la tranquilidad en las regiones más afectadas.

“Vamos a arrancar capturando a los extorsionistas, a recoger toda la droga de las calles y a militarizar las vías”, enfatizó, señalando la necesidad de tomar medidas más estrictas frente a la delincuencia.

A lo largo de su intervención, la aspirante denunció que la administración actual ha permitido a los grupos armados utilizar las mesas de negociación para expandir su control del país, lo que, en su opinión, ha tenido consecuencias directas en las dinámicas electorales y en la percepción de seguridad ciudadana.

Esta acusación se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la influencia de actores ilegales en ciertos territorios y por el impacto de esas dinámicas en la legitimidad de los procesos democráticos.

Las declaraciones de Valencia han provocado reacciones encontradas en el espectro político y mediático colombiano.

Mientras sus seguidores aplauden su postura dura contra la inseguridad y la Paz Total, críticos argumentan que sus acusaciones podrían alimentar la polarización y desconfianza en las instituciones.

La candidata, consciente de ello, defendió su postura insistiendo en que Colombia “no puede seguir conviviendo con el miedo” y urgió a que se revisen las políticas de seguridad y paz implementadas por el gobierno actual.

El debate sobre la legitimidad de los votos en zonas de riesgo electoral y el impacto de la política de Paz Total ha puesto en el centro del discurso público cuestiones fundamentales sobre la seguridad, la democracia y la influencia de los grupos armados en la vida política del país.

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, estas discusiones cobran mayor relevancia, ya que no solo afectan las estrategias de campaña, sino también la confianza de los ciudadanos en los mecanismos electorales y en la capacidad del Estado para garantizar procesos libres y justos.

Con esta ofensiva discursiva, Valencia busca consolidar su posición como candidata capaz de enfrentar los retos de seguridad y restituir la confianza de los colombianos en las instituciones, presentándose como una alternativa firme frente a las políticas actuales y planteando una visión de país donde la seguridad y el respeto por la voluntad popular sean pilares fundamentales de un nuevo gobierno.